El pedido de jury que hiciera el senador Oscar Parrilli contra el fiscal Carlos Stornelli por “mal desempeño” en sus funciones por su accionar en la causa de las fotocopias de los Cuadernos, finalmente, empezó a moverse el Ministerio Público Fiscal. El Procurador General interino, Eduardo Casal, le giró la denuncia al fiscal para que haga su descargo. Luego, según informaron fuentes del MPF, el caso pasará al Consejo Evaluador que emitirá un dictamen no vinculante. La palabra final la tendrá Casal quien rechazó excusarse, como le planteó Parrilli. A la par, como el pedido de destitución del senador contenía una enumeración de delitos penales, la Procuración envió el escrito a los tribunales de Comodoro Py para que se defina si debe abrirse una causa penal.
El 19 de mayo pasado, Parrilli requirió la destitución vía juicio político de Stornelli y del defensor oficial Gustavo Kollmann, quien representó al chofer Oscar Centeno, en “Cuadernos”. A ambos, los acusó de “mal desempeño en sus funciones” y de ser armadores clave de la persecución a los opositores, especialmente, contra Cristina Fernández de Kirchner, durante el gobierno de Mauricio Macri desde la causa de las fotocopias. En su escrito, Parrilli le reclamó a Casal que se excuse de intervenir porque consideró que durante la gestión cambiemita tuvo una actitud “encubridora” de Stornelli por la que “deberá responder oportunamente”. El procurador rechazó la excusación. Parrilli había dejado asentada la recusación, ante la posibilidad de que Casal no aceptase hacerse a un lado del proceso. También la rechazó in limine. “Resulta manifiestamente improcedente”, le respondió Casal respecto a su corrimiento del caso.
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En un escrito de 2 páginas firmado el 26 de mayo, el Procurador interino también decidió girar el caso al fiscal ante la Cámara Federal porteña, José Luis Agüero Iturbe, para que en los tribunales de Retiro se analicen los delitos penales que enumeró Parrilli. Dado el respaldo que Stornelli tiene en Comodoro Py, no son muy optimistas en el entorno del senador respecto al devenir de esa pesquisa.
Como “la denuncia de mal desempeño se apoya en la presunta comisión de delitos”, Casal decidió que se extraigan testimonios y se remita el caso a Agüero Iturbe, “a fin de que, en forma directa, o a través del señor agente fiscal que designe al efecto, se practiquen todas aquellas diligencias preliminares que pudiesen resultar necesarias con el objeto de verificar la existencia de algún hecho susceptible de ser considerado como delito y, en su caso, se formule denuncia en los términos del artículo 174 del Código Procesal Penal, de todo lo cual se deberá mantener informada a esta Procuración General”.
A la hora de requerirle las explicaciones del caso a Stornelli, que tiene un plazo de 10 días para responder el planteo de Parrilli, Casal recordó la conformación del Consejo Evaluador que analizará el planteo del senador nacional. Enumeró a los siguientes 5 fiscales generales: Alejandro Alagia; Guillermo Pérez de la Fuente; Oscar Ciruzzi; Susana Pernas; y Julio Piaggio.
Stornelli ya recibió un revés del consejo cuando este decidió que si no se presentaba a declarar en el juzgado de Dolores en el marco del D’Alessiogate debía enfrentar un jury que le quitase los fueros. Sin ese privilegio se quedaba sin blindaje para evadir su indagatoria. El ultimátum del consejo desencadenó que después de meses de rebeldía el fiscal se presentase ante el magistrado Alejo Ramos Padilla. Es que la decisión de estos fiscales generales no es vinculante pero tiene mucho peso: difícilmente Casal –que es el que tiene la última palabra- se oponga a lo que definan porque quedaría muy expuesto.
El pedido de jury a Stornelli
El fiscal Stornelli está procesado en el D’Alessiogate y tiene un expediente por estos hechos abierto en el Ministerio Público Fiscal, que avanza a paso demasiado lento. No obstante, la presentación de Parrilli apunta directamente al accionar de Stornelli en la causa de las fotocopias, que estuvo repleta de irregularidades.
Para Parrilli con la causa Cuadernos se puso en marcha “un sistema de persecución judicial” ideado por “el gobierno del ex presidente Mauricio Macri”, que estuvo “auxiliado con la complicidad activa y pasiva de distintos exponentes del Poder Judicial y del Ministerio Público de la Defensa y Fiscal”. Entre ellos, el fiscal Stornelli y el defensor Kollmann, quienes “han posibilitado el encarcelamiento y extorsión de decenas de personas”. Detrás de esta persecución se escondía “como principal objetivo, la descalificación personal y política” de Cristina Fernández de Kirchner “y de sus funcionarios más cercanos del gobierno”.
Entre las irregularidades que rodearon “Cuadernos”, el legislador nacional mencionó el fórum shopping, es decir, la elección de un juzgado y fiscalía a dedo para instruir la pesquisa. Es que la causa no fue a sorteo como hubiera correspondido sino que quedó a cargo de la dupla Bonadío-Stornelli por una supuesta conexidad con la causa GNL, que también estuvo repleta de ilegalidades. Allí, por ejemplo, declaró como testigo el espía Marcelo D’Alessio y contó con la participación del perito David Cohen, que hoy está procesado por su falsear un estudio clave de esa investigación. La elección del juzgado tenía por fin último, según el denunciante, perseguir a la expresidenta.
En la presentación se recuerda que la exesposa de Centeno, Hilda Horovitz, ya había prestado una declaración con un relato similar al de Cuadernos y que los hechos a investigar se habían sorteado y recaído en el juzgado que estaba a cargo de Sergio Torres. Y se añade que cuando el periodista Diego Cabot le entrega la información del chofer a Stornelli, el fiscal ya sabía de la existencia del relato de Horovitz. “Sin embargo, Carlos Stornelli no envió al periodista Cabot al juzgado del Dr. Torres para que le reciba declaración, sino que se la recibió él – bajo ese formato extraño en bares y su domicilio particular que luego documentó en su público despacho - y envió su testimonio a Bonadío”, quien decidió quedársela.
En el pedido de jury también se rememora respecto a Stornelli que “varias de las defensas particulares de imputados han relatado minuciosamente las extorsiones que llevaba a cabo este impresentable fiscal, hablando de la entrega de sortijas para obtener la libertad para quienes se acogieran al régimen de arrepentido y además, como si esto fuera poco, involucraran a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner”.
A esto, Parrilli suma la presión sobre Centeno para que cambie de abogado. El chofer, ya detenido, mantuvo un encuentro a solas con Bonadío y Stornelli, reunión que luego derivó en que cambiara de abogado y eligiera a Kollmann como defensor. “Lo ‘convencieron’ de que designara al defensor oficial”, afirma el denunciante. El encuentro ocurrió el 1 de agosto de 2018 en los tribunales de Comodoro Py, cuando Centeno ya estaba detenido. A partir de entonces, Centeno se convirtió en colaborador.
Allí entra en escena Kollmann, quien “no sólo silenció la extorsión y el ‘apriete’ a Centeno por parte del Fiscal Stornelli y el Juzgado de Bonadío, sino que participó en la maniobra cuando al día siguiente ‘simuló’ el arrepentimiento de Centeno con algunas formalidades mentirosas que escondieron el encierro ilegal de éste”. Según afirmaron desde el entorno de Parrilli, en el caso de Kollmann el senador hizo la ratificación de la denuncia vía videconferencia.
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