La persecución mediática y judicial contra Cristina Kirchner alentada por el ex presidente Mauricio Macri, los periodistas y medios de comunicación afines a su gobierno y los funcionarios judiciales con vínculos cercanos al poder durante la administración de Juntos por el Cambio volvió a la carga con la reanudación del juicio por la obra pública contra la actual vicepresidenta.
La causa es una de las más paradigmáticas del lawfare que tiene a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner como protagonista. El caso, que se inició en 2016 con una denuncia del entonces funcionario macrista, Javier Iguacel, está repleto de irregularidades, algo que quedó claro en el debate oral con la declaración de muchos testigos que demolieron la acusación. El devenir de este proceso es clave por muchos motivos, sobre todo en un año electoral. Un dato no debe pasar desapercibido: si se cae puede derribar las causas Hotesur y Los Sauces, donde está involucrada CFK y su familia.
En este video de El Destape, Carla Pelliza explica una a una todas las irregularidades de la causa contra Cristina Kirchner.
¿De qué se la acusa a Cristina? De haber asignado recursos para solventar las obras cuestionadas. La acusación tiene similitudes con la causa del Memorándum con Irán porque a la actual vicepresidenta se le achacan decisiones de gobierno, todos actos legítimos que contaron con la intervención del Congreso de la Nación. Concretamente, lo que se le cuestiona son las leyes del Parlamento por las cuales se aprobaron las partidas presupuestarias con las que se lograron solventar las obras. Las calificaciones legales para todos los acusados del caso (entre los que figuran el exministro Julio De Vido, por ejemplo) son “asociación ilícita” y “administración fraudulenta”. En una decisión política más que judicial, Cristina fue embargada por 10 mil millones de pesos.
Macri, beneficiado por la Mesa Judicial
Luego del fallo de la Cámara Federal de Casación Penal, la megacausa de espionaje que involucra a la AFI macrista y tramita en Lomas de Zamora pasa a Comodoro Py. ¿Quiénes intervendrán en el caso en los tribunales de Retiro? El fiscal Carlos Stornelli, procesado en otra causa de espionaje ilegal y cuyo hijo revistó en la exSIDE durante el macrismo, y la jueza María Eugenia Capuchetti, quien también aparece vinculada a la agencia.
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El planteo para que los expedientes sean sacados de la justicia de Lomas de Zamora lo había iniciado en Comodoro Py el exjefe de la AFI macrista, Gustavo Arribas. El exseñor 8 recibió en julio del 2020 un revés por parte de Capuchetti –aunque un dictamen favorable de Stornelli- y apeló. En las instancias superiores logró su cometido. Este viernes, la sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, en un fallo dividido, decidió sacarle el caso del espionaje ilegal macrista al juez Juan Pablo Augé y los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide. Por ende, se sustanciará en donde se inició el conflicto de competencia.
¿Qué se investiga? El espionaje que hizo la AFI macrista sobre CFK y el Instituto Patria, por un lado. Y el caso de los Super Mario Bros, por otro, que incluye el espionaje clandestino a dirigentes políticos oficialistas y opositores, a sindicalistas y empresarios. Incluso, incluye un capítulo Penitenciario. Entre los imputados figura hasta el secretario privado de Mauricio Macri, Darío Nieto. Entre las víctimas están la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, Hugo Moyano, Carlos Zannini, Amado Boudou y Florencia Macri, entre tantos otros.
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Tras la decisión de la Cámara de Casación, esa mega investigación de alto voltaje político pasará a manos del fiscal Stornelli y la jueza Capuchetti. Ambos mantienen relaciones cruzadas con la exSIDE.
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