Boudou, la evidencia de que el lawfare sigue intacto

La confirmación de la condena contra Amado Boudou revela que el lawfare sigue intacto. Los engranajes de persecución judicial y mediática continúan aceitados y a plena máquina, apenas moderados por la intervención de la ex SIDE. El poder proscriptivo de Héctor Magnetto es cada vez mayor y demasiados jueces y fiscales toman decisiones con Clarín arriba del escritorio y la Constitución en el cajón. La Corte convalidó una sentencia viciada de nulidad, basada en un testimonio al cuál el macrismo le puso un hotel boutique. El único objetivo es sentar un ejemplo para que ningún funcionario ose tocar los negocios de las grandes corporaciones como hizo Boudou al estatizar las AFJP y terminar con esa estafa a millones de jubilados.

A poco de cumplirse un año del gobierno de Alberto Fernández hubo un solo cambio en la estructura del lawfare, importante pero insuficiente: la intervención de la Agencia Federal de Intelingencia (AFI) comandada por la ex fiscala Cristina Caamaño. Por primera vez en la historia la casa de los espías blanquea su presupuesto y denuncia las prácticas ilegales de la gestión anterior. Acaso la única reforma judicial que encaró Alberto es la prohibición de que los espías participen de causas judiciales. Importante pero, de nuevo, insuficiente. Esta semana ya tuvo el caso Boudou y el aval a todo lo actuado por la dupla Claudio Bonadío-Carlos Stornelli en la farsa de los Cuadernos. No es casual y Boudou puede ser la punta de lanza de una operación más ambiciosa del lawfare que podría llegar hasta CFK.

A Boudou lo acusaron de haberse quedado con una fábrica de billetes cuando la única fábrica de billetes que tocó es la que tenían Magnetto y otros empresarios y que se dedicaba a estafar a los jubilados a través de las AFJP. El mecanismo era sencillo: las empresas crearon AFJPs, con ellas captaban aportes de millones de trabajadores y ese dinero lo traspasaban de las AFJP a sus propias casas matrices a través de la compra de acciones a precio inflado. O sea, usaban la plata de los futuros jubilados y la inyectaban en sus propias empresas.

El pecado de Boudou fue la idea de estatizar las AFJP. “Fue la medida más importante de mi primer gobierno” escribió CFK en su libro “Sinceramente”. Y recalcó que lo fue “en todo sentido: simbólico, económico y político”. Se le puede sumar que imperdonable para el poder que usufructuaba esos mecanismos.

La Corte le confirmó la condena a Boudou sin justificar su decisión, amparándose en artículo 280. Podría decirse que fueron cobardes, pero sería un elogio. Son cómplices, porque se esconden detrás del 280 porque no hay un solo argumento para confirmar esa condena viciada de nulidad y plagada de irregularidades desde el día 1. Todo, siempre, encubierto por los principales medios del país. Lawfare 100%. Intacto.

La causa armada

Todo en el caso Ciccone fue irregular. Horacio Verbitsky reconstruyó su génesis así: “se inició por la denuncia del ‘ciudadano común’ Jorge Orlando Pacífico, según la candorosa presentación que de él hizo Clarín. Pacífico no tiene nada de común. En realidad es un sargento del Ejército, especialista en explosivos, comando en la guerra de las Malvinas, participante en los levantamientos carapintada de Aldo Rico y Mohamed Seineldín, dirigente del MODIN y vendedor de un producto tan poco común como helicópteros artillados. Pacífico declaró haberse enterado de delitos de acción pública por una conversación en un café entre hombres a quienes escuchó decir que The Old Fund ‘resulta ser una pantalla de la familia Ciccone’ y de una persona ‘políticamente expuesta, alto funcionario del Gobierno Nacional, para recuperar la empresa antes fallida’. Este cuento infantil dice que no pudo ver a esos hombres, porque estaba de espaldas”.

Lo que empezó torcido no podía concluir de otra manera. La Corte confirmó la condena contra Boudou anticipada por la tapa de Clarín y pese a que el testimonio clave para lograrla, el de Alejandro Paul Vandenbroele, estuvo viciado por el pago de un hotel boutique por parte del gobierno de Mauricio Macri. El dato lo reveló este cronista en El Destape en febrero. Con documentos.

El de Vandenbroele no fue un testimonio menor en el juicio. Al firmar la condena, que estaba escrita de antemano, los jueces Néstor Costabel, Pablo Bertuzzi y María Gabriela López Iníguez aseguraron que las palabras de Vandenbroele fueron las que lograron amalgamar todos los elementos que tenían dispersos y colocar a Boudou en el centro de una supuesta escena criminal.

La jueza López Iñiguez, en su voto, incluso describe “la confesión de Alejandro Vandenbroele (como) hilo conductor ineludible, en muchos aspectos, de los hechos aquí probados” y le da a “esta confesión un peso significativo y un rol central en la explicación de los hechos” y afirma que “la prueba (sobretodo la documental) se ordena armónicamente alrededor de su versión”.

La estrategia de la persecución judicial en el caso Ciccone tuvo dos ejes, el ataque a Boudou y la protección de los personajes a los que conducía la pista del dinero: los banqueros Raúl Moneta y Jorge Brito. La causa la inició el juez Ariel Lijo, que dividió el expediente inicial. La parte que podía involucrar a Boudou la elevó rápidamente a juicio; la que salpicaba a Moneta y Brito la guardó en un cajón. Moneta falleció impune y a Brito el juez lo sobreseyó este año, semanas antes de su muerte accidental.

El mismo juez Lijo es el que demora la causa penal contra Macri por el intento de condonar la multimillonaria deuda de su familia con el Estado en Correo Argentino.
Todo estuvo viciado. Cuando Vandenbroele acordó con el juez Lijo su colaboración como arrepentido tuvo que hacerlo para la parte que tocaba a Brito y Moneta. La que apuntaba a Boudou ya estaba en instancia de juicio donde la propia ley del Arrepentido impedía que se sumara como tal. Pero le encontraron la vuelta: lo hicieron declarar en el juicio el 10 de abril de 2018, cuando ya llevaba varios meses bajo el ala del programa de Protección de Testigos, el mecanismo que utilizaron Macri y su ministro de Justicia Germán Garavano para controlar, apretar y direccionar a personajes claves en causas contra opositores. Lo reveló Carla Pelliza en El Destape en pleno macrismo.

Como todo era irregular, ese 10 de abril el abogado de Vandenbroele pidió que declarara primero y que Boudou saliera de la sala. Vandenbroele no declaró formalmente como arrepentido pero se lo tomó como tal. De hecho, los propios jueces dijeron que su testimonio sería “valorado para atenuar las penas que corresponderá aplicársele por los hechos que los acusadores les han atribuido”. En otro pasaje de la sentencia los jueces también explicaron que “todo lo que tiene que ver con los probables inversores que supuestamente inyectaron fondos para el emprendimiento criminal, no forma parte del objeto procesal traído a juicio”. Hablaban de Brito y Moneta. La declaración de Vandenbroele fue criticada por los abogados de buena parte de lo imputados en la causa, pero los reclamos fueron descartados por los jueces Bertuzzi, Costabel y López Iñíguez.

A la situación de Vandenbroele hay que sumar el rol del juez Bertuzzi, que mientras juzgaba a Boudou negociaba su pase a la Cámara Federal de Comodoro Py, dispuesto por Macri pocos días antes de que firmaran la sentencia contra el ex vicepresidente. Bertuzzi sigue en ese lugar, gracias a la misma Corte Suprema que ahora confirmó la condena contra Boudou que él pergeñó. El mismo lodo.

En la sentencia contra Boudou queda claro que los jueces le dieron “carácter confesorio” a la declaración de Vandenbroele. En la sentencia consta: “como a nadie escapa, casi 8 años después, Alejandro Paul Vandenbroele, al prestar declaración en el debate quebró el pacto de silencio, confesó su participación en los hechos y brindó un relato pormenorizado sobre algunos sucesos relevantes de la causa, en los que tomó parte o pudo conocer de diversas maneras”. Los jueces también dicen que la de Vandenbroele fue una “clara y sincera confesión”, que respecto a las denuncias contra Boudou y los demás imputados, “al momento de prestar declaración, Vandenbroele vertió un genuino relato confesorio” que “ha contribuido a acreditarlos en parte y a sustentar las imputaciones que, la Fiscalía y las querellas”.

“Yo no tengo duda que había un negocio y un arreglo económico entre los Brito y Boudou y Núñez Carmona, pero desconozco sus términos”, declaró Vandenbroele. Boudou terminó condenado a 5 años y 10 meses de prisión. Vandenbroele la sacó barata: 2 años de prisión en suspenso y obligación de hacer tareas comunitarias. Y un hotel.

El hotel Vandenbroele

El testimonio de Vandenbroele tuvo como contraprestación un hotel boutique que administra hasta el día de hoy en Chacras de Coria, Mendoza. Se llama La Masía.

Que el armado de este negocio fue pagado con dinero que le dio el gobierno de Macri consta en el legajo de Vandenbroele como testigo protegido, al que accedió El Destape. El programa de Protección de Testigos, que funcionaba bajo la órbita del ministro de Justicia Garavano, fue utilizado para presionar, direccionar y, como se revela en este caso, premiar a arrepentidos que cumplieran su tarea: apuntar a ex funcionarios K.

Para manejar el caso Vandenbroele, el director del programa Francisco Lagos designó a Carlos Linsalata, un policía porteño que migró al Ministerio de Justicia y específicamente al programa de Protección de Testigos para encargarse del seguimiento de los arrepentidos que interesaban a Macri. Como en el caso de espionaje ilegal, otro prestado por Horacio Rodríguez Larreta para tareas sucias.  

En el legajo de Vandenbroele también se consigna que en la negociación para que se arrepienta participó Gustavo Kollman, defensor oficial que fue parte de la operación Fotocopias de los Cuadernos Fénix. Todo se encadena.

El 24 de agosto de 2018 Linsalata envió una nota a sus superiores, que consta en la foja 515 del legajo al que accedió El Destape, donde pide 1.500.000 pesos para un proyecto laboral para Vandenbroele. Da en la nota una información clave: “Cabe destacar que el día 07 de Agosto pasado fueron condenados a prisión con cumplimiento efectivo por más de 5 años el Ex Vicepresidente de la República Argentina el Sr. Amado Boudou”. Era hora del pago por objetivo cumplido.

Flojos de papeles

No hay lawfare sin medios y operadores con patente de periodistas que lo legitimen, alienten e incluso cuiden. El grupo Clarín y sus medios satélite se convirtieron en la guardia pretoriana del lawfare. Juez o fiscal que se corra unos centímetros del plan corre el mismo riesgo que los apuntados desde sus páginas, radios y canales.  

Con Boudou el mecanismo queda en evidencia. Clarín, La Nación e Infobae anticiparon el fallo de una Corte rendida ante el poder mediático. ¿Podría la Corte resolver en contra de la jurisprudencia que marcan las tapas de los tres principales medios del país? Tal vez una Corte digna, pero no una cuyos miembros están flojos de papeles.

Su presidente Carlos Rosenkratz, hombre de Clarín, aceptó violar la Constitución para integrarla por decreto. Lo mismo Horacio Rosatti. La única jueza, Elena Highton de Nolasco, permanece en el cargo pese a que cumplió 75 años gracias a un acuerdo con el gobierno de Mauricio Macri. Otro, Ricardo Lorenzetti, fue el garante del lawfare durante años. A Juan Carlos Maqueda lo designó Eduardo Duhalde, senador en ejercicio provisional de la presidencia en 2002.

Ahora los dardos mediáticos apuntarán contra el juez Daniel Obligado, a cargo de la ejecución penal de la sentencia. Fue quien dispuso la prisión domiciliaria de Boudou en los inicios de la pandemia de coronavirus. Nada cambió. Pero será clave como resista al deseo de Magnetto traducido por sus escribas de ver a Boudou, que le arruinó uno de sus grandes negocios, tras las rejas. También lo serán las señales que emita el Gobierno.