La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) emitió este lunes un comunicado en el que pide que se investigue a los periodistas cómplices de los atropellos judiciales que reinaron durante el gobierno de Mauricio Macri.
El reconocido organismo de DD.HH, que nació en diciembre de 1975 y actualmente patrocina a distintas víctimas del espionaje ilegal del macrismo, afirma que “todo periodista es libre de escribir y decir lo que quiera” pero que “no es libre, en cambio, de participar de delitos penales, lo mismo que cualquier ciudadano. No es libre de extorsionar empresarios o participar de operaciones ilícitas de espionaje o de falsificar pruebas judiciales. Hay periodistas que han sido señalados como partícipes de esos delitos y la sociedad necesita que las instituciones funcionen a pleno. Que tengan todas las garantías pero que los procesos avancen hacia la verdad de los hechos”.
El comunicado se titula: “Necesitamos que la Justicia condene las violaciones a los Derechos Humanos, incluso cuando sus responsables fueran periodistas”.
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Si bien la asamblea no brinda nombres específicos de periodistas afirma que ve “con mucha preocupación el lobby del grupo Clarín y periodistas que acompañan a los implicados y que pretenden ponerse fuera del alcance de la legalidad". "Ya nos pasó una vez. No dejemos que se repita”, agrega.
Consultado por este medio, el co-presidente de la APDH, Guillermo Torremare, señaló que el disparador del comunicado “está dado por el involucramiento de periodistas tanto en la llamada ‘guerra judicial’ como en la cobertura y blindaje de conductas gubernamentales que implican violaciones a Derechos Humanos. La idea del comunicado fue decir que la libertad de expresión no debe ser una autorización para esas prácticas”.
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El comunicado
“La recuperación democrática y ética de nuestro país derivó de una impugnación cabal de la dictadura de 1976 a 1983. Los crímenes de aquel régimen produjeron una reacción que posibilitó un Nunca Más y luego, demorada, con obstáculos, una política de Memoria, Verdad y Justicia”, comienza el texto.
Tras mencionar que “los juicios justos, con todas las garantías, para los acusados del genocidio, son la carta de presentación de nuestras instituciones que más orgullo produce” destaca que “ha sido casi imposible juzgar la pata civil de la dictadura y más aún la periodística”.
Entre otros ejemplos, cita “el caso emblemático de Papel Prensa con su saga de muerte y tortura para sus propietarios”. “No solo fue imposible juzgar de modo creíble aquellos hechos sino que sus consecuencias las padecemos día tras día en forma de concentración mediática, censura y manipulación de la información”, sostiene la APDH. Y asegura que “hoy la historia se repite”.
Es entonces cuando hace una cruda descripción de lo que fue el macrismo: “Venimos de un régimen que durante cuatro años tuvo presos políticos, utilizó espionaje ilegal con fines partidistas, conformó una ‘Mesa Judicial’ con el objeto de extorsionar jueces y fiscales, se llegó al extremo de encerrar un senador para echar un juez que desagradaba al gobierno. Los casos de tortura, violencia institucional, represión a la protesta social, infiltración de marchas para generar hechos violentos, son un oprobio que debe ser reparado judicialmente toda vez que se violaron todas las garantías del estado de derecho”.
“Fueron cuatro años de censura, de encarcelamiento a dueños de medios que no se alinearon con el régimen, de estigmatización y maltrato a periodistas opositores, como el caso de 678, de amenazas abiertas del ex presidente a periodistas que pondría en ‘un cohete a la luna’”, enumera en referencia implícita a los casos de los dueños de C5N, Cristóbal López y Fabián De Sousa, y de Horacio Verbitsky (de allí el nombre del portal el Cohete a La Luna que creó tras dejar Página12, ). Sin rodeos, la APDH indica que “ese régimen actuó en asociación con jueces, fiscales, medios y periodistas”.
Luego aclara que “todo periodista es libre de escribir y decir lo que quiera, de hacer la propaganda que le venga en gana, así sea la mentira más grande”. Pero aclara que “no es libre, en cambio, de participar de delitos penales, lo mismo que cualquier ciudadano. No es libre de extorsionar empresarios o participar de operaciones ilícitas de espionaje o de falsificar pruebas judiciales”.
María Elena Naddeo, también co-presidenta del organismo, añadió a El Destape: “Las causas por espionaje muestran cómo el gobierno de Macri generó una maquinaria para la persecución política y judicial de numerosas y numerosos activistas, miembros de la oposición política pero también dirigente sindicales, integrantes de los organismos de Derechos Humanos e incluso familiares de víctimas. Pero el comunicado también hace referencia al terrible papel que tuvieron algunos medios de comunicación en la encarcelación de referentes de las organizaciones sociales como las presas y presos políticos de Jujuy”.
Una de las particularidades de la APDH, que aún hoy perdura, es su pluralidad. Entre sus fundadores figuran el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel; el dirigente socialista Alfredo Bravo; el Obispo Carlos Gattinoni; Alicia Moreau de Justo; el Obispo Jaime de Nevares y Raúl Alfonsin.
En la actualidad puede encontrarse entre sus miembros al socialista Jorge Rivas, al radical Federico Storani, a Marta Maffei y al senador del Frente de Todos, Jorge Taiana, por citar solo algunos ejemplos. Hasta Elisa Carrió llegó a ser parte de la APDH pero fue expulsada en octubre de 2009 luego de criticar el proyecto sobre la obtención de muestras de ADN para identificar a posibles hijos de desaparecidos.
Causas de espionaje
La APDH tuvo un rol central durante la última dictadura cívico-militar. Fue uno de los organismos de DD.HH. que dio pelea al terrorismo de Estado. Desde entonces y hasta la actualidad mantuvo ese mandato de defensa de los DD.HH. Hoy, por ejemplo, interviene como patrocinante de víctimas del espionaje ilegal que llevó adelante la Agencia Federal de Inteligencia macrista.
La asamblea se presentó como querellante en el caso de la pinchadura de mails de la AFI a 80 dirigentes políticos, religiosos, sindicales y militantes de DD.HH. Se trata de la causa que tramita en el jugado de Macelo Martínez de Giorgi. Allí, la APDH representa a la exdiputada nacional Gabriela Troiano, junto a las letradas de la Comisión Provincial por la Memoria de la provincia de Buenos Aires; a Lía Méndez, dirigente política y ex titular del Partido Humanista; y a Hugo Perosa, dirigente sindical del gremio aeronáutico y de la CTA.
La APDH también participa en la causa por espionaje ilegal que tramita en los tribunales de Lomas de Zamora e involucra, una vez más, a la agencia que comandaron el escribano e íntimo amigo de Macri, Gustavo Arribas, y Silvia Majdalani. En ese expediente, el organismo de DD.HH. se presentó como patrocinante a Francisco “Paco” Olveira, sacerdote católico que integra el Grupo de Curas en Opción por los Pobres.
“Frente a la brutal violación de elementales derechos civiles y políticos como los que resultan de esas prácticas aberrantes de espionaje clandestino que han sido publicitadas mediáticamente, desde la APDH creemos que el propósito de nuestra labor y participación profesional en las referidas causas, es la de promover el pleno desarrollo de las investigaciones que lleven a la verdad de los hechos denunciados, y al mismo tiempo, brindar la mejor asistencia a las víctimas de tal vulneración”, afirmó la APDH en un comunicado, el pasado 12 de junio.
En algunas de las causas por espionaje se menciona a periodistas por sus vínculos con los agentes que realizaban tareas de inteligencia ilegales.
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