La Cámara de Diputados retomará este martes el tratamiento en particular de la ley Omnibus con una incertidumbre similar con la que cerró el viernes, luego de la aprobación en general. Antes de iniciar su viaje a Israel, el presidente Javier Milei dejó a sus funcionarios la instrucción de "no ceder más" y el ministro del Interior, Guillermo Francos, avisó en una entrevista que estaba clausurada la posibilidad de coparticipar el impuesto PAIS, como venían reclamando los gobernadores dialoguistas. "Si el impuesto PAIS es vetado habrá que buscar otros mecanismos. Las provincias tienen que tener la certeza de que van a poder funcionar", avisó el jefe del bloque de Hacemos Coalición Federal, Miguel Angel Pichetto. El gobernador cordobés Martín Llaryora a esta altura ya estaría fastidiado y Pichetto advirtió que podrían llegar a discutir una fórmula de movilidad más beneficiosa para los jubilados. Los decisivos votos radicales pasaron a cotizar en alza.
Luego de la aprobación en general por 144 a 109 votos, el Gobierno tuvo todo un fin de semana para negociar el articulado en general que decidió no aprovechar, Fiel a su estilo, recién el lunes comenzó el intercambio de mensajes con los legisladores dialoguistas para conocer la opinión respecto a los diferentes capítulos de la ley Omnibus, con diferencias que ya vienen de arrastre desde hace varios días. Los gobernadores tendrían mucha mejor predisposición a votar los puntos conflictivos del proyecto si la Casa Rosada ofreciera alguna manera de compensar la pérdida que sufrieron con la eliminación del impuesto a las Ganancias. Lo que dice el Gobierno es que primero voten la ley y que luego se sentarán a discutir un nuevo pacto fiscal con los gobernadores.
Francos reiteró un argumento. El Gobierno planea terminar pronto con el cepo al dólar y el impuesto PAIS que se cobra a la compra de divisas. Si lo coparticiparan, luego tendrian que inventar otro impuesto para compensar a los gobernadores. Incluso, anticipó que si los gobernadores juntan número para votarlo, Milei lo vetará. Insistió con la propuesta de diferir un nuevo acuerdo fiscal con los gobernadores luego de la discusión por la ley Omnibus, algo que no tranquiliza nada a los mandatarios que encuentran un Ejecutivo con cero predisposición a negociar. Menos tranquilos todavía cuando corroboran que, en estos casi dos meses de gestión, lo peor del ajuste le tocó a las provincias.
De acuerdo a un informe elaborado por el observatorio Ocipex, el recorte a las provincias fue del 56% en términos reales comparando este enero con enero del año pasado. Sin muchos miramientos, la motosierra pasó por las transferencias de recursos a cajas previsionales provinciales, infraestructura de hospitales, políticas educativas y penitenciarias, entre otros. La provincia de Buenos Aires que gobierna Axel Kicillof resultó la más perjudicada: le recortaron todas las transferencias que no sean del Fondo de Incentivo Docente, incluido el Fondo de Fortalecimiento Fiscal que apunta a reducir las asimetrías de la coparticipación, donde la PBA aporta aproximadamente el 40% de la masa coparticipable y recibe apenas la mitad.
En cuanto a los ATN, los fondos discrecionales que envía el Ejecutivo a las provincias para superar dificultades, sólo llegaron a Corrientes. Seguramente eso habrá incidido en que el gobernador correntino Gustavo Valdés haya sido el único mandatario radical que salió decididamente a reclamar la aprobación de la ley Omnibus y centró sus críticas en el peronismo. El informe detalló que "los ajustes más relevantes del gobierno nacional estuvieron en políticas ambientales (-83%), política laboral (-65%), provincias (-56%) vivienda y agua potable (-50%), salud, industria y seguridad social, con más del 30% de recorte. Las obras públicas, que tienen mucha incidencia en las economías provinciales, la disminuyeron en un 88% y sólo continuaron las que tienen financiamiento internacional.
Con estos antecedentes, es lógico que los gobernadores desconfíen y quieran tener cerrado un acuerdo antes de la votación en la que cederán facultades excepcionales a Milei por un año, renovable por otro. Pichetto, que viene funcionando como el principal negociador de los mandatarios, deslizó que revisarán la propuesta para las jubilaciones que planea dejar la actual fórmula de movilidad jubilatoria para recién en abril poner en marcha una actualización que acompañe la inflación mensual. "Vamos a ver si podemos conversar mañana para revisarlo", adelantó el jefe de la bancada Hacemos, donde conviven legisladores de diferentes extracciones. Uno de los reclamos de los legisladores cordobeses que responden a Llaryora es que el FGS de la Anses se utilice para compensar a las provincias -como Córdoba y Santa Fe- que que no transfirieron sus cajas jubilatorias a la Nación.
Por su parte, los diputados radicales mantuvieron un zoom para definir qué posición mantendrán en el recinto. La amplitud de las facultades delegadas, la forma de privatizar empresas públicas y la eliminación de la obligatoriedad de un tratamiento parlamentario a la toma de deuda en moneda extranjera son otros de los temas conflictivos, en los que existen posiciones diferenciadas. Si no hay un llamado de último momento para negociar, la sesión arrancará con muchas dudas acerca de cómo saldrá la ley. De nuevo se anticipan varias jornadas de discusión de tono elevado, dentro y fuera del Congreso.
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