El dirigente gremial Pablo Moyano fue sobreseído en la causa en la que se lo acusaba de liderar una asociación ilícita relacionada a barras bravas del club Independiente. La investigación estuvo plagada de irregularidades, incluyendo un apriete al juez encargado de la pesquisa, hoy suspendido por decidir no ordenar la prisión del camionero, visitas de agentes de la Agencia Federal de Inteligencia al despacho del magistrado para apresar a Hugo y su hijo, algo que se había convertido en la "obsesión" de Mauricio Macri.
La decisión fue tomada por la jueza en lo penal de Avellaneda Brenda Madrid. El fiscal de Lomas de Zamora, Sebastián Scalera, había pedido elevar la causa a juicio oral y público. El funcionario judicial había sido incluido en una denuncia contra el Procurador bonaerense, Julio Conte Grand, por ser parte de la pata del lawfare en territorio bonaerense.
Moyano fue investigado en el mismo expediente que los dirigentes de Independiente Héctor Maldonado y Noray Nakis, así como Roberto Petrov (custodio de Hugo Moyano), Damián Lagaronne, Italo Ariel Romeo, Gabriel Bertone, César Andrés Godoy, Gastón García, Hernán Palavecino, Eduardo D Aquila y Carlos Adrián Zambrano. Todos ellos se encuentran en etapa de juicio.
Scalera acusó que Moyano con directivos del club y la barra brava tenían el negocio de la reventa de entradas, los negocios paralelos a los partidos en el estadio de Independiente o bien espectáculos deportivos que allí se hacían, y hasta el apriete y amenazas para con técnicos o jugadores a cambio de obtener sumas de dinero o por disputas de poder.
"He de mencionar que luego de un pormenorizado análisis de las presentes actuaciones y del conjunto de los elementos de juicio ya citados por la Fiscalía de intervención, considero que los mismos no me permiten formar la convicción sincera acerca de la responsabilidad del imputado Pablo Moyano en los hechos investigados", dijo la jueza, según informó la agencia de noticias NA.
"La circunstancia que estemos ante un hecho criminal no significa que todas las personas que allí se mencionan como partícipes", explicó Madrid respecto a la acusación de reventa de entradas. Ello "sin descartar la posibilidad de que efectivamente haya existido algún tipo de reunión entre miembros del club y la denominada barra, no existe prueba alguna que acredite que en el marco de las mismas Pablo Moyano haya acordado la formación de una banda delictual destinada a la gestión, obtención, impresión oculta y reventa de entradas, protocolos de acceso a los espectáculos deportivos de dicha institución, bonos y cuotas sociales por fuera del ámbito societario y sin ingresar el producido económico al patrimonio del Club", agregó la jueza.
Por eso, concluyó que "con los elementos reunidos en autos, no resulta posible tener por probada la participación de Pablo Hugo Antonio Moyano en la asociación ilícita, ni la Fiscalía ha podido acreditar a pesar de los numerosos elementos mencionados en su libelo, que el mismo haya participado en su calidad de Jefe".
El apriete para que vaya preso
En agosto de 2018, dos funcionarios de la AFI macrista llegaron al despacho del juez Luis Carzoglio para manifestarle la "obsesión" de Mauricio Macri en torno a los Moyano y su detención. El magistrado fue visitado por dos jerarcas de la inteligencia PRO: Juan Sebastián De Stéfano, director de Jurídicos, y Fernando Di Pasquale, de Análisis. El primero actualmente está involucrado en el entramado de espionaje ilegal desplegado durante el gobierno de Cambiemos. Se lo señala como el líder de una oficina de escuchas paralela dentro de la exSIDE.
Tras la visita, según denunció Carzoglio, le hicieron llegar el borrador del pedido de detención de los Moyano. Se lo acercaron para que lo corrigiera con el fin de que el fiscal Scalera pudiera firmarlo y solicitar la aprehensión de los gremialistas. El juez se negó, denunció mediáticamente los aprietes y terminó suspendido por otras causas que estaban bajo su órbita. Desde su entorno entienden que se trató de una maniobra de disciplinamiento por no acatar las órdenes.
El abogado de los Moyano, Daniel Llermanos, denunció a principios de 2019 que el macrismo había cableado una celda para poder espiar a los camioneros una vez detenidos. Sin embargo eso no sucedió pero los cableados en los penales se terminaron de confirmar en la pesquisa que investiga una red de espionaje ilegal.
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