Los fuegos azotan al Delta del Paraná hace varios meses. Desde el Ministerio de Ambiente exigieron que la Justicia investigue y dé con los responsables ya que el 95% de los incendios son causados por la mano humana. Ya fueron citadas 49 personas que comenzarán a ser indagadas desde el próximo 3 de noviembre y ahora se sumó una nueva hipótesis: el lavado de activos y un presunto delito de asociación ilícita para iniciar las quemas, hacerlas pasar como un simple hecho de la naturaleza e incrementar el valor de las propiedades, beneficiando a sus titulares a costa de la salud del ecosistema.
En agosto, el ministro de Ambiente Juan Cabandié le pidió a la Justicia de Entre Ríos que "actúe, resuelva y no tenga miedo" para resolver y dar con los responsables de los incendios forestales y de pastizales en el delta del Paraná. La semana pasada, el juez Federal de la ciudad entrerriana de Paraná, Daniel Alonso, aseguró que se unificaron una docena de causas penales contra los dueños de terrenos en los que tienen lugar los fuegos.
En diálogo con Radio De la Plaza, dijo que las causas penales unificadas buscan "punitivizar a quienes hayan cometido los incendios", mientras que otra, la civil, trata de "reparar el daño al ambiente, evitar nuevos daños y que se indemnicen los daños". Están acusados de incendio intencional y entorpecimiento de medios de transporte, delitos estipulados en el Código Penal y que contemplan una pena de tres a 10 años de prisión. De los siete propietarios convocados, dos poseen domicilio en Entre Ríos y los restantes cinco en diferentes ciudades fuera de la provincia, informó Télam. Por lo pronto, el 3 de noviembre comenzará la ronda de indagatorias de a 5 terratenientes por jornada.
Pero el tema se complejizó. Fuentes de organismos de control sospechan que detrás de la quema de pastizales en el Alto Delta del Río Paraná se encuentra la presencia del lavado de activos dado que, sostienen, los focos ígneos fueron intencionales y buscaron generar beneficios económicos de índole agrícola, ganadera o inmobiliaria.
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Entienden, explicaron a El Destape, que esto generó un plus valor económico delictivo que provocó el aumento del precio de las propiedades incendiadas en beneficio de sus titulares, escondidos en la simulación de un simple hecho de la naturaleza. Algo que se complejiza aún más si se suma la carátula de asociación ilícita calificada, una suerte de banda ilegal armada para provocar dichos incendios.
Si bien hasta el momento la información fina se encuentra bajo cuatro llaves, adelantaron que están tras la pista de los imputados en la causa que investiga las quemas y tramita en el Juzgado Federal de Paraná Nº 1. En junio, el portal La Capital ya había adelantado algo sobre el tema al asegurar que el nombre de la empresa Baggio se convirtió en noticia por el humo que se desprendió desde las islas de Entre Ríos, particularmente sobre 34 mil hectáreas para el engorde de ganado. La propiedad está a nombre de Rufino Pablo "Pino" Baggio. Pero tras las últimas quemas, sostuvo el medio, trascendieron nombres de los responsables de las extensiones denunciadas por los incendios: además de Rufino Pablo Baggio; Alberto, Daniel y Graciela Chiartano; Hipólito, Juan y José Maceratesi, Luis Carlos Pérez y César Perpecto Aguiar.
El trabajo en el Congreso
El 3 de octubre, el diputado y jefe del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, presentó un proyecto de ley junto a legisladores de otros espacios políticos - salvo Juntos por el Cambio - para reformar la ley 26.815 del Manejo del Fuego. En el texto se prohíbe realizar modificaciones en el uso de las superficies que tenían previo a los incendios provocados o accidentales. En los fundamentos, señaló que el "el objetivo no sólo es proteger aquellos ecosistemas que puedan ser víctimas de incendios y garantizar las condiciones para la restauración de las superficies, sino también desalentar los incendios intencionales y la especulación financiera e inmobiliaria".
La iniciativa determina que por el término de 60 años no se podrán cambiar el uso de los bosques nativos o implantados, áreas naturales protegidas y humedales, a fin de garantizar las condiciones para la restauración de las superficies incendiadas, y de 30 años en el caso de zonas agrícolas. En ese plazo no se podrán realizar en los bosques naturales o implantados la división, subdivisión, loteo, fraccionamiento o parcelamiento, total o parcial, o cualquier otro emprendimiento inmobiliario, distinto al arrendamiento y venta, de tierras particulares.
Tampoco se podrá hacer cualquier actividad agrícola que sea distinta al uso y destino que la superficie tuviera al momento del incendio. Además fija que el plazo de 60 años se puede extender si así lo indicase el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de la jurisdicción correspondiente.
En paralelo, en Diputados se avanza con una Ley de Humedales que pena con hasta seis años de prisión a los infractores. El titular de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, Leonardo Grosso, analizó en su momento que “hay un avance de la frontera del agro negocio sin ningún tipo de control y llevando a cabo prácticas perjudiciales para la biodiversidad, en este contexto llegamos a elaborar un proyecto de esta magnitud para ponerle un freno a la destrucción de los humedales” y cuestionó a la Justicia porque “hay denuncias penales presentadas, cautelares y los hechos siguen sucediendo a la vista de todos, o hay ineficacia o complicidad, la situación es muy evidente”.
La iniciativa de Grosso también contempla multas de hasta 840 millones de pesos por incumplimientos y propone la creación de un Consejo Asesor compuesto por organizaciones sociales y ambientales
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