Luego de demorarse algunas semanas, el Gobierno de Santa Fe finalmente envió a la Legislatura el cuestionado proyecto de reforma jubilatoria, una iniciativa que consta de 56 artículos redactados en 49 páginas.
Tras el trabajo de la comisión legislativa para analizar la reforma del sistema previsional de la provincia, que concluyó su labor el 31 de julio, el Ejecutivo provincial se encargó de redactar el proyecto. En el marco de dicha comisión, hubo opiniones cruzadas entre los dirigentes, gremios e instituciones colegidas vinculadas con la Caja de Jubilaciones de la Provincia.
Según el gobernador Maximiliano Pullaro, la Caja es un "sistema legal desajustado, que tiene muchas inconsistencias e incoherencias". Para combatir el déficit que atraviesa su territorio por los nulos envíos de transferencias discrecionales por parte del presidente Javier Milei y "ordenar las cuentas", el mandatario santafesino busca implementar cambios que provocarán duras consecuencias para quienes cobran una jubilación y para los trabajadores que estén por alcanzar los años de aportes.
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Entre los principales puntos del proyecto, se presenta la declaración de la emergencia del sistema previsional santafesino, que hace mención a la falta de sustentabilidad propia del sistema previsional y a la deuda que la Anses mantiene con el Estado provincial.
Según las autoridades del Gobierno, el déficit mensual de la Caja se acerca a los 40 mil millones de pesos mensuales, que deben ser otorgados desde Rentas Generales de la Provincia. De acuerdo al Gabinete provincial, esto representa una continua transferencia de recursos aportados por los contribuyentes privados, para sostener el esquema de jubilaciones de los agentes estatales.
Reforma jubilatoria en Santa Fe: principales puntos del proyecto
La iniciativa girada al Senado como Cámara de Origen parte de la declaración de emergencia previsional por dos años con posibilidad de extenderla a otros dos. La reforma apunta a los cambios a los diferentes regímenes previsionales. En el caso de los aportes del trabajador, pasan del 14 al 15,5% como mínimo y al 21% en las categorías superiores de los tres poderes del Estado. La contribución patronal también sube y pasará a ser del 19% que será abonada ya sea por el Estado provincial así como por municipios y comunas adheridas a la Caja, EPE, instituciones privadas de educación, etc.
A su vez, dispone que el haber máximo de la Jubilación Ordinaria es el monto correspondiente a 20 jubilaciones mínimas y no 30 como es ahora. En lugar de unos 10 millones de pesos, serían de 7 millones.
En el capítulo referido al régimen general, se disponen una serie de medidas para evitar jubilaciones anticipadas, recortes al 2 por 1 e incluso a la posibilidad de adquirir años por moratorias de Anses, así como límites a los pagos para los considerados casos de matrimonios in extremis.
Docentes y policías apuntan contra Pullaro por la reforma previsional
El proyecto de reforma jubilatoria de Santa Fe ya recibió las primeras críticas por dos sectores que se verían muy afectados: los docentes y la Policía.
“Ajuste, recorte y emergencia previsional como en los 90”, se titula el comunicado docente y sostiene que el envío del Mensaje del Poder Ejecutivo santafesino a la Legislatura “ratifica la posición que con absoluta claridad expresó la Amsafé oportunamente, es un proyecto que lesiona fuertemente los derechos de los trabajadores docentes activos y jubilados como en los años 90, que comienza con una declaración de emergencia previsional y establece aportes solidarios que no solo impactarán sobre los activos, sino que avanza con un fuerte recorte sobre los magros ingresos de jubiladas y jubilados”.
Según lo planteado por el gremio docente, “otra vez son los trabajadores y las trabajadoras, tanto activos como del sector pasivo, quienes deben pagar el ajuste que propone el estado, que sin dudas es permeable a las presiones del Gobierno nacional y de sectores que históricamente no cedieron ninguno de sus privilegios”.
En ese sentido, los maestros advierten que se pretende modificar la movilidad, el cálculo del haber y el derecho a pensión y se ataca el régimen opcional docente decretando el fin del 82%.
“Si este proyecto avanza con la aprobación de estos flagrantes cambios, las y los trabajadores de la educación verán afectada gravemente sus condiciones de vida y lesionados derechos fundamentales. Quedarán en la historia negra de nuestra provincia las y los legisladores que levanten la mano contra el colectivo docente”, advirtieron.
Por su parte, desde sectores de la fuerza de seguridad criticaron que el requisito para el retiro voluntario pasa de 25 a 30 años, mientras que para el retiro ordinario se requieren 35 años de servicio y se percibirá el 85% de los haberes.
Asimismo, critican el descuento de mayores porcentajes e incluso los aportes de ayuda solidaria de los retirados, jubilados y pensionados.
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