A partir de este miércoles, el Tribunal Oral en lo Federal N°8 está en condiciones de resolver si cierra la causa Memorándum con Irán o envía ese caso paradigmático de persecución a juicio oral.
Los jueces María Gabriela López Iñíguez, José Michilini y Daniel Obligado deben expedirse en los próximos días sobre dos cuestiones:
- Si hacen lugar a los planteos de nulidad que presentaron las defensas, luego de que El Destape revelara las visitas de los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos al entonces presidente Mauricio Macri, en momentos clave para el expediente. Las defensas sostienen que esos dos camaristas que reabrieron la causa el 29 de diciembre de 2016 no fueron imparciales ni independientes y que debe declararse nula la causa y sobreseerse a todos los acusados. Previo a la intervención de estos dos camaristas, el caso que se abrió con la denuncia del difunto fiscal Alberto Nisman había sido desestimado en primera y segunda instancia por “inexistencia de delito”.
- También deben abordar los planteos de “excepción de falta de acción por inexistencia de delito”, que se sumaron la última semana y por los que este miércoles debieron exponer el fiscal Marcelo Colombo y las querellas.
Si el tribunal hiciera lugar a alguno de los dos planteos que impulsaron las defensas y se desarrollaron a lo largo de sucesivas audiencias que comenzaron en julio pasado, la causa se caerá. Si el tribunal rechaza ambos, el expediente irá a juicio, tal como reclamaron los acusadores público y privado, una vez más, este miércoles.
Lo que defina el tribunal se descuenta que será apelado y escalará a la sala I de la Cámara Federal de Casación Penal.
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La causa Memorándum con Irán es un caso emblemático de Lawfare que tiene entre sus acusados a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner; al Procurador del Tesoro, Carlos Zannini; al senador Oscar Parrilli; al viceministro de Justicia de la Nación, Juan Martín Mena; y al ministro de Desarrollo Social bonaerense, Andrés “Cuervo” Larroque, entre otros. Y en cuyo marco falleció el excanciller Héctor Timerman.
La denuncia de Nisman sostenía que la firma del Memorándum con Irán tenía por objetivo hacer caer las alertas rojas que pesaban sobre los acusados iraníes de perpetrar el atentado contra la AMIA. El Memorándum nunca entró en vigencia y las alertas rojas nunca cayeron. Por eso la denuncia fue desestimada en dos instancias hasta que llegó a manos de Hornos y Borinsky. Tal como publicó este medio, este último visitó a Macri seis días antes de firmar la reapertura de la causa. Al revivir el caso , Hornos y Borinsky corrieron a los jueces que habían intervenido y sirvieron la causa en bandeja a Claudio Bonadío, que había impulsado una causa melliza por Traición a la Patria. Bonadío luego acaparó también la denuncia de Nisman.
Cruces entre las defensas y los acusadores
Los acusadores rechazaron este miércoles ante el TOF 8 el pedido de las defensas de hacer caer la causa por inexistencia de delito. Luego, tras un cuarto intermedio, las defensas expusieron sus últimas palabras y le respondieron al fiscal Colombo y a la querella.
El primero en exponer en la audiencia de este miércoles fue el acusador público, el fiscal Marcelo Colombo. El fiscal insistió en que el Ministerio Público no puede en esta instancia determinar si existió delito porque, dijo, esa evaluación debe tomarse de lo que surja del debate oral. Es prematuro, consideró.
No obstante, se adentró en la prueba nueva que presentaron las defensas (se trata de un informe de Interpol). Buscó deslegitimarla porque allí radica un elemento clave que puede hacer caer el caso. “Existen algunas circunstancias que fueron señaladas como novedosas, a partir de las cuales se pretende señalar que es una prueba contundente y que por ende es innecesaria la realización del debate”, dijo el fiscal, quien acto seguido señaló: “No es prueba novedosa” porque, sostuvo, esa información ya había sido aportada por Interpol, algo que luego desmintieron las defensas.
Colombo también hizo una comparación con la causa de Dólar Futuro, que se cerró por inexistencia de delito tras la presentación de una prueba nueva. “En aquel caso la instrucción suplementaria trajo como una novedad absoluta un estudio pericial que decía que la maniobra no había ocasionado un perjuicio económico para el Estado, uno de los puntos que configuran la administración fraudulenta”. “Eso no ocurrió aquí así que vamos a solicitar el rechazo de las nuevas incidencias de la excepción de falta de acción”, señaló el fiscal.
Para las defensas existe un paralelismo entre aquella causa y la de Memorándum. Se trata de dos causas de Lawfare.
Tras Colombo expuso el abogado Tomás Farini Duggan, quien representa a una de las querellas de este caso, que son dos familiares de víctimas del atentado. Las querellas no se habían presentado en ninguna de las audiencias orales anteriores. De hecho, la DAIA, que es el otro querellante, nunca se presentó. Pero fue tan relevante fue la audiencia de este miércoles que Farini Duggan decidió decir presente y tomar la palabra.
Como era de esperar, el abogado cuestionó la realización de la audiencia y luego pidió que se rechacen los planteos de las defensas. Al igual que Colombo atacó la prueba nueva. Y, contra toda lógica, dijo que el Memorándum había entrado en vigencia: “Si fuera verdad que el tratado no entró en vigencia no habría banners impuestos a las alertas rojas”, esgrimió. Esto fue demolido por Juan Martín Mena minutos después.
Farini Duggan aseguró que “no se pueden reeditar los planteos de falta de acción” y solicitó que el tribunal “fije fecha para el juicio oral y público”. También sostuvo que si se hace lugar acudirán a la Casación y a la Corte Suprema.
El tercer actor que intervino en la audiencia fue el Llamamiento Judío, que fue aceptado como Amicus Curiae. Tras un cuarto intermedio, el tribunal otorgó a las defensas un breve tiempo para que expusieran sus últimas palabras. Fue entonces que se produjeron las respuestas a los planteos de los acusadores.
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Al iniciar la ronda de últimas palabras, el letrado Mariano Fragueiro Frías (abogado de Carlos Zannini) cruzó al fiscal Colombo: “Me pareció que el fiscal habló que todo debería volver a empezar (si se declara la nulidad). De ser así, habla de una triple persecución”. La referencia fue porque Colombo consideró que si se declara la nulidad de lo actuado por Hornos y Borinsky, la causa debiera volver al punto en que ellos intervinieron, es decir, la Casación Penal. “Estaría encaminado al fracaso cualquier intento de que esto vuelva a investigarse. Si vuelve a etapas precluidas se estará afectando nuevamente la garantía del juez natural”, consideró Fragueiro Frías.
El abogado de Zannini también defendió la prueba nueva y rebatió los argumentos esgrimidos por el fiscal Colombo. Sostuvo que el informe de Interpol en el que queda claro que únicamente un juez puede dar de baja las alertas rojas es prueba nueva porque hay elementos nuevos. “Es novedoso y es una evidencia que aclara la situación”, afirmó. “Esta omisión (del fiscal) que tiene similitudes con la de las visitas”, consideró y recordó que Colombo había omitido mencionar una visita clave de Hornos y Borinsky cuando hizo una línea de tiempo con los encuentros de los camaristas con el entonces Presidente. “Cómo no va a ser prueba nueva, es la evidencia de que acá no hubo nada. No hay delito”, planteó Fragueiro Frías.
Luego expusieron Lucila Larrandart y Eduardo Barcesat. Larrandart, abogada de Larroque, habló de “la probada relación de dos de los jueces que nada más ni nada menos rechazaron su propia recusación y reabrieron la causa”. También mencionó las presiones del gobierno de Macri a la jueza Ana Figueroa en la causa Memorándum, presión que fue relatada en la causa de la Mesa Judicial por la misma camarista que integra la Cámara Federal de Casación. Pidió que esos dos elementos sean tenidos en cuenta por el tribunal. La abogada de Larroque fue clara respecto a lo que se pretende: “Se trata de examinar la validez de la causa para no abrir un debate con un final anunciado. Además, cualquier proceso penal se refiere a la comisión de un delito y tenemos en la historia de esta causa un pronunciamiento firme entre enero y mayo de 2015 acerca de que esto no era delito. No es una cuestión sorpresiva que planteamos ahora”, dijo sobre las resoluciones de Daniel Rafecas que fue confirmada por la Cámara Federal porteña, en la que desechó la denuncia de Nisman.
Quien también tomó la palabra en esta última audiencia fue el viceministro de Justicia, Juan Martin Mena. Hizo cuatro consideraciones:
- La primera fue sobre “la prueba nueva que el fiscal no trató”. “No se tuvieron en consideración las comunicaciones de Timerman a Interpol ni la respuesta del director de Asuntos Jurídicos de Interpol donde quedó perfectamente claro cuál había sido en este caso el rol que tuvieron las autoridades argentinas y cuál era la consideración jurídica de Interpol respecto al status de las alertas rojas”.
- También le respondió a Farini Duggan por el tema de los banners que Interpol agregó a las alertas rojas. “Las autoridades argentinas nada tuvieron que ver en la implementación de esos banners y eso está indicado en el informe de interpol”. Respecto a ese informe, insistió: “Esto es novedosos, es prueba nueva”.
- Sobre la afirmación de la querella de que el Memorándum entró en vigencia, criticó: “Es absolutamente falso”. “No solo no fue aprobado legislativamente por la República Islámica de Irán sino que el propio texto del Memorándum preveía que luego de la aprobación legislativa la puesta en vigencia dependía del intercambio de notas verbales entre ambos países para ponerlo en marcha. Y eso nunca sucedió”, agregó.
- Otro punto que abordó Mena fue la comparación que hizo Colombo con la causa Dólar Futuro: “En esta causa ni siquiera se necesita una pericia muy compleja. Las alertas rojas están vigentes. No necesitamos que lo diga ningún informe pericial. Está en la página de Interpol. A más de 9 años de la firma de este Memorándum las alertas rojas están hoy vigentes. No hace falta una pericia que diga que no hay perjuicio. No se comprobó ni se produjo jamás la hipótesis acusatoria en este caso”.
El cierre por parte de las defensas estuvo a cargo del abogado Aníbal Ibarra. El representante legal de Parrilli consideró que el fiscal Colombo cometió “un tremendo error que lo lleva a desconocer la Constitución Nacional”. Ese error fue no considerar a Macri como parte interesada en este caso. “Por estar la actual vicepresidenta y expresidenta involucrada en la causa podía haber un interés directo de Macri en que esta causa se reabriera y se hiciera todo lo que se hizo. Era su principal oponente política”, consideró respecto a las visitas de Hornos y Borinsky a Macri. Es que para Colombo, Macri no era parte de la causa por eso no hubo “parcialidad”. “La reapertura de esta causa fue una decisión política”, destacó Ibarra. “La decidió el entonces presidente articulando con los jueces de Casación. De esto se trata cuando hay una intromisión del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial”, señaló.
Ibarra también resaltó que están todos los elementos que demuestran que en esta causa “no hay delito” y “están ratificados por prueba nueva”. Por tal motivo, interpeló a los integrantes del TOF 8: “Les pido que no sean funcionales a la persecución. Si lo son van a estar avalando una farsa de juicio”.
Ya lo dijo CFK al abrir las exposiciones de estas audiencias y pedir la nulidad del caso, en julio pasado: “Esta acusación es un disparate judicial, institucional y político”. Ahora, la última palabra la tiene el tribunal.
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