El juez Julián Ercolini demora el llamado a indagatoria del ex ministro de Justicia Germán Garavano y de Alejandro Vandenbroele en la causa donde se investigan los millonarios fondos que el gobierno de Mauricio Macri le dio al testigo clave contra Amado Boudou. Las indagatorias las pidió hace más de 10 días la fiscala Paloma Ochoa. Los acusados ya nombraron a sus abogados: Garavano comparte letrado con el prófugo Fabián “Pepin” Rodríguez Simón; el otro imputado, Francisco Lagos, que dirigía el Programa de Protección de Testigos, nombró al socio de Pablo Noceti, responsable de la represión que terminó con la vida de Santiago Maldonado. Todo se encadena.
La fiscala Ochoa pidió el pasado 25 de febrero que se cite a indagatoria a Vandenbroele y a los funcionarios de Macri que le entregaron más de 4 millones de pesos -destinados en parte a un hotel boutique- a cambio de su testimonio amañado para lograr la condena de Boudou por el caso Ciccone. La investigación apunta al ex ministro de Justicia Garavano y el ex director del Programa de Protección de Testigos Lagos, que fueron los que ejecutaron los pagos a Vandenbroele justo cuando tenía que declarar contra Boudou.
El juez Ercolini, pieza clave del lawfare, en lugar de confirmar las indagatorias -que son la primera instancia de defensa de los acusados- hizo una típica maniobra para estirar los tiempos. En una resolución del 3 de marzo pasado decretó que “previo a todo trámite” se le pida al tribunal que condenó a Boudou esa sentencia junto con la confirmación de la misma en la Cámara de Casación y la Corte y todo lo que hizo el juez Ariel Lijo en el caso Ciccone. Cuando lo lea se va a encontrar con lo siguiente: en la condena, el testimonio de Vandenbroele armado para condenar a Boudou y la confirmación de la Corte sin justificar su decisión, por el artículo 280. Si revisa los papeles de Lijo, que le aplicó la Doctrina Irurzun a Boudou, verá que partió el expediente para que avanzara rápido la acusación contra el ex vicepresidente mientras salvaba a los banqueros Jorge Brito y Raúl Moneta.
Ya que está podría reclamar el registro de ingresos a la Casa Rosada durante el gobierno de Macri y encontrará lo que reveló esta semana el ministro de Justicia Martín Soria: que el día que Vandenbroele ingresó al Programa de Protección de Testigos, desde el cuál salieron los fondos para pagar su testimonio, hubo una reunión en Casa de Gobierno entre Macri, Garavano y Lagos.
Ercolini tiene cercanía con Garavano. Su esposa, Julia Kenny, fue asesora de Garavano hasta que pasó a trabajar como Directora de Comunicación Institucional en el Ministerio Público Fiscal bajo la órbita del procurador interino Eduardo Casal.
En tribunales se sabe que uno es el abogado que elige. Pues Garavano eligió como abogado a Gustavo de Urquieta. Notable elección: se trata del defensor de “Pepin” Rodríguez Simón, el monje negro judicial de Macri que está prófugo en Uruguay y con pedido de captura de Interpol. Garavano ya utilizó los servicios de Urquieta en la causa de espionaje que giraba en torno al espía ilegal Marcelo D’Alessio, donde el entonces ministro de Justicia de Macri intentó -sin éxito- apartar al juez Alejo Ramos Padilla.
El periodista Néstor Espósito recordó que “De Urquieta tuvo una intensa aparición en la prensa hace algunos años, cuando defendía al empresario y expolítico Francisco De Narváez en, por ejemplo, la causa en la que agredió a trompadas a un periodista de La Plata. También lo asistió cuando fue investigado en 2009 por tráfico de efedrina. En aquella oportunidad, De Urquieta recusó al juez de la causa, Federico Faggionato Márquez. De Narváez nunca fue indagado; el juez terminó destituido”.
Lagos, que dirigió el programa de Protección de Testigos, eligió como abogados a Jaime Seoane y Alejandro Drago. En el caso de Seoane es el histórico socio de Pablo Noceti, que durante el macrismo fue el jefe de gabinete de Patricia Bullrich en el ministerio de Seguridad y, como tal, ejecutor de la represión que terminó con la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado. Noceti es conocido en tribunales como defensor de genocidas. No es rara la asociación: Lagos fue subteniente del Ejército, es hijo de un profesor de la Escuela de las Américas y su designación fue criticada por los organismos de Derechos Humanos.
Indagatorias
El pedir las indagatorias de Garavano, Lagos y Vandenbroele la fiscal Ochoa detalló cada una de las irregularidades del legajo del testigo clave contra Boudou.
Destacó que:
• Mantuvieron a Vandenbroele 2 años y 3 meses en el Programa de Protección de Testigos cuando la ley permitía 6 meses
• Le dieron grandes sumas de dinero, incluidos los fondos para el hotel boutique, luego de que se cumplieran los 6 meses que prevé la ley-
• Gastaron en Vandenbroele $4.478.559, suma récord entre los testigos protegidos.
• No lo excluyeron del programa pese a reiterados incumplimientos como una reunión secreta y manejar ebrio con su hija.
Para Ochoa los ex funcionarios Garavano y Lagos “destinaron importantes sumas de dinero -por cuya debida aplicación debían velar en razón de su cargo- a una excesiva e injustificada asistencia económica brindada en favor de Alejandro Paul Vandenbroele que redundó en un claro desmedro patrimonial de las arcas del Estado”. La fiscala dice que tiene por acreditado que “bajo el pretexto de ser una medida especial de protección, se le brindó al nombrado (Vandenbroele) asistencia económica por un periodo mayor a los seis meses previstos en la normativa” y “destinándose importantes sumas de dinero sin la debida justificación”. Lo encuadra dentro del delito de administracioń infiel en perjuicio de la administración pública y abuso de autoridad, que tienen penas de 2 a 6 años de prisión.
“Cabe aclarar que el beneficiario de toda la maniobra Alejandro Paul Vandenbroele deberá igualmente responder en calidad de partícipe necesario”, agregó la fiscala Ochoa.
La fiscala Ochoa comparó también lo que se gastó en Vandenbroele con otros testigos protegidos. Al testigo clave contra Boudou le dieron un total de $4.478.559. De los 124 legajos similares, solo 14 registraron gastos por más de $500.000s, sólo 8 por más de $1.000.000, sólo 4 por más de $1.500.000, sólo 3 por más de $2.000.000 y uno por más de $3.000.000. El único que superó los 4 millones fue Vandenbroele.
Buena parte de ese dinero fue autorizado directamente por el entonces ministro de Justicia Garavano. Por ejemplo, el 4 de mayo de 2018 firmó una resolución donde destinó $680.000 para la relocalización provisoria de Vandenbroele en Mendoza. Otra buena parte la autorizaba Lagos, el ex director del Programa de Protección de Testigos. Por ejemplo, $1.813.866 también para la “relocalización y supervivencia diaria de Vandenbroele”. “Todo ello -agrega Ochoa- sin contar los gastos derivados de las custodias, traslados, ‘compensaciones’ y demás medidas de seguridad".
Es evidente que Vandenbroele tuvo un trato preferencial. La razón es también evidente: condenar a Boudou.
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