Lawfare, nuevo golpismo e injusticia social

El lawfare no existe, dicen a coro los periodistas de los medios de comunicación  oligopólicos. Se trataría, según ellos, de una fórmula inventada por el kirchnerismo para ocultar sus delitos. En apoyo de esta visión esgrimen el argumento de que algunos de los ex funcionarios kirchneristas fueron procesados antes de que Macri asumiera el gobierno. Resulta muy interesante el argumento, pero lo que prueba es algo completamente diferente de lo que pretenden quienes lo sostienen. No prueba la imparcialidad de los tribunales, sino la existencia de una alianza de poder que es totalmente independiente del gobierno de turno. La tesis, mucho tiempo y muchas veces sostenida del carácter “pendular” de la conducta de los jueces, su predilección por el gobierno de turno, puede haber sido válida en otros tiempos, en otras circunstancias. Así eran las cosas en los tiempos de la “alternancia”, en la que el partido que estaba en la oposición criticaba fuertemente al gobierno…para ganar la siguiente elección y aplicar esas mismas políticas de gobierno.

Los tiempos del lawfare, de la guerra “jurídica” o “judicial” son distintos. Y la propia palabra con que se los enuncia es equívoca. La guerra contra las experiencias populares en la región no es estrictamente legal o judicial. No se desarrolla enteramente en los tribunales. Como lo ha revelado magníficamente la investigación del juez Alejo Ramos Padilla a los procesos de espionaje y extorsión que giran en torno del falso abogado D’Alessio, lo que funciona entre nosotros es una coalición entre ciertos jueces, ciertos medios de comunicación concentrados, cierto sector de la política partidaria y cuadros del espionaje. La secuencia –claramente explicitada y documentada en ese caso- consiste en una división del trabajo persecutorio: los servicios arman la carpeta “acusatoria”(en colusión con la cúspide del gobierno en los tiempos del macrismo y su “mesa judicial”. Los medios de comunicación la reciben (por medios siempre casuales, a veces mientras corren en algún parque) la difunden y –en conjunto con algún políticx de la derecha- ensucian de múltiples modos a las personas a las que se habrá de perseguir. Al final, los fiscales y jueces asociados a la coalición convierten las carpetas en “pruebas” y cierran el círculo con los procesamientos y los fallos. Una multitud de datos lo comprueban en el caso D’Alessio y una enorme cantidad de casos y circunstancias lo ratifican (todo lo que rodeaba al difunto juez Bonadío, entre otros, puede sumarse enteramente al fundamento de este modus operandi).

Así y todo la expresión lawfare tiene sentido y tiene potencia. Porque es en el interior del poder judicial donde la persecución toma la forma de procedimientos, condenas y cárcel para los perseguidos. Toda la cadena de la acción es perversa porque trabaja a favor de la muerte civil del perseguido o perseguida, en la medida en que una parte importante de la población termina asociándolx a la corrupción y el delito. Pero la pata decisiva es el sector del poder judicial que interviene. Y no solamente es el segmento decisivo de la operación sino que interviene en nombre de uno de los poderes de un régimen democrático. La crítica situación del servicio de justicia es un serio problema de la democracia argentina.

Durante la última semana se produjeron desde las dos máximas autoridades del gobierno sendos pronunciamientos contundentes al respecto. En un caso el anuncio presidencial de iniciativas de reforma al sistema judicial que incluyen la creación de un tribunal para tratar apelaciones en juicios en los que hubiera habido arbitrariedades. En el caso de la vicepresidenta, un alegato políticamente contundente. Cristina acusó al sector del poder judicial involucrado en el lawfare de ser una herramienta política de desestabilización de los gobiernos populares. Es decir de reemplazar a los golpes militares en la defensa de los sectores privilegiados de la sociedad y en la persecución contra cualquier alternativa que se les oponga. Sabemos además que se trata de un fenómeno no circunscripto a la Argentina sino que se emplea a escala regional y tiene que ver con la misma potencia que formaba militares latinoamericanos en la doctrina de la seguridad nacional.

Una auténtica y profunda reforma judicial pasa a ser así una cuestión de supervivencia para nuestra democracia. Ahora bien, la cuestión es que en el actual estado de cosas –en medio de una pandemia y de una dura situación económica - es difícil situar la cuestión judicial en el centro de la agenda. Hay, incluso, muchas personas que simpatizan con el actual gobierno y desaconsejan incluir estos temas en la agenda de la campaña electoral. Con un buen resultado de la vacunación contra el Covid y una mejora de la situación económica de los sectores populares  mejoran las chances del oficialismo. Eso sin duda es cierto. Pero también es cierto que los períodos preelectorales son aquellos en los que un sector más amplio de la sociedad está atento a los mensajes políticos. Y por otro lado, la situación de la justicia en la Argentina no afecta solamente a las personas y organizaciones políticas que son objeto de la persecución. El extraordinario atraso que hay en los tribunales respecto de las cuestiones de género es hoy una constancia que recorre el país. Vemos a diario como, cuando se produce un femicidio, hay hombres y mujeres en la calle que acusan a los jueces por no haber garantizado la protección de la víctima. El patriarcalismo ha hecho estragos en el poder judicial. También en el tema de los delitos comunes, particularmente los robos violentos, el desempeño de los agentes judiciales es ampliamente reprobado por la mayoría de las personas y  particularmente por las víctimas que, dicho sea de paso, son mayoritariamente personas de sectores populares.

La desconfianza en la capacidad del estado de proveer justicia para las víctimas del delito está generalizada en la sociedad y particularmente entre los sectores populares. El lawfare no es más que la coronación a escala delictiva de un largo proceso de deterioro de la institución judicial. Se ha instalado ampliamente entre nosotros la conciencia de que se trata de un sector que goza de privilegios injustos, habla un lenguaje cerrado para la comprensión de las mayorías y se concentra más en los formalismos jurídicos que en la vida y en el derecho de las personas. La cuestión del lawfare no debe ser el problema de las personas que militan en política. Es necesario articularlo con el problema general de la justicia. Como parte de una concepción integral de la justicia social.