El INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) le pidió a la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, que avance en el relevamiento indígena. El organismo que conduce Magdalena Odarda señaló que la provincia no cumple la ley de emergencia territorial indígena y señaló que el punto de inicio de los ataques en su contra fue una resolución que afecta a un country de Bariloche.
El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) emitió un pronunciamiento público tras los ataques incendiarios de la cordillera, para reclamar a la gobernadora Arabela Carreras que avance en un convenio para cumplir con el relevamiento indígena que fija una ley nacional.
Es la primera vez que el organismo que conduce Odarda se expresa tras los ataques incendiarios de la cordillera y en una escueta mención pidió que “se esclarezcan rápidamente los hechos de público conocimiento”. En un comunicado, el INAI reclamó que “se desplieguen programas de gobierno que lleven adelante las entregas de títulos comunitarios y demarcaciones territoriales establecidas en la Ley 26.160 que la provincia de Río Negro se rehúsa a llevar adelante”.
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Odarda en declaraciones a medios porteños ya se había manifestado en esta línea, pero ahora lo hizo de manera formal e institucional a través de un comunicado de prensa en el que afirmó que solicitó “en reiteradas oportunidades y por todos los canales institucionales la designación de un enlace para consensuar un convenio interjurisdiccional para iniciar el relevamiento territorial” que marca la ley 26.160 que está próxima a vencer y con un proyecto de prórroga en el Congreso de la Nación.
El organismo nacional señaló que bajo el marco de esa ley se debe realizar en conjunto con las comunidades el “abordaje de los temas conflictivos” y recordó que lo que pide a Río Negro ya fue acordado en otras provincias como Neuquén, Santa Fe, Chaco, Jujuy, Salta, San Juan y Misiones.
Según el INAI, este lineamiento ha permitido en esas provincias “disipar las tensiones conflictivas y mediante canales de diálogo se viene instaurando la paz social”. El organismo señaló que Río Negro no realiza los relevamientos territoriales que ordena la ley desde hace años y que no ha entregado títulos comunitarios como el resto de las provincias, al mismo tiempo que tampoco realizan demarcaciones territoriales lo que obligó al INAI a “iniciar la delimitación de las tierras que ocupan de manera tradicional y pública las comunidades indígenas”.
El INAI también se refirió a las críticas y acusaciones públicas que la gobernadora Carreras realizó en varias oportunidades hacia Odarda y el organismo que conduce, y reclamó pruebas por la gravedad de las opiniones. “Es muy grave hacer acusaciones temerarias de complicidad e instigación en referencia a los últimos incendios en la zona andina, sin una sola prueba que respalde dicha denuncia. Reafirmamos que todos los funcionarios del organismo actuaron dentro de su competencia y en estricto apego a la ley”, expresó el organismo nacional.
También indicó que a su entender las expresiones del Gobierno provincial contra Odarda y el organismo se iniciaron cuando se conoció la resolución a partir del cual un country debía dejar un camino de paso a la comunidad Celestino Quijada en la ladera sur del cerro Otto, en Bariloche.
Esta medida además de la vía administrativa, tiene una sentencia judicial a favor de la comunidad. “La vía pacífica de resolución de conflictos -más allá de la labor del Poder Judicial- es la única posible para garantizar un estado intercultural y democrático. Por último y una vez más reclamamos que las comunidades originarias no sean utilizadas en la campaña electoral”, concluyó el comunicado del INAI.
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