La denuncia penal que impulsó el macrismo contra los periodistas Roberto Navarro, Ari Lijalad y Franco Mizrahi avanza en Comodoro Py. En lugar de desestimar la demanda, que acusa a los periodistas de delitos que prevén hasta 6 años de cárcel, el fiscal Eduardo Taiano pide que se investiguen las publicaciones de El Destape y que lo haga la División de Cibercrimen de la Policía porteña. Se trata de la denuncia encabezada por el diputado Waldo Wolff, presidente (aún hoy) de la comisión de Libertad de Expresión.
Navarro, Lijalad y Mizrahi fueron denunciados por la publicación de varias notas a partir de la información que surge de un libro de actas de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante la gestión de Mauricio Macri, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, al que tuvieron acceso por su trabajo como periodistas. Como ya explicaron, la acusación tiene como objetivo voltear la causa por espionaje ilegal que involucra al ex presidente y es absolutamente falsa, malintencionada y ataca la libertad de expresión y el derecho a la información. Los mismos que judicializaron la política pretenden judicializar el periodismo. Y parte del Poder Judicial, como Taiano, aún hoy los amparan. De hecho, el fiscal pidió que se analicen todas las publicaciones que hubo sobre las actas.
La denuncia fue presentada por los diputados Wolff, Fernando Iglesias, Álvaro de Lamadrid y Jorge Enríquez. Recayó en el juzgado de María Romilda Servini. El aún hoy presidente de la Comisión de Libertad de Expresión dijo que no había denunciado a los periodistas pero la jueza lo desmintió. Separó el caso de los periodistas de El Destape del de los funcionarios denunciados y le envió el legajo al fiscal Taiano en base al artículo 180 del Código Procesal Penal.
El fiscal Taiano podía desestimar la denuncia pero pidió investigar a Navarro, Lijalad y Mizarhi. Le pidió a la jueza Servini que previo a pronunciarse sobre si darle impulso o desestimar la denuncia “resultaría conveniente verificar las fechas en las que habrían tenido lugar cada una de las publicaciones mencionadas en la denuncia, la forma en que habría sido publicado el libro de actas en cada una de ellas, como así también si dichas publicaciones al día de hoy continúan vigentes”.
En su escrito, el fiscal Taiano también plantea que “resultaría pertinente establecer si al día de hoy existe alguna nueva publicación donde surja el libro de actas en cuestión y en tal caso se verifique la forma en que el mismo se encuentra siendo publicado”. Y solicitó “que se le de intervención a la División Cibercrimen de la Policía de la Ciudad”.
La jueza Servini, por su parte, decidió delegar en el fiscal Taiano la investigación sobre los periodistas de El Destape . “Por recibida la presentación efectuada por el Fiscal Federal” y “dispónese la delegación de la investigación –únicamente de este legajo- en cabeza del Magistrado a cargo de la Fiscalía Nacional en los Criminal y Correccional Federal N° 8”, dice la respuesta de la jueza ante el pedido del fiscal.
No es extraña la actitud del fiscal Taiano. Se trata de uno de los arietes de la persecución judicial desatada desde Comodoro Py contra CFK y ex funcionarios de su gobierno. Taiano fue quien pidió enviar a juicio a CFK, Axel Kicillof, Alejandro Vanoli, Miguel Pesce, Pedro Biscay y otros por el caso Dólar Futuro. También impulsó la causa armada contra CFK por la obra pública en Santa Cruz, actualmente en un juicio que se desmorona a cada nuevo testimonio.
Pero Taiano tiene doble vara. Cuando tenía que investigar a Luis “Toto” Caputo por manejos irregulares en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES desestimó la denuncia. Cuando le tocó el caso Papel Prensa demoró el expediente durante años junto al juez Julián Ercolini. Con Ernestina Herrera de Noble, Héctor Magnetto y Bartolomé Mitre no se metió. Pero sí con los periodistas de El Destape.
Las notas de El Destape siguen publicadas. Como ya explicó este medio, no solo no publicó información sensible sino que hacer periodismo no constituye delito.
La cuestión de fondo es que Lijalad y Mizrahi accedieron a un libro de actas de la AFI, lo analizaron y publicaron una serie de notas en base a la información que contienen esos documentos. La fuente de esos documentos se preservó, como corresponde. En ninguna nota se publicaron datos que revelaran la identidad de ningún agente ni convenios con organismos de inteligencia extranjeros. Las pocas imágenes que se seleccionaron y publicaron fueron intervenidas con tachaduras para preservar información sensible.
En la primera nota sobre el tema, publicada el sábado 19 de septiembre, el único dato a la vista fue de personal jerárquico de la AFI durante la gestión de Arribas y Majdalani, cuya identidad es pública y cuyo rol en el entramado de espionaje ilegal se investiga en el juzgado de Lomas de Zamora. Puntualmente el de Juan Sebastián De Stéfano, a cargo de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la AFI durante el macrismo, el área que centralizó el espionaje ilegal, las escuchas telefónicas y hasta las visitas a jueces para presionarlos por fallos que interesaban a Macri. Su nombre, cargo y actividad política son públicos. E incluso, recientemente, en el marco de la causa de Lomas de Zamora, los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide pidieron que se lo cite a prestar declaración indagatoria.
La denuncia dice que “El propio portal El Destape Web continuó publicando notas en las que se expusieron más datos secretos como nombres de agentes y personas jurídicas de cobertura". Se refieren, por un lado, a las nota donde se reveló que uno de los hijos del fiscal Carlos Stornelli, procesado por su participación en 8 casos de espionaje ilegal, revistaba en la AFI macrista. Por otro, a las empresas fantasma de la AFI cuyas acciones continuaban en manos de Antonio Horacio Stiuso hasta entrado el gobierno de Macri.
Los diputados macristas coordinaron con Clarín la difusión de la denuncia. Justo en Clarín, un medio que sí publicó actas de la AFI sin tachaduras. Que denuncien a El Destape y no a Clarín, que publicó lo mismo y más, es prueba suficiente que se trata de una persecución ideológica, de la judicialización del periodismo, de intentar aplicarle a Navarro, Lijalad y Mizrahi la mordaza que no lograron, pese a reiterados intentos, durante el gobierno de Macri.
Sobre las actas de la AFI en sí, no hay ningún delito al publicar una información que fue subida a un expediente judicial y puesta a disposición de todas las partes que intervienen en la causa por espionaje ilegal que tramita en el juzgado de Lomas de Zamora, tanto los acusados como los espiados. Por lo que corre lo mismo para los otros medios que ahora el fiscal Taiano también pretende investigar.
Cerrar sesión