Bases de un país injusto y cruel

Un país para pocos. O mejor dicho: para mal de muchos y beneficio de pocos. Es el diseño de país que aprobó el Congreso con la Ley Bases y el Paquete Fiscal, un digesto legislativo que, aunque reducido respecto a sus ambiciones originales, contiene reformas que permitirán profundizar la transferencia de ingresos y blindar la injusticia distributiva de modo estructural.

Datos de esta semana dan cuenta del plan en curso. Según las estadísticas del primer trimestre que difundió el Indec, el índice de desigualdad alcanzó el 0,46 y trepó al nivel más alto del que se tenga registro desde 2016. La brecha entre el estrato poblacional que más ingresos recibe contra los sectores más vulnerables fue de 15 veces, y se arrima al 0,52 del 2001.

El panorama es aún más inquietante cuando se ven los detalles. El reporte de evolución de distribución del ingreso del Indec divide a la población relevada en 10 deciles. Hasta el séptimo decil, los hogares sumaron ingresos de hasta $735.000. Es decir: el 70% de los hogares se encuentran por debajo de la línea de pobreza, fijada por el organismo estadístico en $773.000.

Respecto a la población ocupada, se registró un ingreso promedio de $350.593 y un ingreso mediano de $260.000, equivalente al límite superior de ingresos del decil 5, bajo el cual se sitúa el 50% de las personas ocupadas. El ingreso promedio de los primeros cuatro deciles de la población, ordenada según ingreso de la ocupación principal, fue de $118.759. El ingreso promedio del estrato medio (deciles del 5 a 8) fue de $329.826, mientras que el ingreso de los deciles 9 y 10 fue de $855.881.

Los datos demuestran que en el primer tramo de mandato, el gobierno de Javier Milei profundizó el fenómeno de trabajadores pobres iniciado por el gobierno de Mauricio Macri y perpetuado durante el mandato de Alberto Fernández. Con un agregado: la caída del poder de compra de los salarios está acompañada por un aumento del desempleo. 

Al comienzo de esta semana, el Indec informó que la tasa de desocupación subió dos puntos y trepó al 7,7% en el primer trimestre de 2024. Al revisar la serie que mide el organismo, desde el inicio de la pandemia que no se observaba una destrucción del empleo de esta magnitud.

La estadística indica que en apenas tres meses se destruyeron 437.000 puestos de trabajo, a un promedio de casi 5.000 empleos por día. Los números de desocupación se duplicaron de un trimestre a otro en el segmento de los jefes y jefas de hogar, que afrontan una especial dificultad para reinsertarse en el mercado. La combinación de salarios bajos y temor a perder el empleo es campo fértil para flexibilizar las relaciones laborales, uno de los reclamos endémicos del establishment. La Ley Bases incluye un articulado que formaliza la inestabilidad y precariedad laboral. Es el modo de volver estructural el daño provocado por “la motosierra y la licuadora” que enorgullece al presidente.

La avanzada sobre los derechos laborales en un contexto de empobrecimiento es un ejemplo del método que aplica el gobierno para imponer su plan: hacer de la necesidad de las mayorías, virtud para la elite. 

Con la reducción de impuestos a la riqueza y los estímulos fiscales a las “grandes inversiones”, por caso, el gobierno se propone galvanizar el plan que Milei y sus sponsors empresarios vinieron a aplicar: un pequeño grupo de ricos, más enriquecidos por la pauperización general. El modelo no es original: en América Latina, la mayoría de los países presentan esa fisonomía de desigualdad estructural. Chile y Perú, las referencias habituales del establishment que hoy gobierna a través de los hermanos Milei, encabezan los ranking de peor distribución del ingreso, circunstancia que se mantiene inalterada, gobierne quien gobierne.

Es el paso que sigue en el plan trazado por los dueños del dinero y del poder: proteger el “sentido del viento, con o sin Milei”. Es lo que suele plantear Mauricio Macri cuando lo consultan sobre la sustentabilidad social del programa en curso. “Milei es una anécdota. Lo crucial es mantener el curso” suele repetir ante los representantes de negocios tentados por la flamante legislación “base”.

La frase de Macri busca tranquilizar a inversores extranjeros que revolotean sobre los apreciados recursos naturales argentinos, a la manera de los buitres. Hidrocarburos, minería y agro atraen a las transnacionales que operan en un mundo turbulento, donde la explotación de commodities se encarecen por guerras, crisis de Gobierno y revueltas sociales. En contraste, Argentina se presenta como un territorio apacible. Y con el Régimen para Grandes Inversiones (RIGI) abre sus entrañas para ser explotada a discreción.

La norma complementa la entrega con legislaciones que precariza las relaciones laborales, inhabilita al Estado y sublima al capital concentrado. Semejante ráfaga de agresiones requerirá para su aplicación de un férreo control social, ejecutado con violencia policial y judicial. 

La represión y prisión abusiva de manifestantes contra la Ley Bases fue el inicio, pero habrá más. Lo manifestó en una resolución el fiscal Carlos Stornelli, uno de los arietes del estado de excepción que se propone el gobierno. El miércoles, en la previa a la sanción de la Ley Bases, Stornelli solicitó perseguir a los que piden liberar a los detenidos en el Congreso. 
El fiscal requirió investigar a los que piden por la liberación de los detenidos a través de una convocatoria en las redes sociales. El mensaje es claro: la persecución no será sólo contra quienes se manifiesten, sino también sobre quienes se atrevan a cuestionar a la “autoridad” gubernamental.

Con el peronismo enredado en su interna, el oficialismo se sirve de la orfandad opositora para avanzar en su agenda de cambios a perpetuidad. La Ley Bases, como describe con pompa, pretende consolidar la construcción de una Argentina injusta y desigual.