Decenas de miles de personas en las calles estarán a la expectativa este miércoles de lo que se discuta dentro del recinto de la Cámara alta, en un escenario de paridad en el que cada voto indefinido vale doble. La apuesta de Unión por la Patria es que el clima externo condicione a los senadores que durante el debate en comisión mostraron muchas diferencias con el proyecto de ley Bases que llegó con media sanción de Diputados, pero luego terminaron firmando el dictamen en disidencia, en algún caso luego de reunirse personalmente con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Es que así como luego del fracaso de aquella ley Omnibus original de enero, el presidente Javier Milei aseguró que prefería perder a entrar en un "toma y daca corrupto" de la política, el ascenso de Francos en la grilla ministerial abrió la puerta a la tradicional negociación donde todos se llevan algo en la cartera. Luego de recibir a varios gobernadores durante la semana, en jefatura de Gabinete eran optimistas en repetir el escenario que se dio en las comisiones. Sin embargo, en el entorno presidencial tenían más prevenciones.
La vicepresidenta Victoria Villarruel convocó a sesión para el miércoles a las 10, con la ley Bases y el capítulo fiscal correspondiente como temas a tratar. Desde el peronismo, las tres centrales obreras y las organizaciones sociales ratificaron la idea -planteada apenas salió la media sanción en Diputados- de llamar a una gran movilización al Congreso, siguiendo el hilo de concentraciones de protesta de los últimos tiempos, que tuvo aquel gran hito en la marcha por el financiamiento universitario y le siguió otra por el día del trabajador. "O se convierten en héroes de la Patria o en los traidores de la Patria”, advirtió el co-secretario general de la CGT, Pablo Moyano, a los senadores renuentes. La movilización, en rigor, fue promovida por los sectores más combativos de la central, porque los dialoguistas que encarnan "gordos" e "independientes" creen que ya protestaron lo suficiente por ahora.
Los 33 votos negativos del bloque de senadores de Unión por la Patria estuvieron firme desde el primer día, a cuatro nada más para asegurar el rechazo. Sin embargo, sumar voluntades a partir de ahí resultó mucho más complicado de lo imaginado en un comienzo. Se suponía que entre las fuerzas provinciales y los peronistas disidentes sería sencillo reunir nuevos legisladores en desacuerdo con el proyecto oficial. Sin embargo, el oficialismo flexibilizó mucho su intransigencia inicial y comenzó a aceptar modificaciones. Una, notoria, fue la concesión a los representantes de la Patagonia de un piso de impuesto a las Ganancias más alto para la región, atendiendo que en el sur del país la vida es más cara y los ingresos son mayores.
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Entre ley Bases y capítulo fiscal se incorporaron más de 40 cambios que no modificaron los proyectos en lo sustancial, pero incorporaron algunos reclamos planteados. Con todo, aún con los cambios, los proyectos no consiguían dictamen hasta que Francos se calzó el sobretodo y fue a hablar con algunos senadores personalmente para convencerlos de que firmaran, aunque fuera en disidencia. Muchas versiones surgieron de esos diálogos, ninguna desmentida.
Por ejemplo, que con el senador de Entre Ríos, Edgardo Kueider -quien había expresado en comisión muchas críticas a la iniciativa, incluso pidiendo que el régimen RIGI se discutiera en un proyecto aparte-, se conversó sobre cargos en la Anses y en el Pami. Con el santacruceño José María Carambia -que había adelantado que presentaría un proyecto propio-consensuaron subir las regalías en minería. Pero el colmo recayó respecto a la senadora neuquina Lucila Crexell, quien habría conseguido ser designada embajadora en la Unesco. Crexell no negó la posibilidad de llegar a ese disputado cargo diplomático con sede en París, pero lo desvinculó del tratamiento de la ley. Dijo que simplemente va a cumplir con lo acordado por el gobernador Rolando Figueroa con el Ejecutivo y aprobará la ley en general.
El neuquino Figueroa fue uno de los varios gobernadores de la oposición dialoguista que desfilaron esta semana por las oficinas de Francos para cerrar acuerdos con el Ejecutivo. Como venían pidiendo muchos mandatarios provinciales, obras públicas nacionales que estaban frenadas pasarán a jurisdicción provincial. Hasta ahí todo más o menos normal para un gobierno que se jacta de haber terminado con la obra pública. Pero lo llamativo fue que con el paso del tucumano Osvaldo Jaldo -elegido por el peronismo, pero oficialista en los hechos- y del radical mendocino Alfredo Cornejo se habló de financiamiento nacional a las obras que se transferían. Jaldo dio detalles: dijo que harían obras por un total de 120 mil millones de pesos, de los cuales 90 mil millones correrían por cuenta del Estado y 30 mil millones por la provincia.
"Jaldo dijo cualquier cosa, no es así", respondían en el oficina de Francos. Aseguraban que las obras nacionales que se seguirán serán las que tienen financiamiento internacional y las que -a criterio de la Rosada- son indudablemente jurisdicción nacional como las rutas que atraviesan varias provincias. El resto serán pasadas a cada gobernador que deberá resolver de qué manera las completa. La semana que viene, antes del tratamiento en el Congreso, habrá tiempo para recibir a otros mandatarios como los de Catamarca, Córdoba y Salta para seguir en esta onda de acuerdos y sellar apoyos en el Congreso.
Billetera mata galán, así que Unión por la Patria analiza qué pasos seguir ante la posibilidad -es lo que estima Francos- que se repita en el recinto lo sucedido en comisión: que el proyecto sea aprobado en general y luego reciba algunos otros cambios en la discusión en particular. La apuesta mayor es una gran movilización a las puertas del Congreso que conmueva a los renuentes, en especial algunos elegidos en las boletas del peronismo como los tres de Unidad Federal: la bancada de Kueider, el correntino "Camau" Espínola y la cordobesa Alejandra Vigo. En principio, se cree que estos tres votarían afirmativo en general, lo mismo que los dos santacruceños y la rionegrina Mónica Silva.
"Sacaron dictamen con muchas disidencias, para nada está asegurada la aprobación", insistió el jefe del interbloque de UP, José Mayans. Contó una novedad: que trabajaban el sábado analizando el proyecto alternativo que presentó el senador y presidente de la UCR, Martín Lousteau. Según Mayans, tiene muchas diferencias con la propuesta oficial. Por ejemplo, tiene mayores exigencias para el ingreso al blanqueo, quita del listado de empresas a privatizar a Aerolíneas Argentinas, el Correo y Radio y TV Argentina, además de modificar el RIGI de manera de proteger sectores estratégicos y promover a las pymes nacionales.
Mayans no dijo que UP lo apoyaría, sólo que lo estaban analizando. El lunes, el interbloque tendrá una reunión en la que definirán la estrategia que llevarán el miércoles al recinto. La posibilidad de repetir una mayoría opositora como la que funcionó en Diputados para aprobar la reforma de la movilidad jubilatoria podría funcionar como antecedente para lo que suceda el miércoles. Es lo que temían Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, que creían que la política ya le había tomado el punto al gobierno libertario y que los mercados reaccionaban en consecuencia.
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