Una serie de documentos judiciales revelan cómo se armó la maniobra mediático-judicial para "blanquear" las escuchas ilegales que alimentaron la causa conocida como Operación Puf, que se ideó desde la AFI para derribar el caso D’Alessio. Se trata de un expediente paradigmático de persecución judicial en el que articularon su accionar los servicios de inteligencia, medios de comunicación hegemónicos y jueces y fiscales del Lawfare.
Según se desprende de la causa, el fiscal procesado Carlos Stornelli, el principal impulsor del caso junto a Elisa Carrió, buscó la “legitimación judicial” de las escuchas ilegales luego de que se difundieran en los programas televisivos de Luis Majul y Jorge Lanata. En un escrito que presentó ante el difunto juez Claudio Bonadío el 27 de mayo de 2019, es decir, al día siguiente de la “filtración” en los medios, dijo que “la aparición de las escuchas legales (sic) demuestran la operación que se pretendió llevar a cabo”.
En la causa de los “Super Mario Bros” que tramita actualmente en Lomas de Zamora se comprobó que las escuchas que se utilizaron en Puf fueron ilegales, las tenía la AFI y luego llegaron las transcripciones a manos de Stornelli y Carrió.
MÁS INFO
La Operación Puf fue cerrada por “inexistencia de delito” en primera instancia pero fue apelada a fines de septiembre pasado por Stornelli. Hizo lo propio el juez y abogado Juan Ramos Padilla, quien exige un sobreseimiento y no un archivo del caso además de que se investigue a todos los involucrados en la maniobra que buscó perjudicarlo. La Cámara Federal porteña debe resolver los planteos. Junto al camarista Mariano Llorens podrían intervenir los recientemente repuestos Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. Este martes habrá una audiencia clave.
Escuchas ilegales, “legalizadas”
La columna vertebral de la Operación Puf fueron las escuchas ilegales que la AFI macrista en complicidad con el Servicio Penitenciario Federal realizó en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, circunstancia que en la actualidad se investiga en la causa de los “Super Mario Bros” que tramita en Lomas de Zamora. La excusa para escuchar a los dirigentes políticos detenidos fue un expediente contra el narco Mario Segovia, en la que se intervinieron los teléfonos del penal. Una parte de esas escuchas se transcribieron y llegaron a las manos de Stornelli y Carrió, quienes las llevaron a Comodoro Py para abrir una "contracausa" del D’Alessiogate, en febrero de 2019. Cuando el fiscal y la cofundadora de Cambiemos se presentaron en la Justicia dijeron que la fuente era un anónimo. El caso lo terminó instruyendo el difunto Claudio Bonadío.
Tal como se desprende de los documentos de la Operación Puf, Bonadío se hizo con las escuchas del penal luego de un ida y vuelta con la AFI, la Dajudeco (la dirección encargada de hacer las interceptaciones telefónicas que está bajo la órbita de la Corte) y la justicia de Lomas de Zamora, que es la que tiene jurisdicción sobre la cárcel de Ezeiza. Llegaron más de 40 cd's al juzgado federal Nº 11 a cargo de Bonadío, quien ordenó a la AFI que los desgrabe. Pero, evidentemente, dada su ilegalidad existían ciertos reparos sobre la utilización de esas escuchas. En ese contexto, las interceptaciones se reprodujeron por televisión, en los programas de Luis Majul y Jorge Lanata, el 26 de mayo de 2019. No fue azaroso.
Al día siguiente de la difusión de los audios, Stornelli –vía su primer abogado, Roberto Ribas- se presentó en Operación Puf para ampliar la querella y acercó en un cd las escuchas que se filtraron por los medios amigos del macrismo. Dijo que tenía razón en no concurrir al juzgado de Dolores (en aquel momento se resistía a ir al juzgado a cargo de Alejo Ramos Padilla) y que notaba “una suerte de indudable tinte persecutorio”. “Nuestro pensamiento ha sido confirmado por una reciente información periodística en los programas de los Sres Jorge Lanata y Luis Majul”, señaló, en pos de legitimar los audios ilegales. Estaba haciendo mención a los programas La Cornisa y PPT en los que “se difundieron escuchas de los detenidos, tales como Roberto Baratta y Juan Pablo Schiavi”.
Según Ribas -es decir, según Stornelli-, las conversaciones hacían referencia a “la supuesta complacencia del Juez federal de Dolores (en) el armado de una estrategia para perjudicar la figura de mi asistido” y “menoscabar la causa denominada ‘de los Cuadernos’”. Ese supuesto “armado” es el caso D’Alessio, que está a cargo del juez Alejo Ramos Padilla y en el que Stornelli fue procesado por sus vinculaciones con una banda paraestatal dedicada al espionaje clandestino.
“La verdad siempre triunfa. La aparición de las escuchas legales (sic) demuestran la operación que se pretendió llevar a cabo y en realidad tuvo algún éxito, pero finalmente se acabó el ‘puf puf’”, cerró el representante letrado del fiscal, para luego pedir una serie de indagatorias.
El "blanqueo" de las escuchas ilegales ya era un hecho.
Vulneración de derechos
Tres la filtración en los programas de Lanata y Majul, el 29 de mayo del año pasado, la fiscal Alejandra Mangano le solicitó a Bonadío que le envíe “las transcripciones de las comunicaciones” que había ordenado y que le estaba pidiendo hacía 9 días. El juez de la causa Puf y Cuadernos autorizó el envío en esa misma jornada porque no estaban “siendo estudiadas” en su juzgado en ese momento.
Ante el escándalo de la difusión de las conversaciones de las personas detenidas y su utilización por parte de Stornelli, Magnano se vio obligada a emitir su posición. En un dictamen del 4 de junio de 2019, la fiscal buscó dejar asentado que su primer contacto con las escuchas fue tras la filtración. Y solicitó medidas de “resguardo de información”. Si bien avaló parte de la pesquisa, en aquel escrito de hace un año y medio ya se vislumbraba la ilegalidad de las escuchas que se estaban utilizando:
-“Vengo a hacer algunas precisiones respecto de la solicitud de acceso a la información reservada, sin perjuicio de la evidente litigiosidad que su incorporación a la causa podría generar y sobre la que de momento no corresponde expedirme, salvo sobre cuestiones que podrían vulnerar derechos fundamentales o no susceptibles de reparación ulterior”.
- “Más allá de lo que se resolverá en este y otros litigios relativos a los alcances probatorios de este material en cuanto a su origen y a su utilización posterior en esta investigación, encuentro ciertos límites objetivos que deben establecerse desde esta etapa incipiente de incorporación del material”.
-En esa línea le solicitó al juez “la expresa exclusión de cualquier transcripción y/o audio en el que se den conversaciones entre abogados y sus clientes”.
-También le requirió "la expresa exclusión de cualquier transcripción y/o audio en el que se den conversaciones entre personas privadas de su libertad y familiares o allegados, en cuanto los temas sean de índole personal, no susceptibles de investigación penal”
- Y sostuvo que corresponde “realizar la debida denuncia penal” para “que se investigue la posible violación de secretos e incumplimiento de los deberes de funcionarios publico que podrían haber dado origen a dicha divulgación periodística”.
Luego, Mangano se excusó y no siguió en el caso (su pareja, Juan Rodríguez Ponte, es director de la Dajudeco). Pasaron otros cuatro fiscales más por el expediente. Antes de ella había estado Gerardo Pollicita pero también se desprendió de la causa. En la última etapa de Operación Puf estuvo Franco Picardi, quien pidió cerrar el caso.
Espionaje M: Capítulo penitenciario
Tras archivarse la causa, las transcripciones de las escuchas que tenía Bonadío se giraron a la fiscalía Nº 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Cecilia Incardona. La fiscal tiene delegada una de las investigaciones de espionaje ilegal que más preocupan a Macri: la de los Super Mario Bros, que involucra hasta el secretario privado del expresidente, Darío Nieto. Incardona junto al fiscal Santiago Eyherabide comprobaron que se escuchó ilegalmente a los detenidos en el penal de Ezeiza. Y que ese material luego llegó a manos de Stornelli y Carrió.
Los máximos responsables de este delito fueron el Servicio Penitenciario Federal y la AFI. Uno de los ejemplos que Incardona y Eyherabide citaron para reflejar el accionar irregular de la agencia de inteligencia es el de la Operación Puf, en el que la dirección de Jurídicos de la exSIDE quedó muy comprometida.
“La prueba contundente de que desde el área a cargo de Sebastián Distéfano, Mariano Ruda Bart y Bernardo Miguens, se escuchó ilegalmente a las personas alojadas en el sistema IRIC, es que transcripciones de conversaciones mantenidas por varios detenidos, ex funcionarios del gobierno anterior al de esa época, que no tenían absolutamente nada que ver con el objeto de la causa y las llamadas que sí podían escuchar según la orden judicial (NdelR: Segovia), se filtraron y llegaron a manos de la legisladora Elisa Carrió, por un lado y al colega Fiscal Federal, Dr. Carlos Stornelli, por otro”, escribieron los fiscales en un dictamen del 23 de octubre pasado.
Tanto Carrió -vía Paula Oliveto y Mariana Zuvic- como Stornelli cuando presentaron sus denuncias en Comodoro Py para derribar el Caso D’Alessio , el 8 de febrero de 2019, utilizaron “conversaciones que obran en los discos compactos a los que, para esa fecha, sólo pudo acceder el área de Asuntos Jurídicos de la Agencia Federal de Inteligencia”, concluyeron los investigadores.
Se trata de las mismas escuchas que se filtraron en la prensa para luego volverse a presentar en la causa como “legales” (Stornelli dixit).
¿Resolverán Bruglia y Bertuzzi?
Tras el fallecimiento de Bonadío, la causa pasó a manos de Marcelo Martínez de Giorgi. Esto coincidió con la partida del macrismo del Gobierno. Por lo que la operación cayó en desgracia.
Finalmente, Martínez de Giorgi, subrogante en el juzgado federal 11, ordenó archivar el caso por “inexistencia de delito” el 21 de septiembre pasado.
Pero Stornelli (querellante), por un lado, y Juan Ramos Padilla, por otro, apelaron la decisión.
El fiscal procesado pretende que se siga investigando y acusó a Martínez de Giorig de tener un análisis “sesgado” y “tendencioso”. En su apelación del 24 de septiembre hay muchas páginas con transcripciones de las escuchas ilegales.
El juez y padre de Alejo Ramos Padilla, que se dicte el sobreseimiento (con el archivo no alcanza, dice) y se investigue a todos los que participaron de esta gran maniobra. Exige un “pronunciamiento que deje a salvo mi buen nombre y honor”.
El caso está en la Cámara Federal porteña, en manos del camarista Mariano Llorens, quien fue recusado pero rechazó el planteo. Como Bruglia y Bertuzzi estaban de licencia, el tribunal se iba conformar con jueces del fuero penal económico porque Martín “Doctrina” Irurzun se excusó de intervenir. Pero los magistrados que fueron puestos a dedo por Macri en el tribunal revisor de Comodoro Py volvieron a sus cargos de manera provisoria, por decisión de la Corte Suprema de Justicia. Por lo que podrían tomar cartas en el asunto. Aunque siguiendo la lógica que tuvo la causa, ambos debieran excusarse ya que intervinieron en la causa Cuadernos, justamente la investigación que según los denunciantes se pretendió derribar desde el caso D’Alessio. Por esa misma razón se excusó de intervenir en Puf el fiscal Carlos Rívolo, quien colaboró en la instrucción del caso de las fotocopias junto a Stornelli.
¿Qué harán Bruglia y Bertuzzi, dos jueces del Lawfare, ante una causa emblemática de la persecución judicial?
Cerrar sesión