Marcela Losardo formalizará este jueves su renuncia al ministerio de Justicia cuando todavía no se conoce el nombre de su reemplazante. El presidente Alberto Fernández mantuvo una extensa reunión en la Casa Rosada con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, pero no trascendió nada de lo conversado. Al nombre ya conocido del diputado rionegrino Martín Soria como principal candidato, los rumores de pasillo agregaban ayer el de algunas abogadas como posibles opciones. Nadie confirmaba nada. La misma indefinición se extendía al Congreso, donde por ahora sólo existieron conversaciones informales respecto a la creación de una comisión bicameral para investigar el funcionamiento de la Justicia. "Es lógico pensar que primero se definirá el nombre del ministro que después se tendrá que ocupar de impulsar el proyecto en el Congreso, nosotros no fuimos convocados", comentaba un legislador que suele ocuparse de los temas judiciales en el Frente de Todos.
MÁS INFO
Losardo se mostró de buen humor en una reunión de gabinete de cambio climático de la que participó ayer. Se sentó junto a Cafiero y recibió un cálido aplauso de despedida de sus compañeros que la hizo emocionar. Su próximo destino será la embajada argentina ante la Unesco, con sede en París. Su reemplazo al momento sigue siendo una incógnita. El Presidente habló con Soria en estos días, pero por algún motivo todavía no fue confirmado. En tren de especular, había quienes comentaban que no era sencillo aceptar conducir un ministerio en el que hay varios funcionarios con autonomía como sucede en Justicia con el viceministro Juan Martín Mena y el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla. La indefinición alimentaba nuevas opciones y empezaron a sonar nombres de mujeres como posibles reemplazantes. Desde funcionarias que actualmente ocupan otros cargos hasta Marisa Herrera, una de las integrantes del consejo de expertos que le preparó el informe al Presidente, que aparecía en la tómbola. La posibilidad de un "tapado" o "tapada" ganaba cuerpo.
La comisión investigadora
Interrogantes similares persistían respecto a la comisión bicameral para investigar el lawfare que el Presidente quiere que se cree en el Parlamento. La idea sería que el proyecto se presente en Diputados para no repetir el camino de la reforma judicial o del ministerio Público Fiscal que luego de una rápida aprobación en el Senado duermen el sueño de los justos en la Cámara baja. "Conversamos con algunos legisladores de la oposición, hay una convicción de que algo hay que hacer", respondió un diputado del Frente de Todos. Enumeraba como recientes hechos graves la situación generada en la Cámara de Casación con Gustavo Hornos, la velada amenaza del procesado fiscal Carlos Stornelli al Presidente y el provocador mensaje del juez de Casación Juan Carlos Gemignani a sus colegas por el día de la mujer.
MÁS INFO
"Se están superando límites y hay gente de la oposición que también lo cree así", aseguraban en el bloque oficialista. "Porque además de lo político están los femicidios, los plazos judiciales eternos, los jueces que no se quieren jubilar. Hay muchas cuestiones que no están funcionando como deberían", añadía. Sin embargo, se trataba sólo de un mero sondeo porque en Diputados están todos los cañones direccionados a la modificación del Impuesto a las Ganancias, un proyecto clave para el Gobierno en el arranque del año electoral. Además, el presidente de la Cámara, Sergio Massa, lo tomó como bandera personal mientras que no dijo ni "a" sobre la comisión bicameral, que claramente no forma parte de sus prioridades. Todavía no hay ni un memo que detalle las características que tendría el nuevo cuerpo. Sí había coincidencia en que lo que dijo Losardo, que el Congreso no tenía facultades para poner jueces "en comisión", era correcto.
Un antecedente
Como posible antecedente en el Congreso recordaban el proyecto que en noviembre de 2019 -días después del triunfo electoral- presentaron nueve diputados del Frente de Todos para crear una "Comisión Bicameral Especial Investigadora de las Intromisiones Violatorias de la Independencia del Poder Judicial de la Nación". El autor fue el actual senador Martín Doñate y junto a él aparecen los diputados Rodolfo Tailhade y Leopoldo Moreau y los hoy ministros Eduardo "Wado" de Pedro y Agustín Rossi.
"Objeto. La Comisión Bicameral creada por la presente ley, tendrá por objeto analizar, investigar y evaluar los actos y/o hechos que tuvieran por objeto afectar, interferir, desnaturalizar, desvirtuar o de cualquier otro modo comprometer los fines, cometidos, competencias y atribuciones correspondientes al Poder Judicial de la Nación, su independencia, transparencia e imparcialidad, la adecuada administración de Justicia y el derecho a la defensa en Juicio, como las demás garantías constitucionales y legales establecidas para su correcto funcionamiento y el de su desempeño por parte de sus integrantes".
Establecía esa iniciativa como función. La comisión, que integrarían ocho senadores y ocho diputados, podía recibir denuncias, tomar testimonios y hacer careos, solicitar a un juez el auxilio de la fuerza pública cuando alguien se negara a comparecer, realizar pericias, solicitar informes y hacer denuncias a la justicia, entre otras múltiples funciones. Pero aquel proyecto no caminó. Hoy el Presidente piensa en algo parecido aunque en el Congreso aún no lo saben con certeza.