Al macrismo se lo investiga por hechos de corrupción y espionaje ilegal, entre otras causas que complican no solo a Mauricio Macri sino a los exfuncionarios de Cambiemos. ¿Qué sería hoy de esos ex funcionarios macristas con la repudiable Doctrina Irurzun? Hoy en el formato especial de El Destape para todo el medio: la radio, la web y audiovisual. Para hacer memoria colectiva y no olvidar. El Macrivirus de hoy, una vacuna contra el olvido. Un programa conducido por Jonathan Heguier.
Cambiemos cuando gobernó manipuló las causas y llevó adelante una estrategia judicial para meter presos a kirchneristas. Así las cárceles tuvo decenas de militantes y exfuncionarios del gobierno de Cristina Kirchner. La hoy vicepresidenta fue de las más perjudicadas por el Lawfare.
Un mes antes de que se fuera Macri del poder, el Congreso terminó con el festival de prisiones preventivas a través de la denominada Doctrina Irurzun. Hoy, con esa polémica que instaló a través de fallos ese juez que respondió a Cambiemos, estarían presos varios funcionarios macristas involucrados, denunciados, imputados e investigados.
Con el inicio del año judicial comenzaron a moverse algunas de las causas que involucran al expresidente Mauricio Macri y a varios de sus exfuncionarios. En menos de un mes ya hubo importantes novedades en las causas de los Parques Eólicos, en la de la Mesa Judicial Pro, en las de espionaje y en el Correogate, por citar algunos ejemplos que incomodan al exmandatario, que mira de reojo lo que sucede en tribunales, según publicó El Destape hace semanas.
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La causa de los Parques Eólicos fue una de las que mayor movimiento tuvo a partir del reinicio del año judicial. El diputado Rodolfo Tailhade, uno de los denunciantes en el expediente, le pidió directamente al juez Marcelo Martínez de Giorgi que cite a indagatoria a Mauricio Macri y a su hermano Gianfranco. Incluso, solicitó de ser necesaria la detención con fines de extradición de este último, quien vive en Uruguay.
En el caso de la Mesa Judicial PRO también tuvo movimiento en las primeras tres semanas del año judicial. Es que hubo una ampliación de denuncia en Comodoro Py en la que se apuntó contra el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Gustavo Hornos, a quien se acusó de ser un engranaje fundamental en ese armado político judicial. La denuncia contra el camarista del máximo tribunal penal del país es porque visitó a Macri en su secretaría privada de la Casa Rosada en reiteradas ocasiones y luego de cada ingreso firmaba fallos contra dirigentes kirchneristas.
¿Quiénes integraron esa mentada mesa de articulación política y judicial? Macri, el exministro de Justicia, Germán Garavano; el exjefe de la AFI, Gustavo Arribas; la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el ex Secretario de Legal y Técnica, Pablo Clusellas; el asesor y abogado de Macri, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón; el exconsejero de la magistratura y actual Fiscal General porteño, Juan Bautista Mahiques; y Daniel Angelici, operador judicial y único miembro de “la mesa” que no tenía cargo formal en el gobierno macrista, entre otros. Con la ampliación de la denuncia sumaron a Hornos, por ejemplo.
En el Correogate, el juez federal Ariel Lijo investiga, y a paso muy lento, si el expresidente y funcionarios de su gobierno cometieron algún delito penal en la negociación de la deuda millonaria que la empresa Correo Argentino -propiedad de la familia Macri- mantiene con el Estado. Durante la presidencia de Macri, el Poder Ejecutivo aprobó una condonación multimillonaria que derivó en una causa penal. Es que Macri estuvo a los dos lados del mostrador cuando buscó perdonarse 70 mil millones de pesos.
Y sobre Macri recaen las causas del espionaje ilegal. Una de las particularidades del 2020 en materia judicial fue el surgimiento y avance de diversas causas por espionaje ilegal contra el macrismo. El exjefe de la AFI, Gustavo Arribas, y su segunda, Silvia Majdalani, fueron procesados en distintas causas y jurisdicciones por ser quienes ordenaron las acciones de inteligencia ilegal. Los hechos se investigan actualmente en los tribunales federales de Lomas de Zamora, Dolores, Mar del Plata y Comodoro Py. En total, la cantidad de procesados por este tipo de tareas supera las 50 personas. Incluye a exdirectivos de la agencia, a espías de calle e inorgánicos, a policías y a la excúpula del Servicio Penitenciario Federal (SPF). Aparece, incluso, un exempleado del juzgado de Claudio Bonadio devenido en agente de inteligencia. Entre las víctimas figuran dirigentes políticos (oficialistas y opositores), sociales, eclesiásticos, sindicales, empresarios y periodistas. Hasta los familiares de los tripulantes del ARA San Juan fueron espiados durante el gobierno de Macri tras el hundimiento del submarino. Las denuncias alcanzan al expresidente. Los principales casos son: el que investiga el rol de los Super Mario Bros, se suma el del espionaje a CFK y el Instituto Patria, también se cuenta el caso de las bases AMBA y a todas estas causas se suman el caso D’Alessio y la investigación sobre el espionaje a los familiares del ARA San Juan que se inició por una denuncia de la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, que por ahora tramita en los tribunales de Mar del Plata.
Para redondear, está "el hotel del arrepentido". A principios del 2020, la fiscal Paloma Ochoa abrió la investigación, motorizada por una denuncia del juez federal Ariel Lijo, para saber si el gobierno de Mauricio Macri le financió a Alejandro Vandenbroele la construcción de un hotel boutique en Mendoza como forma de pago por su testimonio como arrepentido en causa Ciccone, que involucra a Amado Boudou. El caso se abrió a partir de una investigación de El Destape. Y la persecución de la AFIP a CFK. Otra investigación que se inició en el 2020 fue la de la utilización de la AFIP por parte de Macri para perseguir vía un “hostigamiento fiscal” a Cristina Fernández de Kirchner, la principal dirigente de la oposición en aquel entonces Asimismo, los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa acusaron a Macri de vaciar el Grupo Indalo, meterlos presos y querer quedarse con sus empresas, vía ejecutivos amigos. El objetivo incluía a sus medios, con la intención de torcer su línea editorial y sumarlos a la persecución contra CFK.
Y una causa caliente: Peajes. Antes de jubilarse, en julio del 2020, el juez federal Rodolfo Canicoba Corral procesó a los exministros de Transporte y Hacienda de Macri, Guillermo Dietrich y Nicolás Dujovne, respectivamente, en el marco de la “causa Peajes”, donde se investiga la negociación ruinosa para el Estado con los principales concesionarios de los peajes de Acceso Norte y Oeste. Canicoba Corral procesó en el mismo expediente al exdirector de Vialidad Javier Iguacel y al exprocurador General del Tesoro, Bernardo Saravia Frías. Todos fueron beneficiados por la Cámara Federal porteña, que con los votos de Martín “Doctrina” Irurzun y Leopoldo “puesto a dedo” Bruglia, decretó la nulidad de los procesamientos. El caso investiga el pago irregular de más de 500 millones de dólares. Tras esa decisión, los imputados pidieron la nulidad de lo investigado y de sus indagatorias. Pero ese reclamo les fue rechazado por lo que la investigación volvió a recobrar impulso.
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