Los denunciantes del caso conocido como “Mesa Judicial Pro”, en el que se investigan las presiones del gobierno macrista a jueces que no respondían a sus intereses, pidieron que se cite a Elisa Carrió a prestar declaración testimonial. La solicitud se basa en una entrevista que brindó la cofundadora de Cambiemos en la que describió la influencia que tuvo la Mesa Judicial en el pedido de remoción de jueces.
Los diputados Martín Soria, Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdés presentaron una ampliación de denuncia porque consideran que las declaraciones que realizó Carrió en el diario Clarín, en una nota que se publicó el 15 de noviembre pasado, “evidencian la existencia de una mesa judicial, la participación en ella de José Torello (ex jefe de asesores presidencial) y la existencia de ‘acuerdos’ entre esa mesa y algunos jueces”. “De esos dichos se desprende, por un lado, una injerencia indebida de esa ‘mesa judicial’ sobre los procesos de remoción de magistrados, excediendo ampliamente las funciones de quienes integraban esa organización (incluyendo al Sr. Torello) y entrometiéndose en decisiones propias de otros poderes”. “Por otro lado, ese avance o freno a los procesos de remoción de magistrados, según manifiesta la Sra. Carrió, no respondía a criterios constitucionales sino a ‘acuerdos’ que, obviamente, exceden el marco de legalidad que determina el sostenimiento o no en el cargo de un magistrado”.
En la nota que Carrió da a Clarín cuenta un intercambio que tuvo con quien era el jefe de asesores de Macri e integrante de la Mesa Judicial, José Torello. Luego de que la referente de la Coalición Cívica presentara una denuncia contra Rafecas “por lo del Pacto con Irán, cuando saca ese fallo que realmente para mí fue una vergüenza”, el macrismo decidió avanzar contra él con un juicio político. Según la cofundadora de Cambiemos, ella luego de esa acusación lo defendió al magistrado.
“Cuando se venía el juicio digo ‘si nadie le hace juicio político a Canicoima (sic) Corral, cómo le van a hacer juicio político a Rafecas por un fallo’. Por peor que sea ese fallo, primero me sacan a los coimeros de Comodoro Py. Se lo dije a un representante de Macri en esa famosa ‘mesa judicial’", afirmó Carrió a Clarín este 15 de noviembre. ¿A quién le había realizado ese planteo? A Torello. “Dije: si no sacan los coimeros y acuerdan con coimeros, cómo lo van a sacar a Rafecas sólo por un solo fallo”, aseguró. La declaración se sumó a la denuncia.
De acuerdo a los denunciantes, “estos señalamientos de Carrió no son aislados ni novedosos, pese a ser los más explícitos que ha brindado hasta este momento”. Recordaron que ya “había señalado la injerencia del Poder Ejecutivo macrista sobre las decisiones del Poder Judicial”.
Por ejemplo, citaron que “documentó esas presiones en el pedido de juicio político al entonces Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Dr. Germán Garavano, por mal desempeño en sus funciones”. Garavano también integraba la Mesa Judicial. En aquel planteo de Carrió y otros diputados de su espacio político “se enumeran diversos hechos que, en palabras de los denunciantes, justificaban su preocupación ‘respecto a que Garavano intente entrometerse indebidamente en decisiones judiciales’, preocupación que ‘no está basada únicamente en sus recientes manifestaciones, sino en los antecedentes que pasaremos a relatar, a fin de fundar el presente pedido de juicio político’”. Fue entonces que los “lilitos” detallaron el accionar del entonces ministro de Justicia “en la causa de encubrimiento del atentado a la sede de la AMIA; la manipulación de concursos de jueces, haciendo lugar a los pedidos de Angelici (otro integrante de la mesa judicial); y la contratación de la ex Procuradora Falbo”.
En pos de reflejar las presiones, en la ampliación de denuncia que se presentó este miércoles se rememora que en el pedido de juicio político a Garavano que hizo la Coalición Cívica, el entonces ministro “al ser preguntado sobre si existían presiones del Gobierno a la Justicia, respondió: ‘No puedo afirmar que no existan presiones sobre la Justicia, sí que el Ministerio no ejerce ningún tipo de apriete’".
Por todo esto, entre las medidas de pruebas que solicitaron los diputados, se sumó un pedido de exhorto a la Cámara de Diputados para que remita copia del proyecto de pedido de juicio político que Carrió impulsó contra el entonces Ministro de Justicia por mal desempeño en sus funciones.
La Mesa Judicial
El caso de la Mesa judicial tramita en los tribunales de Comodoro Py. La investigación está delegada en el fiscal Franco Picardi. La jueza a cargo del proceso es María Eugenia Capuchetti, designada por Mauricio Macri.
De acuerdo a los denunciantes la “mesa judicial” constituyó “una fuerza de tareas ilegal que, al margen de toda institucionalidad, utilizó los recursos de la administración pública para cooptar y disciplinar al Poder Judicial, intentando convertir al sistema penal en una herramienta política”. Soria, Tailhade y Valdés sostienen que “el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Agencia Federal de Inteligencia y el Ministerio de Seguridad de la Nación, entre otros organismos públicos, fueron utilizados para estas acciones ajenas a sus funciones institucionales”.
¿Quiénes integraron esa mentada mesa de articulación política y judicial? Torello; Garavano; el exjefe de la AFI, Gustavo Arribas; Patricia Bullrich, exministra de Seguridad; Pablo Clusellas, ex Secretario de Legal y Técnica; Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, asesor y abogado de Macri; Juan Bautista Mahiques, exconsejero de la magistratura y subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial durante el macrismo; Bernardo Saravia Frías, último Procurador General del Tesoro de Macri; y Daniel Angelici, operador judicial y único miembro de “la mesa” que no tenía cargo formal en el gobierno macrista.
La causa puede dividirse en dos etapas. La que se constituye con la declaración de los jueces presionados, por un lado. En ese sentido, ya declararon diversos magistrados como la integrante de la Cámara Federal de Casación Penal, Ana Figueroa, quien fue visitada por Mahiques apenas iniciado el gobierno de Macri. El actual Fiscal General porteño estaba interesado en cómo iba a manifestarse Figueroa en el caso Memorándum. Como nunca falló de acuerdo a los intereses macristas, Figueroa luego fue denunciada en el Consejo de la Magistrada y asediada desde los medios de comunicación hegemónicos.
Pero los denunciantes comenzaron a avanzar en las razones por las que eran presionados los jueces. En ese sentido, sumaron ejemplos de dirigentes que sufrieron algún tipo de armado judicial.
Es que el punto central de este caso es que se apunta a la Mesa Judicial como un centro de operaciones desde el cual se desató la persecución judicial de opositores. Para eso, se denuncia, se buscó disciplinar a los magistrados y magistradas que no fallaban de acuerdo a los deseos del macrismo.
Una frase de Macri, de 2017, no puede pasar desapercibida: “Los jueces tienen que saber que buscamos la verdad o buscaremos otros jueces que nos representen”. Toda una declaración de intenciones.
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