La Cámara de Diputados comenzará a debatir esta tarde en comisión una reforma de la ley de alquileres, con el eje puesto en modificar el plazo de vigencia de los contratos entre propietarios e inquilinos, así como el sistema de actualización de los mismos.
La discusión se dará en la comisión de Legislación General, que se conformará a las 15, a partir de un acuerdo alcanzado el miércoles pasado por el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, con titulares de los bloques de la UCR, Mario Negri, y del PRO, Cristian Ritondo, que conforman el interbloque Juntos por el Cambio.
Para lograr ese objetivo, Massa firmó el viernes pasado la respectiva resolución citando a esa comisión que tendrá 31 miembros, de los cuáles 16 corresponderán al Frente de Todos, 14 a Juntos por el Cambio y uno al interbloque Federal. Entre ellos la integrarán María Eugenia Vidal (PRO), Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), Karina Banfi (UCR), Carla Carrizo (Evolución), Margarita Stolbizer (GEN), Daniel Arroyo (FdT), Cecilia Moreau (FdT), Vanesa Siley (FdT) y Graciela Camaño (interbloque Federal).
El acuerdo entre el FdT y JxC establece que a lo largo de 30 días hábiles -equivalente a alrededor de 45 días corridos- se discutirán las reformas a la ley de alquileres que se encuentra vigente desde julio de 2020, con el objetivo de lograr un dictamen mayoritario entre las principales fuerzas políticas.
También se determinó que la discusión se lleve adelante sólo en la comisión de Legislación General, como pidió Juntos por el Cambio, lo que de algún modo deja de lado la posibilidad de que se incluya la creación de un impuesto a la vivienda ociosa, como propone el legislador del FdT y exgobernador de San Juan José Luis Gioja.
El interbloque opositor había convocado a una sesión especial para este mismo martes con el propósito de derogar la actual ley de Alquileres, pero desactivó la maniobra tras el acuerdo con el oficialismo y no contar con una mayoría especial para aprobar la iniciativa.
Nueva ley de alquileres 2022: los cambios que proponen a la norma
La norma vigente -denominada en ocasiones "Ley Lipovetzky" en alusión a su autor, el ex diputado nacional del PRO Daniel Lipovetzky- no trajo los resultados esperados, ya que no contribuyó con el objetivo primario de contener los aumentos, y en muchos casos provocó el efecto contrario por la reducción de la oferta de viviendas en alquiler a consecuencia de la mayor regulación de ese mercado.
Una de las principales objeciones de esta norma tienen que ver con el plazo de duración de los contratos, que pasó de dos a tres años y contribuyó a la retracción de la oferta por parte de los propietarios.
Otro de los puntos impugnados es el mecanismo de actualización de los precios, que se da una vez por año de acuerdo a una fórmula que combina inflación (IPC) con variación salarial (RIPTE), lo que en los últimos meses llevó a saltos en los contratos de alrededor del 50% entre un mes y otro.
Según se adelantó, en principio hay consenso en retrotraer estos cambios y restaurar los contratos de dos años con indexación semestral.
Por otra parte, el diputado sanjuanino del Frente de Todos José Luis Gioja presentó un proyecto con topes en los precios y un impuesto a la vivienda ociosa. Pero este último punto es rechazado de plano por la oposición para no perjudicar a los propietarios, por lo que parece improbable que sea incluido en una nueva ley consensuada.
La iniciativa de Gioja también busca otorgar beneficios tributarios para los propietarios que alquilan sus inmuebles, entre ellos, la desgravación del Impuesto a los Bienes Personales por 15 períodos fiscales. E incluye a su vez un plan para la construcción y adquisición de inmuebles por el Estado Nacional, las provincias y la Ciudad para la gestión pública de alquileres sociales, a precios más bajos que los del mercado.
Con información de Télam y NA.
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