Los jueces Lepoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi decidieron desconocer lo resuelto por el Poder Ejecutivo y el Senado de la Nación y se atrincheran en la estratégica Cámara Federal porteña a donde llegaron vía un traslado irregular que firmó el entonces presidente Mauricio Macri. Solo reconocerán lo que defina la Corte Suprema de Justicia, a la que le pidieron licencia hasta que resuelva.
En una presentación dirigida al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz, Bruglia y Bertuzzi cuestionaron los decretos que firmó el presidente Alberto Fernández este jueves, en los que ordenó que regresen a su tribunal de origen. “El Poder Ejecutivo de la Nación acaba de consumar un acto ilegal y de suma gravedad institucional que en su momento deberá ser cuidadosamente analizado desde distintas aristas jurídicas, al igual que todos los actos de procedimiento y maniobras previas a su dictado”, afirmaron.
En el mismo escrito que llegó por mail y fechado el 20 de septiembre –es decir, del próximo domingo- los jueces dijeron que viven una “incierta situación laboral” que “daña gravemente los principios de inamovilidad e independencia en el ejercicio de la magistratura”. Ambos desconocen al Senado, al Poder Ejecutivo y al Consejo de la Magistratura y le piden a la Corte que “como órgano superior de la organización judicial de la República Argentina, nos indique y ordene de qué manera proceder, como así también, dónde y en qué carácter cumplir funciones hasta tanto se resuelva definitivamente la cuestión en tratamiento”.
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Ante la consulta de El Destape, fuentes de la Corte afirmaron que están estudiando el escrito.
La presentación
En la presentación a la Corte que hicieron este jueves, Bruglia y Bertuzi cuestionaron “la legalidad de todo lo actuado por parte del Consejo de la Magistratura” y “en consecuencia, tanto por el Senado de la Nación como por el Poder Ejecutivo Nacional, respecto a nuestros traslados oportuna y legalmente dispuestos a la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal”.
Los dos jueces argumentaron que los decretos que firmó el Presidente este miércoles son ilegales porque no pueden, a su criterio, dejar sin efecto los rubricados por Macri para disponer sus traslados. Sostienen que lo que definió Macri “son actos administrativos que por haber generado derechos subjetivos resultan irrevocables en sede administrativa y sólo pueden ser dejados sin efecto mediante resolución judicial”. No dicen que nunca lograron aval del Senado como sí tuvo otro traslado polémico, el de Carlos Mahiques a la Cámara Federal de Casación Penal. Mahiques fue movido de la Casación ordinaria al máximo tribunal penal del país en 2017 y un año después se le dio acuerdo en la Cámara Alta, para emparchar el vicio de origen.
Bruglia y Bertuzzi aseguraron que “las situaciones consolidadas por nuestros decretos originarios de designación, implican que estos últimos solo deberían ser revocados con intervención judicial” por la cual “deberíamos –de seguir este criterio- continuar con nuestras funciones ante el Tribunal en el cual actualmente nos encontramos.”
Pero como saben que si siguen en el cargo podrían incurrir en un delito (de hecho, no están firmando resoluciones), explicaron al Alto Tribunal: “Lejos está de nuestra intención general cualquier tipo de acto de naturaleza jurisdiccional que pueda ser cuestionable y genere más daño a esta gravosa situación de incertidumbre en la cual nos han colocado”. Por eso le pidieron a la Corte que establezca “los lineamientos en cuanto a todo lo relacionado a la actividad jurisdiccional que debemos desempeñar a partir de la fecha”.
También buscaron respaldar su atrincheramiento en los actos posteriores que se sucedieron tras su traslado ilegal. Sobre todo, en los tribunales a donde tienen que regresar: el Tribunal Oral en lo Federal N° 4 de la Capital Federal (TOF 4) y el TOF 1 de La Plata. “Como consecuencia de los traslados legalmente dispuestos hace años, a los efectos de cubrir las vacantes en los cargos que nosotros ocupábamos, se han realizado los respectivos concursos de antecedentes y oposición en el Consejo de la Magistratura, los cuales se encuentran muy avanzado en el caso del TOF 4 y finalizado en el TOF 1 de la Plata, existiendo en consecuencia candidatos que poseen una expectativa legítima en pos de ser designados en dichos puestos”, indicaron.
“Asimismo, y también como consecuencia de la vacante producida por nuestros traslados, actualmente los cargos a los cuales deberíamos regresar, se encuentran ocupados por jueces subrogantes”, añadieron. Esto último ya no es un problema. Pocas horas después de la presentaación del escrito, la Cámara Federal de Casación Penal, que es la que tiene competencia sobre los tribunales orales, dio por concluidas esas subrogancias con la firma de la resolución 272/2020 y despejó el camino para que Bruglia y Bertuzzi vuelvan a su lugar de origen.
Pero en caso de volver a sus tribunales de origen, Bruglia y Bertuzzi advirtieron que analizan no intervenir hasta que la Corte resuelva: “No descartamos la evaluación por parte de los suscriptos de excusarnos de intervenir en las actuaciones allí en trámite, en tanto no desconocemos la ilegalidad del proceso que culminó con los decretos que ordenaron nuestra restitución a dichos cargos”.
Sobre el final de la presentación, volvieron a reafirmar que desconocen a los otros poderes y que sólo harán lo que les diga la Corte: “Afirmamos con vehemencia al señor presidente y por su intermedio a los señores ministros que nosotros, sí, acataremos de inmediato lo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación resuelva en uso de sus facultades de superintendencia y oportunamente jurisdiccionales”.
Solicitaron “que se contemple la posibilidad de concedernos una licencia de carácter extraordinaria” hasta que los supremos “resuelvan la presente consulta”.
Decisión del Senado y el Ejecutivo
La presentación de Bruglia y Bertuzzi se da luego de el Ejecutivo publicase en el Boletín Oficial los decretos por los cuales les ordena el regreso a su lugar de origen.
El disparador de esos decretos fue que el Senado de la Nación rechazó este miércoles sus traslados. El argumento central por el que se rechazaron los pliegos de Bruglia, Bertuzzi y Germán Castelli en la Cámara Alta fue que vulneraron la Constitución Nacional al no presentarse a la audiencia pública que se realizó en la Comisión de Acuerdos, el 4 de septiembre pasado.
En la comisión se analizan los pliegos de 10 magistrados cuyos traslados fueron irregulares según lo determinó el Consejo de la Magistratura. Para remendar ese vicio, el Poder Ejecutivo envió los pliegos de los 10 jueces al Senado, que debía analizarlos. Si les da acuerdo, los magistrados en cuestión se mantienen en su cargo. Bruglia, Bertuzzi y Castelli decidieron faltar a la audiencia pública que se hizo hace 13 días, algo que no hicieron los restantes 7 jueces, cuyos pliegos se siguen analizando. Esto precipitó el rechazo.
Este miércoles, el Senado rechazó los tres traslados con 41 votos del Frente de Todos y aliados. Fue unánime ya que no estuvieron presentes los senadores de Juntos por el Cambio, quienes abandonaron la sesión con una excusa formal en pos de deslegitimar la jornada legislativa.
En este contexto, Bruglia y Bertuzzi volvieron a buscar refugio en la Corte Suprema de Justicia.
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