El espía ilegal Marcelo D’Alessio continuará detenido, al menos, un año más. Así lo resolvió el juez federal Alejo Ramos Padilla al prorrogar su prisión preventiva en el marco de la primera gran causa de espionaje ilegal que involucró al macrismo, el D’Alessiogate. El espía ilegal está preso desde el 15 de febrero de 2019. Actualmente, se encuentra en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza.
La extensión de la prisión por un año más se debe a que estaba por vencer el plazo de dos años de prisión preventiva sin que se haya dictado una sentencia. La decisión del magistrado –quien está próximo a dejar el juzgado de Dolores para pasar al de La Plata- se basó en la cantidad y gravedad de los delitos por los que fue procesado D’Alesiso. El espía ilegal vinculado a la AFI macrista tiene 5 procesamientos en el marco del D’Alessiogate. Centralmente, se lo considera “penalmente responsable del delito de asociación ilícita dedicada al espionaje ilegal”. Para el magistrado, la banda de D’Alessio era “paraestatal” y “llevó adelante todo tipo de planes y operaciones sobre políticos, empresarios, periodistas, el Poder Judicial y la opinión pública en general”.
La organización criminal no solo hacía espionaje ilegal. Según se desprende de la investigación y uno de los procesamientos de D’Alessio, también se encargaba de realizar “transferencias financieras internacionales por sumas millonarias a sabiendas del origen ilícito de los fondos y con la finalidad de simular dicho origen ilícito, dar apariencia de licitud a los mismos y ponerlos en circulación en el mercado”. Es decir, se investiga a la par el lavado de dinero.
Es que D’Alessio no era simplemente un falso abogado que engañó a todo aquel con el que se cruzó, como se intentó instalar cuando estalló el escándalo. D’Alessio “poseía vínculos con agentes de inteligencia –retirados y activos–policías de alto rango, jueces, fiscales, abogados, periodistas, funcionarios nacionales de alto rango como legisladores nacionales, ministros, etc”. “No era solamente una persona que se hacía pasar por abogado o economista, ni engañó a todos todo el tiempo; lejos de eso, D’Alessio pudo tejer toda esa red de contactos de alto nivel en el poder sin la cual no habría podido llevar adelante las operaciones de inteligencia ilegal investigadas”. Y, a las claras está, mantenía un vínculo con la AFI macrista. Respecto a esta relación, Ramos Padilla señaló: “No se ha podido acreditar que D’Alessio tuviera una pertenencia orgánica a esa agencia, pero sí una de tipo inorgánica, externa, tercerizada o como se desee llamar y que, además, había recibido una promesa para un futuro cargo directivo dentro de la estructura del organismo. Por otro lado, ha quedado claro que la gran mayoría de las decenas de operaciones desarrolladas cumplían con fines y objetivos paraestatales”.
Sin ir más lejos, “D´Alessio era reconocido en todos los ámbitos por los que transitaba como un agente de inteligencia, incluso vinculado a agencias extranjeras o a la Embajada de los Estados Unidos. Fue conocido y presentado públicamente de ese modo”, resaltó el juez.
Las operaciones
Entre otras operaciones, Ramos Padilla recordó que “la organización llevó adelante acciones para involucrar al ex jefe de Gabinete de Ministros, Aníbal Fernández, en el denominado ‘Triple Crimen de General Rodríguez’ y que para ello presentó informes de inteligencia que lo señalaban como autor intelectual de dicho crimen y que fueron incorporados precisamente al expediente judicial de Mercedes donde se investigaban esos homicidios”. Los informes de inteligencia, como dio cuenta El Destape, llevaban la firma de D’Alessio y se presentaban una causa judicial.
También, recordó el magistrado, en el marco de la pesquisa “se encontraron documentos en los que se explicitaban los fines macro–políticos de la organización y la intención de obtener y producir pruebas que pudieran llevar al encarcelamiento efectivo de funcionarios o de dirigentes vinculados a la gestión de gobierno que finalizó en el 2015”, es decir, de la gestión kirchnerista. Lawfare al palo. Sobre todo, si se tiene en cuenta que quien comandaba la banda criminal que integraba D’Alessio era el ex agente de la AFI macrista, Ricardo Bogoliuk, procesado en esta megacausa. Todos se vinculaban con un espía orgánico y jerárquico de la exSIDE macrista, Pablo Pinamonti, también involucrado en este caso.
Entre otras cosas, Ramos Padilla se topó con que la organización confeccionaba “planes e informes en los que se diseñaron complejas maniobras de inteligencia que buscaban recomponer una investigación que llevaba adelante el ex juez Bonadío y el fiscal Carlos Stornelli y que se había visto afectada por la actuación ilegal de un perito (G.N.L.)”. Se trata del caso GNL que tramita en los tribunales de Comodoro Py e intentó involucrar a la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. “Los informes, titulados ‘Informe Dr. Bonadio’ e ‘Informe Dr. Stornelli’, sumaban nuevas hipótesis sobre hechos de corrupción e incluían ‘listas negras’ que indicaban quiénes –según la organización– eran los responsables. Estos documentos fueron distribuidos a la prensa y también a personas con influencia en las más altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional”, indicó el juez, lo que refleja cómo actuaban las tres columnas vertebrales del Lawfare: el Poder Judicial, los medios hegemónicos de comunicación y los servicios de inteligencia.
“En el mismo orden de acciones, se intentó que el ex secretario privado de Cristina Fernández de Kirchner, Pablo Barreiro, se transformara en arrepentido ante el fiscal Stornelli y aportara nombres que permitieran vincular a la ex presidenta, en una causa en la que nunca estuvo siquiera imputado”, agregó, a modo de repaso, Ramos Padilla.
La lista de operaciones de la banda de D’Alessio es muy extensa. En ese sentido, puede destacarse que “se llevó adelante inteligencia y espionaje ilegal sobre la ex abogada del arrepentido Leonardo Fariña, sobre quien la organización señalaba tener la capacidad para ‘guionar’ su testimonio ‘en aras de lograr el procesamiento y la detención’ del ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray. Se realizaron maniobras concretas en tal sentido”, señaló el magistrado de Dolores. A su vez “se llevaron adelante investigaciones, extorsiones, reuniones con magistrados, exigencias de dinero, publicaciones y guionamientos de las declaraciones en base a los informes de inteligencia en relación a la denominada ‘Mafia de la Aduana’”.
Incluso, “se planificaron acciones tendientes a perjudicar a personas que incomodaban al fiscal Stornelli en el plano laboral y también en el familiar”, lo que refleja la cercanía que existía entre la banda y el fiscal con asiento en los tribunales de Comodoro Py, quien está procesado en el marco de este expediente.
Ramos Padilla relata cómo algunas de las operaciones que realizaba la banda paraestatal eran puestas a disposición del fiscal: “Se realizaron numerosas maniobras de infiltración, entre las que pueden destacarse, en primer lugar, las realizadas en la ciudad uruguaya de Montevideo, vinculadas al espionaje sobre actividades comerciales iraníes que se pusieron a disposición del fiscal Stornelli”. Es decir, se hacía inteligencia ilegal, incluso en el exterior, y el material producido se acercaba al titular de la Fiscalía Federal Nº 4.
En síntesis, en pleno macrismo “la organización llevó adelante encuentros y conversaciones con jueces, fiscales, diputados, periodistas, ministros a los que se les puso a su disposición el resultado de diversas operaciones ilegales que llevaba adelante. La diseminación en la prensa –mediante periodistas y empresarios– de la información obtenida ilegalmente fue una acción constante e indispensable para el éxito de las maniobras”.
El vínculo con la AFI macrista fue tan aceitado que, tal como señaló Ramos Padilla, “la Agencia Federal de Inteligencia se ocupó de dar cobertura en las diversas ocasiones en las que la actuación de la organización se vio comprometida o en emergencia por algún requerimiento o investigación judicial (caso Traficante, Triple Crimen y esta misma investigación)”. Así, por ejemplo, surgió la Operación Puf que tanto Stornelli como la cofundadora de Cambiemos, Elisa Carrió, impulsaron en los tribunales de Comodoro Py en pleno gobierno de Cambiemos.
Según se desprende del trabajo de Ramos Padilla, el D'Alessiogate cuenta con medio centenar de operaciones y alrededor de 80 víctimas. Una parte de la causa ya inició su proceso de elevación a juicio oral.
“La cantidad y el alcance de los planes delictivos que llevó adelante esta asociación ilícita paraestatal, sus vínculos con la Agencia Federal de Inteligencia, miembros del Poder Judicial y/o del Ministerio Público Fiscal de la Nación y provinciales, con miembros de las fuerzas de seguridad e incluso con los medios de prensa, las características del armamento hallado, la acción de la organización en varias jurisdicciones del país y en el exterior, la posible participación o vinculación con agentes o ex agentes de alto rango de las fuerzas de seguridad, el consecuente apoyo, ayuda o dirección de funcionarios públicos al accionar ilícito de la organización investigada, entre otras circunstancias que se constataron en el desarrollo de los planes ilícitos descriptos, permite concluir que el accionar de esta organización puso en riesgo principios básicos e instituciones de orden constitucional de nuestro sistema democrático”, concluyó Ramos Padilla. Una definición clara de cómo se desplegó la persecución judicial durante el macrismo.
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