El exjefe de Gabinete Marcos Peña y el exministro de Trabajo, Jorge Triaca, fueron imputados en la causa de la Mesa Judicial Pro. La decisión la tomó el fiscal Ramiro González luego de recibir dos documentos de peso para el expediente: por un lado, una serie de mails que se encontraron en la AFI e involucran a Peña en la convocatoria a las reuniones de esa mesa judicial macrista; y por otro, la declaración testimonial del camarista laboral Luis Raffaghelli, quien la envió el lunes por correo electrónico, donde relató entre diferentes aprietes un episodio que involucró al ex titular de la cartera laboral.
“Continuando con los lineamientos trazados al momento de delimitar el objeto procesal de las presentes actuaciones e impulsar el ejercicio de la acción penal, como así también las últimas constancias que fuera acompañadas al sumario, amplíese el objeto procesal para investigar la participación de Marcos Peña, ex Jefe de Gabinete de Ministros, y Jorge Triaca, ex Ministro de Trabajo, en los hechos que comprenden la presente investigación; ello sin perjuicio que nuevos autores y partícipes puedan surgir con el desarrollo de la investigación”, escribió González en un dictamen que se conoció este lunes. El fiscal tiene delegada esta investigación.
En el caso Peña, como relató Luciana Bertroia en este medio, se hallaron una serie de mails en la secretaría privada de la dirección general de la AFI que estaba a cargo de Gustavo Arribas que dan cuenta de que el exjefe de Gabinete era quien convocaba a las reuniones de la Mesa Judicial. Esos correos arribaron a la fiscalía y fueron guardados en una caja fuerte ya que les rige el secreto, tal como lo dispone la Ley Nacional de Inteligencia. Arribas era uno de los participantes de esos encuentros. Según los denunciantes, desde esa mesa se diseñó un “plan sistemático de cooptación del Poder Judicial” para perseguir opositores y obtener fallos a medida. Los correos también muestran que el propio Macri se sentaba a esa mesa para decidir la política judicial de su gobierno, que incluía la promoción de ciertos jueces y fiscales y el desgaste de otros. Hasta se definía quién iba preso.
En lo que hace a Triaca, Raffaghellí -juez al que el macrismo pidió su destitución por fallar en favor de la reincorporación de los trabajadores de la exAFSCA- relató en su testimonial una visita “protocolar” del entonces ministro de Trabajo y su gabinete a la Cámara Nacional del Trabajo. Ocurrió el 29 de marzo de 2016. Entonces, los funcionarios plantearon a los magistrados “la necesidad de ‘consensuar’ la doctrina de los fallos y hacerla más previsible en aras de la seguridad jurídica”, contó Raffaghelli. “Nadie contestó la inusitada sugerencia del funcionario. El silencio y la sorpresa fueron la respuesta ante tan improcedente petición”, indició. También señaló que no se labró el acta del encuentro “y no fueron presentados los funcionarios que concurrieron por lo cual no pudimos conocer sus nombres, apellidos y cargos”.
El fiscal citó en su dictamen que Raffaghelli mencionó que "letrados representantes del Ministerio de Trabajo llamaban telefónicamente a la Sala de turno de la Cámara Nacional del Trabajo, cuando empezaron 'los despidos masivos', a fin de 'consultar' si habían ingresado o no nuevas causas, cuando dichos llamados en realidad tenían un tono intimidatorio hacia los camaristas".
En el mismo escrito en que imputó a Peña y Triaca, Ramiro González citó a prestar declaración testimonial a otros jueces laborales presionados por el macrismo. Convocó a:
-Enrique Néstor Arias Gibert. Expresidente de la Sala V de la Cámara Nacional del Trabajo;
-Graciela Marino. Fue miembro de la Sala IV de la Cámara Nacional del Trabajo. Ya se jubiló.
-Diana Regina Cañal. Integrante de la Sala III y presidenta de la Cámara Nacional del Trabajo;
-Néstor Rodríguez Brunengo. Integrante de la Sala VII Cámara del Trabajo.
Todos estos magistrados firmaron fallos a favor de los trabajadores y en contra de los intereses del Gobierno que entonces conducía Mauricio Macri, lo que derivó en denuncias contra ellos en el Consejo de la Magistratura.
Raffaghelli destacó en su declaración que el gobierno de Macri denunció “a seis jueces nacionales del trabajo" y mencionó a los cuatro que citó González más su caso y el de Mirta González Burbridge. A todos se les había pedido su destitución.
Por ejemplo, un episodio que narró Raffaghelli fue el fallo a favor de La Bancaria y en detrimento de los intereses del Poder Ejecutivo que firmaron Enrique Arias Gibert y Néstor Rodríguez Brunengo. Ambos “fueron denunciados por el Ministerio de Trabajo al Consejo de la Magistratura de la Nación". "Se les pidió su destitución”, señaló el camarista en su testimonial. En el marco de aquel proceso, el entonces consejero y actual Fiscal General porteño, Juan Bautista Mahiques, “solicitó se examine el Facebook del Dr. Arias Gibert".
A lo largo de su escrito, Raffaghelli dejó en claro que hubo un intento “de disciplinamiento” por parte del Gobierno de Macri y que existió “un evidente embate contra la independencia de la justicia nacional del trabajo, que fue poco a poco generando un ambiente hostil a su libre desempeño, alcanzando su cenit con las denuncias infundadas a seis jueces y juezas” en el Consejo de la Magistratura.
El fiscal ya solicitó al órgano que selecciona y sancione jueces que le empiece a enviar los expedientes que se abrieron contra los jueces que declararon en este caso, como Raffaghelli y la integrante de la sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, Ana Figueroa. Es que el Consejo de la Magistratura fue uno de los brazos ejecutores de la presión que impartió el macrismo junto a sus aliados contra los jueces que no fallaron en sintonía con los intereses del Gobierno.
La imputación de Peña y Triaca en esta causa se suma a las de Macri, el exministro de Justicia, Germán Garavano; Juan Bautista Mahiques; Gustavo Arribas; los exsecretarios de Estado, José Torello y Pablo Clusellas; el exprocurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías; y los operadores judiciales, Fabián Rodríguez Simón y Daniel Angelici.
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