La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena del exvicepresidente Amado Boudou en el caso Ciccone al desestimar los recursos que presentaron las defensas. En una decisión unánime, los ministros supremos se escudaron en el artículo 280 para declarar inadmisibles los planteos. De esa forma, evitaron tener que meterse en el fondo del asunto. Así, dejaron firme la condena a 5 años y 10 meses de prisión dictada en el juicio oral. Boudou ya lleva casi 30 meses de cumplimiento de la pena. En este contexto, desde los medios de comunicación hegemónicos se busca instalar que Boudou “quedó a un paso de volver a la cárcel”. ¿Pero en rigor de verdad, el exvicepresidente debe dejar la prisión domiciliaria para volver a una penitenciaría? Lo concreto es que la Corte no hizo alusión a la domiciliaria que hoy está cumpliendo Boudou.
Desde el entorno del exvicepresidente afirmaron que “puede continuar cumpliendo la domiciliaria porque no hay ningún motivo para dejarla sin efecto. No es que la resolución de la Corte hace que la domiciliaria cese. La domiciliaria fue otorgada por un motivo y ese motivo no cambió. Así que podría continuar sin más cumpliendo su condena como lo viene haciendo”.
Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia.
En abril pasado, el juez Daniel Obligado le otorgó la prisión domiciliaria a Boudou. Hoy, la presión de los medios en tándem con ciertas vocalías cortesanas busca como efecto que se revise esa decisión. Pretenden que el juez de ejecución penal modifique su postura a pesar de que el Alto Tribunal no dijo nada al respecto.
¿Por qué le habían otorgado la domiciliaria al exfuncionario nacional? Porque desde la Justicia se advirtió, tal como sostenía la defensa, que la pareja de Boudou, la mexicana Mónica García de la Fuente, estaba desamparada en el cuidado de los niños, mellizos. No tiene familia en Buenos Aires. Según explicaron desde el entorno de Boudou, los padres de García de la Fuente no pueden viajar a cuidar a sus nietos. Y a Amado se le murieron tanto el papá como la mamá mientras estaba en la cárcel. A esto se suma que García de la Fuente comenzó a trabajar, lo que dificultó aún más el cuidado de los chicos, problemática que se multiplicó en medio de la pandemia. De acuerdo a fuentes con acceso al expediente, la defensora tutelar de los niños compartió la postura de la defensa. Nada de todo ese panorama se modificó.
En el mismo sentido se señaló que otros de los condenados están en situaciones similares. "Ciccone tiene 80 años y desde el primer momento está en su casa. Núñez Carmona también, por el cuidado de su madre. No hay nada para cambiar. No habría motivos”, explicaron a El Destape en el entorno del ex ministro.
Tras la decisión de la Corte, el caso está en la última etapa del trámite judicial. Ya pasaron la instrucción, el juicio y ahora está la ejecución. Intervienen el juez de ejecución y la Unidad Fiscal de Ejecución. Por eso ahora la presión se dirige hacia allí.
El caso Ciccone
Los jueces del TOF4 –que integró Pablo Bertuzzi antes de ser puesto a dedo por Macri en la Cámara Federal porteña como premio- condenaron al ex vicepresidente en 2018 por presunto cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública. Lo inhabilitaron de por vida para ejercer cargos públicos. Y ordenaron su inmediata detención por la compra de la calcográfica Ciccone por parte de la firma The Old Fund. También fueron condenados José María Núñez Carmona, Nicolás Ciccone, Rafael Resnick Brenner, Guido Forcieri y Alejandro Vandenbroele (el único que no apeló).
Las condenas luego fueron confirmadas por la Cámara Federal de Casación Penal, por lo que las defensas fueron en queja ante la Corte Suprema. Este jueves, el Alto Tribunal decidió no hacer lugar a los planteos.
La declaración de Vandenbroele fue fundamental en el juicio del caso Ciccone para condenar a Boudou. Tal como reveló Ari Lijalad en este medio, Vandenbroele recibió fondos públicos de manera irregular para poner un hotel boutique en Mendoza. Allí cumplió un rol central el Programa de Protección de Testigos, que dependía del ministro de Justicia Germán Garavano, para direccionar a los arrepentidos.
Cerrar sesión