Cuando finalice el año, el proyecto que busca proteger los humedales en todo el país perderá estado parlamentario por tercera vez en ocho años, al igual que en 2013 y 2016, cuando se trataron proyectos similares que lograron media sanción del Senado, pero que luego caen en los cajones y pasillos de la Cámara de Diputados. Las organizaciones ambientalistas denuncian que volvió a triunfar el triple lobby minero, inmobiliario y agroindustrial.
Aún queda una posibilidad, remota, pero fuentes parlamentarias que impulsan el proyecto reconocen que ya no hay tiempo y que nunca hubo voluntad de avanzar. Técnicamente el proyecto no perdió estado parlamentario, ya que se podrían constituir las comisiones, realizar un plenario y tratarlo en ordinarias antes del 31 de diciembre, pero eso no va a ocurrir.
El Poder Ejecutivo oficializó el 17 de noviembre la prórroga de las sesiones ordinarias del Congreso, hasta el 31 de diciembre. Si el presidente Alberto Fernández decide convocar a sesiones extraordinarias para enero o febrero y no incluye el proyecto en el temario, la Ley de Humedales se cae y deberá comenzar por cuarta vez su camino parlamentario.
Durante todo el año, numerosas organizaciones y movimientos militaron e impulsaron el proyecto. Hace un mes, más de 380 en todo el país firmaron un documento y se movilizaron para exigir el tratamiento ante el panorama desalentador que observaron en la agenda del Congreso.
“Perdimos una oportunidad histórica. Salvo muy pocas excepciones, nuestros representantes exhibieron una brutal indiferencia frente al cada vez más dramático retroceso de los humedales en Argentina”, Dice Rafael Colombo, de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA), a El Destape.
“Claramente, triunfó por tercera vez el triple lobby minero, agroindustrial e inmobiliario que operó abiertamente en contra de una ley de Humedales y continúa destruyendo estos ecosistemas, como ocurre en el delta del Paraná con los incendios intencionales agravados por la crisis climática, el avance de la ganadería intensiva y mega-urbanizaciones como las de Nordelta o con los humedales altoandinos frente al explotación de litio, entre otros muchos sitios Ramsar considerados de importancia internacional”, denuncia Colombo.
La regulación busca terminar con el avance de los empresarios sobre los humedales sin planificación ni control. "La protección de esos ecosistemas, que ocupan 600.000 km2 (el 21,5% del país), es clave para diversas formas de vida, incluyendo la humana. Cumplen roles importantes tales como la provisión de agua dulce, la mitigación del cambio climático, la prevención de inundaciones, entre otros", explican desde las organizaciones.
Sin embargo, no se sabe con exactitud cuántos humedales hay, su extensión ni su estado de conservación y destrucción. En parte, la falta de información se explica por la ausencia de un marco legal que los proteja. Los principales son el Delta del Paraná, Esteros del Iberá, Costas marina bonaerense y patagónica, los glaciares, las lagunas altoandinas, y Turbales de Tierra del Fuego, entre otros, en zonas urbanas y rurales.
El proyecto a punto de caer tiene como objetivo establecer los presupuestos mínimos para la conservación, uso racional y sostenible de los humedales en todo el país, tal como indica el artículo 41 de la Constitución Nacional.
“Al haber zonas de humedal en áreas muy distintas del territorio argentino, hay múltiples sectores corporativos que avanzan permanentemente sobre estos ecosistemas y que obstruyen el tratamiento de la ley”, explica Mercedes Pombo, militante ambiental y una de las referentes de Jóvenes por el Clima, a El Destape.
Pombo detalla que son “lugares muy atractivos para el lobby inmobiliario, particularmente para la instalación de barrios de lujo”. Además, otra de las problemáticas que enumera es “la expansión del monocultivo de soja que desplaza la ganadería intensiva hacia zonas de humedal”, y también “el lobby minero en los salares de altura o las turberas de tierra de fuego”.
“El enfrentamiento simultáneo con este conjunto de lobbies es uno de los principales motivos que hacen que, a pesar del amplio consenso social, esté por perder estado parlamentario por tercera vez consecutiva”, finaliza Pombo.
El abogado ambientalista Rafael Colombo asegura que “no vamos a bajar los brazos”, y que van a “redoblar los esfuerzos e insistir el año que viene con la sanción del texto tal cómo salió aprobado de la Comisión de Ambiente, esperando que el parlamento esté a la altura de la circunstancias”.
“Parece que no fue suficiente ver arder los humedales del delta del Paraná y muchas otras áreas protegidas durante los últimos dos años, con toda la biodiversidad calcinada por las llamas y el humo de las quemas invadiendo las principales ciudades en plena pandemia”, finaliza el representante de la AAdeAA.
Por último, uno de los diputados que impulsó el proyecto, el santafesino Enrique Estévez, del Bloque Socialista, señala que es necesario “más compromiso ambiental y menos relato por parte del gobierno nacional".
"Desde el Bloque Socialista hemos presentado un proyecto propio de Ley de Humedales, fruto del trabajo conjunto con universidades y organizaciones ambientalistas, pero luego en la Comisión de Recursos Naturales consensuamos un proyecto con todas las fuerzas y sacamos un dictamen unificado. Estábamos confiados que iba a avanzar, pero se cajoneó en la Comisión de Agricultura, presidida por el oficialismo", dice Estévez en diálogo con El Destape.
"Necesitamos frenar urgente este ecocidio", dijo por último el dirigente socialista.
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