Alejo Ramos Padilla, titular del Juzgado Federal N°1, multó a Cambiemos por los informes de gastos que presentó en 2017 en el marco de la causa de los “aportantes truchos”. El juez desaprobó hoy los informes finales de recursos y gastos de la campaña electoral que la fuerza Cambiemos desarrolló en territorio bonaerense para a las PASO de 2017, cuando el distrito era gobernado por María Eugenia Vidal.
El magistrado sancionó con multas al PRO por $3.246.965; la UCR y la Coalición Cívica por $990.599 cada uno; y los partidos Demócrata Progresista, Conservador Popular, Demócrata, Unión del Centro Democrático, Espacio Abierto para el Desarrollo y la Integración Social, Fé, del Diálogo y Movimiento Social por la República, por $34.395.
La disposición se dio en la causa conocida como “aportantes truchos” que se inició en 2017 y por la cual la Justicia investiga si la entonces gobernadora María Eugenia Vidal inscribió a cientos de beneficiarios de subsidios sociales como supuestos aportantes a la campaña electoral que Cambiemos realizó en la provincia de Buenos Aires.
La lista que se financió fue para los candidatos a Diputados nacionales, que encabezaba Graciela Ocaña, y los senadores Esteban Bullrich y Gladys González. La denuncia se conoció a través de notas periodísticas publicadas por El Destape durante 2017 y 2018, que revelaron que inicialmente unas 205 personas de bajos ingresos que recibían planes sociales, figuraban como “donantes de fondos de la campaña para la entonces coalición gobernante”.
Las personas figuraban como “afiliados al PRO” y habían realizado numerosa cantidad de “aportes de entre $350 y $1.500”. En el fallo, el juez afirmó que el cuerpo de auditores contadores de la Cámara Nacional Electoral (CNE) determinó que “la información suministrada por Cambiemos sobre los ingresos públicos para aquella campaña no coincidía con la aportada por la Dirección Nacional Electoral”.
A la vez, el magistrado remarcó que de acuerdo a los peritajes, “el 95% de los aportes privados fueron en efectivo y detalló que cuando los peritos cruzaron datos de los supuestos donantes con el Registro Nacional de Electores, los DNI no se correspondían”. Ramos Padilla consignó que la auditoría realizó un “entrecruzamiento de datos con la base de monotributistas de AFIP”, en el cual se expuso un listado de “179 aportantes cuyas contribuciones superaban el 30% de sus facturaciones mensuales”.
En tanto, otros 40 aportantes “podrían estar encuadrados en alguna de las prohibiciones establecidas por la normativa vigente por existir elementos que los vinculan con empresas concesionarias o contratistas de servicios u obras públicas o proveedores de la Nación o la provincia; o bien por superar los topes establecidos”.
Paralelamente se detectaron 209 personas “que pese a haber realizado considerables donaciones de dinero, percibían algún plan o beneficio de Anses”. En dictamen se observa que varios aportantes “presuntamente donaron 20 mil pesos, pero percibían el Programa Hogar (para la compra de garrafas sociales), o aportaron 17 mil pesos y cobraban la Asignación Universal por Hijo (AUH)”.
Además la Justicia Electoral tuvo en cuenta que “muchas de las personas declaradas en el informe de Cambiemos rechazan haber realizado el aporte informado”. Además, los peritos de la CNE cuestionaron “el faltante de detalle” sobre propaganda en vía pública, internet y redes sociales.
En ese sentido Ramos Padilla recordó que “se pidió a la alianza política Cambiemos que subsane todas esas observaciones, tras lo cual esa fuerza presentó nuevos informes de campaña”. Es así como “aparecieron entonces nuevas denuncias de personas que negaban haber sido aportantes de la campaña de este espacio, por lo que se dispuso una nueva pericia de la CNE, y en base a esos datos se emitió un nuevo dictamen teniendo en cuenta la versión rectificada de los informes de finales de las actividades proselitistas”.
Según los peritajes, el macrismo reemplazó o excluyó a unos 1.500 aportantes “sin brindar justificación alguna” y rectificó rendiciones de cuentas, pero “existe incertidumbre en la información brindada por la agrupación” y comprobó que de 37 personas citadas, “sólo 15 confirmaron el aporte” y el resto lo desconoció.
Los auditores contadores concluyeron en su segundo trabajo que “la información presentada por la agrupación no resulta confiable, por lo cual no se encontraba debidamente acreditado el origen de los fondos declarados”. De esta manera Ramos Padilla “rechazó” la rendición de gastos de Cambiemos, ya que “no pudo acreditar el origen y destino de los fondos de la campaña electoral”, y pidió que se extraigan testimonios para que se investigue penalmente el caso.
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