Luego de apenas seis años, nuestra justicia federal descubrió que la causa imaginaria del Memorándum con Irán carecía de delito y era efectivamente imaginaria.
El Tribunal Oral Federal 8 consideró que “el Memorándum de entendimiento con Irán más allá de que se lo considere un acierto o desacierto político, no constituyó un delito (...) No hay ningún elemento directo que de manera contundente nos haga pensar que tal temperamento fue más allá de una decisión política para convertirse en un acto de encubrimiento”. Los jueces retomaron así los argumentos que planteó el juez de primera instancia Daniel Rafecas no sólo cuando desestimó la denuncia del fiscal Alberto Nisman en febrero del 2015 al señalar la “inexistencia de delito”, sino también cuando rechazó el pedido de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentina (DAIA) para que se reabra el expediente un año después, en 2016, cuando gobernaba Cambiemos y todo parecía posible.
En aquel rechazo, Rafecas señaló con alguna sorpresa: “parecería ser que la DAIA no está poniendo en cuestión la desestimación de la denuncia del doctor Nisman, sino la decisión política de firmar el Memorándum, que incluyó después una ratificación del Congreso Nacional. Como ya dijo la Cámara Federal, el Memorándum podrá ser criticado desde un punto de vista geopolítico o desde una visión de criterio y oportunidad, pero nunca podría ser objeto de imputación penal a menos que tengamos que incluir en la acusación a expertos como Susana Ruiz Cerruti, que defendió la legitimidad del pacto en el Congreso, y de cientos de diputados y senadores que aprobaron la iniciativa, además del propio secretario general de Interpol, Ronald Noble y a Interpol misma, porque instigaron y propiciaron el diálogo de Argentina e Irán y apadrinaron el Memorándum”.
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Ambos escritos contenían toda la argumentación necesaria para frenar la operación lanzada por Nisman a partir de una denuncia elaborada por la Armada Brancaleone de los servicios y relanzada por los medios. Eso no ocurrió y la denuncia pudo ser sacada del limbo por el incansable juez Claudio Bonadio, el hombre del bolillero mágico que le permitía acaparar todas las causas que afectaran a CFK, gracias a la ayuda de los aficionados al paddle en Olivos Gustavos Hornos y Mariano Borinsky, quienes sacaron a Rafecas de la causa y aceptaron a la DAIA como querellante.
Luego, los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah confirmaron las detenciones ordenadas por Bonadio, incluida la del ex canciller Héctor Timerman- enfermo de cáncer- a quien el juez, magnánimo, le impuso la prisión domiciliaria. El cardumen de la Corte Suprema, por su parte, se negó a tratar todos los reclamos que presentaron los abogados de Timerman. Sólo lo hicieron cuando Héctor murió, alegando que, justamente, estaba muerto y ya no hacía falta.
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Por el fallo del Tribunal Oral Federal 8 fueron sobreseidos, además de CFK, Andrés Larroque, Carlos Zannini, Oscar Parrilli, Luis D'Elía, Fernando Esteche, Juan Martín Mena, Eduardo Alberto Zuain, Angelina María Esther Abbona, Jorge Alejandro Khalil y Ramón Héctor Allan Bogado. Varios padecieron embargos y cárceles preventivas y Timerman no pudo seguir con su tratamiento contra el cáncer en EEUU, lo que aceleró su muerte.
La operación de la causa del Memorándum no fue la obra de un juez pistolero o un espía rencoroso sino de nuestra Santísima Trinidad, conformada por la justicia federal, los medios y los servicios. Con enorme apoyo mediático, la DAIA canonizó a Nisman- un fiscal inútil cuyo legado luego de diez años de investigar el caso AMIA fue una denuncia insostenible referida a hechos ocurridos veinte años después del atentado- y demolió a Timerman, el canciller que buscó avanzar con el juicio.
En un nuevo Nado Sincronizado Independiente (NSI), la oposición de Juntos por el Cambio, los medios serios y la DAIA (tres colectivos que cuesta diferenciar) denunciaron el fallo del Tribunal Oral Federal 8 y exigieron que el juicio se lleve a cabo.
Tienen razón, así como los kirchneristas deben probar su inocencia ya que lo que se presume es su culpabilidad, la inexistencia de delito no debería ser un impedimento a la hora de enjuiciarlos.
Imagen: Entusiastas de Juntos por el Cambio exigen “diálogo, consenso y hoguera” contra los kirchneristas (cortesía Fundación LED para el desarrollo de la Fundación LED)
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