La burocracia siempre deja sus huellas, incluso la del opaco y sin control mundo de los servicios de inteligencia. El Destape accedió a las actas de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) donde se revela paso a paso cómo el gobierno de Mauricio Macri colocó las piezas clave del espionaje ilegal que hoy se investiga en la Justicia.
En el libro de actas 2016-2018 de la AFI quedaron registradas las resoluciones con todas las decisiones que se iban tomando día a día bajo la gestión de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. Allí quedó plasmada la reestructuración del organismo y los nombres que hoy, a raíz de las pesquisas judiciales, aparecen en las maniobras de espionaje ilegal. Pero no sólo eso.
Las actas de la AFI, que se sumaron como elemento de prueba en la causa de espionaje que tramita en Lomas de Zamora, detallan:
-El crecimiento exponencial de áreas que fueron clave para desatar el Lawfare en los últimos cuatro años, como la Dirección de Jurídicos.
-Cómo se creó una oficina de escuchas paralela.
-Las altas de nuevos agentes, muchos de los cuales luego se harían conocidos por su membresía en el grupo de los Super Mario Bros.
-Las bajas de los que dejaron la exSIDE por renuncia o jubilación.
-La llegada de becarios que cumplieron funciones por 4 meses y hasta contrataciones ad honorem.
-Los continuos viajes al exterior de Dario Biorci, cuñado de Majdalani, y de otros jerárquicos de la casa de espías vinculados a Horacio Rodríguez Larreta como Carlos Alberto Tonelli Banfi.
-La creación de delegaciones en distintos puntos del país.
-El relevamiento del secreto para que espías como Horacio Stiuso puedan declarar en diversas causas.
- Los manejos de empresas fantasma (ver nota aparte)
En síntesis: las actas condensan la vida interna de la AFI macrista. Y dicen mucho.
La SIDE dentro de la SIDE
Apenas asumieron la conducción de la AFI Arribas y Majdalani hicieron crecer el área que se volvió central en el organismo durante el macrismo: la de Asuntos Jurídicos, que terminó comandada por Juan Sebastián “Enano” De Stéfano, un hombre muy vinculado a Daniel “Tano” Angelici. Desde allí se relacionaban con los tribunales federales, nacionales, provinciales, se hacían denuncias penales y hasta escuchas telefónicas.
Tal como se desprende de la Resolución 698, del 12 de septiembre de 2016, De Stéfano llegó en adscripción a la AFI desde la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los pases de la ciudad gobernada por Rodríguez Larreta a la AFI son muchos. La conexión es evidente.
Las actas muestran que Arribas y Madjdalani ordenaron que la relación de la AFI con el Poder Judicial la llevara De Stéfano, quien a la luz de los documentos fue el Nº 3 de la agencia en la jerarquía de mando.
Por ejemplo, la Resolución N° 202 del 18 de marzo de 2016 autoriza De Stéfano y otros directivos de Jurídicos como Hernán Martiré, José Padilla y Jorge Amaro, “a tomar contacto con los juzgados federales, nacionales y provinciales en el marco de las causas en las que interviene el organismo”.
Vale recordar, como reveló Carla Pelliza en El Destape, que De Stéfano fue uno de los enviados a presionar al juez Luis Carzoglio para que detuviera a Hugo y Pablo Moyano por indicación de Macri.
La forma de obtener escuchas telefónicas que luego se utilizaban para operaciones mediáticas también está registrada. La Resolución N° 230 del 11 de abril de 16 habilita a De Stéfano y su dirección a la interceptación de teléfonos. Dice: “Delegar en el director administrativo de Asuntos Jurídicos Dr. Juan Di Stéfano y sus directores con dependencia directa la facultad de requerir en forma indistinta la actuación judicial de interceptación de comunicaciones…”. Y el 16 de diciembre, por Resolución Nº 1066, establecieron: “Ampliase la facultad de requerir la autorización judicial de interceptación de comunicaciones y suscribir toda la documentación que resulte inherente al progreso de dichas actuaciones al Dr. Jorge Amaro, Dr Ruben Areso y Dr. Mariano Ruda Bart”. Todos también integrantes de Jurídicos.
Esto confirma el relato que hicieron en la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia del Congreso y en sede judicial distintos agentes de la Dirección de Contrainteligencia vinculados a los casos de espionaje, quienes tras la explosión del escándalo no dudaron en señalar a Jurídicos como el área responsable de ordenar y luego darle cobertura a las tareas de inteligencia ilegales.
El 26 de agosto de 2016, la Resolución N° 633 también le delega a De Stéfano y otros directivos de Jurídicos la suscripción de “convenios con otros organismos gubernamentales o no”. No es un tema menor. Uno de los convenios que tuvo la AFI fue con el Servicio Penitenciario Federal (SPF). Para los investigadores, esto permitió el espionaje en las cárceles como sucedió en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, donde estaban detenidos dirigentes kirchneristas. Ese acuerdo que se había dado de alta en 2018 fue disuelto recientemente por la interventora de la AFI, Cristina Caamaño.
En las actas aparecen convenios de la AFI con las universidades Torcuato Di Tella, Austral, de Belgrano, San Andrés, con la facultad de Ciencias Económicas de la UBA. También con la Dirección Nacional de Migraciones e incluso con Aeropuertos Argentina 2000, la compañía privada que administra Ezeiza y otros aeropuertos del país.
El plantel amarillo
El libro de actas de la AFI macrista permite reconstruir cada una de las contrataciones de los espías que aparecieron luego en causas donde se investiga el espionaje ilegal. También los cambios en la agencia a partir de revelaciones periodísticas o judiciales.
En la Resolución Nº 422, del 24 de junio de 2016, se designó al agente Fernando Daniel Di Pasquale “como director de inteligencia sobre delincuencia económica y financiera dependiente de la D.O.I.C.O”. Di Pasquale fue el otro directivo de la AFI que visitó al juez Carzoglio en el marco de la “Operación Moyano”.
Di Pasquale fue el reemplazante de Eduardo Miragaya en esa dirección. Miragaya es un fiscal que durante el macrismo se tomó licencia y pasó a la AFI. También fue apuntado por realizar tareas de espionaje ilegal. Uno de los casos al que se lo vinculó fue la avanzada mediático-judicial contra el juez federal Sebastián Casanello, de quien se dijo que estuvo en la Quinta de Olivos reunido con la entonces presidenta Cristina Fernández, algo que era absolutamente falso. Esto motivó una causa, en la que fueron procesados dos personas por mentir en una testimonial. Miragaya se benefició con una falta de mérito. Mediante la Resolución Nº 421, del 24 de junio de 2016, se puede ver que se hizo cesar a Miragaya en el cargo que pasó ocupar Di Pasquale. Para ese entonces ya había estallado en los medios la falsa acusación contra el juez Casanello.
Otro episodio donde volvió a aparecer Miragaya fue en el marco del D’Alessiogate. Su nombre se relacionó, por ejemplo, con la “Operación Jaitt”. Luego de que las operaciones en las que se lo involucró fracasaron y su nombre se hizo público en los medios, Miragaya renunció a la agencia. Fue el 18 de abril de 2017, tal como se desprende de las actas.
Un agente menos conocido mediáticamente pero también mencionado en las operaciones de inteligencia ilegales es el de Eduardo Winkler. A este agente se lo vinculó con el espionaje a Espartaco Marín, dirigente político de La Pampa e hijo del exgobernador de esa provincia, Rubén Marín. El caso de Espartaco, a quien se le hizo una operación política mediática para desprestigiarlo, se investiga en la justicia de Lomas de Zamora.
De acuerdo a la resolución Nº 485, del 19 de julio de 2016, se aprobó la adscripción “por el término de 365 días al agente Eduardo Winkler, agente dependiente del Honorable Senado de la Nación, para prestar funciones en esta AFI”. El 24 de abril de 2017 se lo designó “director de la Dirección de Reunión Interior”. Se investiga si desde allí operó para perjudicar a Marín.
En las actas también quedaron asentadas las contrataciones de los Super Mario Bros. Por ejemplo, en la Resolución Nº 600 del 17 de abril de 2017 se aprobó la contratación del chef y amigo de Arribas, Martín Terra, que no tenía pasado en el mundo de la inteligencia. Se trata de uno de los imputados de la causa por espionaje que tramita en Lomas de Zamora.
También constan las contrataciones de dos agentes que están involucrados en el D’Alessiogate. Por la Resolución 832, del 4 de mayo de 2017 se aprobó “la contratación del Sr Ricardo Bogoliuk”. Se trata del ex policía bonaerense que está procesado en la causa que se investiga en la justicia federal de Dolores. Era el jefe operativo de Marcelo D’Alessio. Según la misma resolución, la contratación culmina el 31 de diciembre de 2017.
Otro agente investigado en el D’Alessiogate es Pablo Pinamonti, quien ya fue indagado por el juez federal Alejo Ramos Padilla. Tal como se desprende de la Resolución Nº 604, el 17-de abril de 2017 se aprueba su contratación de Pinamonti. Una semana más tarde se lo designa “director de reunión de la provincia de Buenos Aires dependiente de la DOII”. Fue el jefe del proyecto AMBA, por el que la AFI buscó desembarcar con diferentes bases en la provincia de Buenos Aires. La iniciativa provocó una fuerte interna con el gobierno provincial y la AFI abortó la iniciativa.
El gran cuñado
En el libro de actas un nombre que se repite con frecuencia es el de Darío Biorci, el cuñado de Silvia Majdalani. Está claro que este agente fue el hombre de confianza de la exseñora 8.
Por ejemplo, según la Resolución Nº 432, del 29 de junio de 2016, se facultó a Biorci “a realizar en nombre de esta AFI todos los actos tendientes a iniciar, continuar o culminar la totalidad de las inscripciones registrales de los vehículos del organismo”. Ocho días más tarde, también se lo facultó “a tramitar la locación de inmuebles que resulten necesarios para el funcionamiento de esta AFI”. El 19 de diciembre de 2017 se da su ascenso y lo designan “titular de la Dirección Operacional de Inteligencia Sobre Terrorismo”.
En el medio, quedaron registrados todos su viajes “en comisión” al exterior. Entre los distintos destinos por los que pasó, figuran: Alemania, Aruba, Panamá, Ecuador, Perú, Chile.
De las actas se desprenden también los premios y sanciones a los espías. Y hasta un dato insólito: la existencia de personal que revestía en la casa de los espías "ad honorem". Una de las actas establece que los que son "ad honorem" no pueden recibir bonificaciones ni paga alguna.
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