Un Tribunal de Apelaciones de Uruguay rechazó la solicitud de refugio político que había presentado Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, quien fuera el operador judicial de Mauricio Macri cuando fue presidente argentino. Rodríguez Simón, quien es investigado por la justicia argentina por "extorsión", está prófugo en Uruguay desde el 8 de diciembre de 2020 (hace 580 días). Con esta decisión judicial, el también llamado "cerebro jurídico de Cambiemos" quedó al borde de la extradición a nuestro país.
El juicio de extradición a Argentina fue solicitado por la jueza María Servini de Cubria. Cuando se llegue a esa instancia, el mismo estará a cargo de la jueza encargada del caso, Adriana Chasarián.
La solicitud de refugio presentada por Rodríguez Simón ya había sido rechazada el 23 de diciembre por la jueza uruguaya en lo Penal Especializado de Crimen Organizado de 1º Turno, a cargo de Chamsarián. La decisión fue apelada por la defensa, por lo que el caso se encontraba en manos del Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 1º Turno.
Pepín cambió de abogado este año. Quedó a cargo en mayo el doctor Jorge Díaz Almeida, del estudio jurídico Brum Costa. Este letrado fue Fiscal de la Corte uruguaya y Procurador General de la Nación. Además lideró la formación de la Fiscalía General de la Nación y fue su conductor durante más de nueve años. Ahora, este defensor del operador judicial macrista presentará un recurso de apelación. El Destape intentó comunicarse con Díaz Almeida pero no obtuvo respuestas.
Según el fallo, "se tiene un cuadro de alta conflictividad judicial en el Estado requirente, donde el solicitante fue un calificado como asesor de toda confianza del entonces Presidente, actualmente sujeto a indagatoria, pero sin haberse dispuesto su prisión preventiva".
Además, el fallo informa que "no se desprende que el Poder Judicial de su país lo persigue y/o no le brinda garantías mínimas para defenderse". Por eso se le rechazó el pedido al operador judicial de Macri.
La jueza María Romilda Servini lo declaró en rebeldía el 19 de mayo del 2021, luego de que el propio Rodríguez Simón anunciara a través de los medios que se encontraba en ese país y que no pensaba presentarse a la indagatoria a la que había sido convocado.
Según Servini, el exfuncionario "dio sobradas muestras públicas de su intención de sustraerse de la Justicia, lo cual fue ratificado por su letrado defensor el día 18 de mayo de 2021". La estrategia de pedir refugio político en Uruguay, a entender de la jueza, fue una maniobra dilatoria.
En el expediente contra Pepín se investiga "la presunta existencia de actos llevados a cabo por funcionarios públicos, desde las altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional o a instancias de aquellos, que mediante hostigamiento y ahogo financiero para con las empresas del Grupo Indalo, habrían importado casos de corrupción".
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