El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denunció al Gobierno nacional de Javier Milei ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las Naciones Unidas (ONU) por “restricciones al derecho a la protesta” por la fuerte represión desplegada durante el debate de la Ley Bases y las detenciones arbitrarias de las fuerzas de seguridad.
El organismo de derechos humanos alertó una “escalada penal arbitraria y peligrosa” dadas las imputaciones que se les pretende endilgar a las y los 33 detenidos –de los cuales 17 fueron liberados el viernes por la noche- por delitos gravísimos como “terrorismo” y “sedición”, tras la presentación realizada por el fiscal Carlos Stornelli. Además, solicitaron a la jueza María Romilda Servini la liberación de todas las personas encarceladas (16).
“El objetivo político del gobierno es infundir miedo a cualquiera que se movilice para protestar”, indicaron desde el organismo en un comunicado y explicaron que hicieron las presentaciones en un contexto “de restricciones muy graves al derecho a la protesta, a la libertad personal y a las garantías judiciales”.
Los escritos están dirigidos a las y los relatores especiales de la CIDH y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de la ONU y forman parte de otras presentaciones que ya hizo el CELS en otras ocasiones desde el inicio de la gestión ultraderechista para hacer un seguimiento de la “situación en la Argentina en relación con procesos de represión y criminalización de la protesta y otras formas de organización política y social”.
El pedido concreto a los organismos internacionales internacionales es:
1. Solicite información al Estado sobre el desarrollo del operativo de seguridad del día 12 de junio de 2024, especialmente respecto del respeto al derecho a la protesta social y libertad de expresión;
2. Manifieste al Estado argentino su preocupación por la situación de criminalización de la protesta social por parte de las fuerzas de seguridad;
3. Formalice una manifestación pública de preocupación por los hechos puestos en su conocimiento, que afectan gravemente el derecho a la protesta, a la libertad de expresión y a la reunión en la Argentina.
4. Solicite al Estado argentino que se abstenga de disuadir la participación en manifestaciones, de estigmatizar a las organizaciones sociales y sindicales y de inhibir el pleno ejercicio del derecho a la protesta, la libertad de expresión y de asociación por parte de la ciudadanía.
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La denuncia
En los distintos apartados el CELS hizo una descripción de lo que fue la jornada, desde la concentración convocada abiertamente por organizaciones de la sociedad civil, políticas, sindicales, estudiantiles y de derechos humanos, entre otras, para manifestarse “en oposición a esta iniciativa que implica graves retrocesos en materia de derechos”. Así, como sobre el amplio operativo de las Fuerzas de Seguridad en el que participaron efectivos de la Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y de Policía de la Ciudad, que se desplegaron en cordones y con carros hidrantes y de asalto. Todos ellos se desplegaron desde las inmediaciones del Congreso hasta unas cuatro o cinco cuadras a la redonda, en donde detuvieron a varios de las y los manifestantes.
Destacaron, en tanto, que se observaron efectivos “sin uniforme y efectivos de Prefectura Naval portando armas de fuego”. “El operativo se caracterizó por el uso abusivo de armas menos letales (irritantes químicos manuales, tonfas, balas de goma, camiones hidrantes, que ocasionaron lesiones en los manifestantes), detenciones arbitrarias y ataques contra trabajadores de prensa (…)”, dijeron y contaron varios casos en los que distintas personas que sufrieron afecciones a la salud como quemaduras en los ojos, en la piel y hasta respiratorias “por la toxicidad del químico” de los gases.
Tras detallar con nombre y apellido a las personas detenidas de manera arbitraria explicaron que la solicitud de la Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4, a cargo de Carlos Stornelli, cae en la “criminalización de los manifestantes” y que hace un “uso de figuras penales desproporcionadas”, con fundamentos tomados de notas periodísticas y de una publicación en redes sociales de la Oficina del Presidente (OPRA) –organismo inexistente en el organigrama del Estado- que habla de “terrorismo” e “intento de golpe de Estado”.
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Los delitos que les adjudica están:
• Instar la violencia colectiva en contra de las instituciones infundiendo temor público
• Alzarse en contra del orden constitucional con el propósito de perturbar y/o impedir el libre ejercicio de las facultades constitucionales de los representantes de la cámara alta del congreso
• Daños, incendios y estragos dolosos
• En algunos casos, la tenencia de material explosivo y/o incendiario
• Alteración del orden público
Entre las personas atacadas por las fuerzas de seguridad, también identificaron a trabajadoras y trabajadores de prensa “producto del uso abusivo e ilegal de gas pimienta y balas de goma”. Incluso, un fotoreportero recibió un disparo de bala de goma en el rostro, concretamente en el entrecejo. “Esto es sumamente problemático dado que hemos relevado que en operativos policiales recientes varias personas han sufrido lesiones oculares como consecuencia del uso abusivo de estas armas”, apuntaron.
El discurso público criminalizante por parte del Gobierno nacional y del partido oficialista La Libertad Avanza, el anuncio de denunciar los “desmanes” y demandar por los costos del operativo a las organizaciones que se convocaron, también son parte de la descripción de los hechos.
El pedido a Servini
En el documento dirigida a la jueza que debe definir sobre la liberación. de las 16 personas que aún se encuentran detenidas, solicitaron la “inmediata liberación” por resultar “decididamente incompatible con los derechos y garantías constitucionales que regulan el encarcelamiento preventivo”, que se corre del principio de inocencia. El pedido también está basado en la normativa internacional a la que la Argentina adhiere e incluye las presentaciones hechas en la ONU y en la CIDH.
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