Luego de que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, reiterara que el presidente Javier Milei pretende un nuevo proyecto de ley de Ficha Limpia porque el actual "puede dar lugar a la utilización política e incluso generar proscripciones", el gobierno de Martín Llaryora decidió acelerar el debate y buscará que la Legislatura provincial apruebe una normativa similar.
A pesar del impacto que tuvo la falta de quórum en la Cámara de Diputados, el PJ cordobés avaló la propuesta a nivel nacional y, ahora, el Ejecutivo provincial busca que en algunas de las dos últimas sesiones programadas para diciembre o, a más tardar, en las primeras semanas de febrero se trate un proyecto que prohíba la participación en elecciones a personas condenadas por la Justicia en la provincia de Córdoba.
En los últimos tres años, el oficialismo provincial evitó que el tema sea debatido en el recinto de la Unicameral. Hubo varios intentos, con pedidos sobre tablas por parte del exlegislador radical Marcelo Cossar y del justicialista Juan Manuel Cid. Sin embargo, en la última gestión de Juan Schiaretti, "ficha limpia" no logró avanzar más allá de esos intentos.
En junio de 2024, la radical Brenda Austin planteó nuevamente la incorporación del artículo 49 bis al Código Electoral de la Provincia de Córdoba (ley 9.571): allí se detalla que “no podrán ser candidatas las personas que se encuentren condenadas a penas privativas de la libertad, aunque la sentencia no se encontrare firme y la pena fuera de cumplimiento en suspenso”.
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Mientras que Alejandra Ferrero, presidenta del interbloque de Juntos por el Cambio (JxC), presentó otro proyecto que apunta a limitar el acceso de candidaturas de cargos a quienes tengan condena y que pretendan ocupar puestos en instituciones sociales.
Por su parte, la oficialista María Victoria Busso, con la firma de las legisladoras Julieta Rinaldi, María del Rosario Acevedo e Ileana Quaglino, busca establecer "la inhabilitación se extienda desde que exista sentencia condenatoria en segunda instancia del proceso hasta su eventual revocación o el cumplimiento de la pena”.
Ficha limpia en Córdoba: qué dice el proyecto de la UCR
La radical Austin propone incorporar el artículo 49 bis del Código Electoral de la provincia de Córdoba y detalla los delitos de cohecho y tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados. Además del delito contra la integridad sexual, entre otros.
En diálogo con La Voz, la legisladora provincial aseguró que su proyecto se aplica para condenas "en segunda instancia, que no es lo mismo que condena firme". A su vez, adelantó que irá por otro proyecto para que "ficha limpia" no solo alcance a cargos electivos. “Chubut es una provincia que ya hizo esa modificación, por lo que quien tenga condena en segunda instancia no podrá asumir un cargo de funcionario público”, subrayó Austin.
Ficha limpia en Córdoba: qué plantea el PJ
Mientras que la justicialista Busso explicó que su propuesta también plantea la integración del mismo artículo del Código Electoral provincial. En ese sentido, aclaró que “aunque la sentencia no se encontrara firme, quedan impedidos los que estén alcanzados por los delitos contra la administración pública”, como cohecho y tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados y encubrimiento.
Asimismo, busca el impedimento en la participación electoral de aquellas personas que hayan cometido delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, contra la integridad sexual, contra la libertad, contra la seguridad de la Nación, al estado civil de las personas, de narcotráfico y lavado de dinero como lavado de activos de origen delictivo, narcotráfico y contra la vida y la integridad física, entre otros.
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