El juez federal Sebastián Ramos ordenó averiguar si el perito David Cohen, acusado de presentar ante el juez Claudio Bonadio un peritaje falso en la causa por la importación de Gas Natural Licuado (GNL) que causó la detención del ex viceministro de Planificación Roberto Baratta, mantenía simultáneamente contacto con un asesor del ex jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad Pablo Nocetti, segundo de Patricia Bullrich.
El magistrado adoptó tal decisión en el marco de un peritaje sobre teléfonos adjudicados a Cohen, quien está acusado por el delito de "falso testimonio agravado" contra Baratta. Ramos ordenó que se establezca "a qué oficina del Ministerio de Seguridad de la Nación, pertenece o perteneció Mario Ángel Baizan durante el período que va del año 2017 al 2019 incluido, debiéndose indicar qué teléfonos le fueron asignados".
Baratta pidió esa medida de prueba "dado que una de las personas con las que Cohen se comunicó en varias oportunidades es Mario Ángel Baizan, que cumplía, según información de internet funciones de asesor del señor Jefe de Gabinete de dicho Ministerio de Seguridad, Pablo Nocetti, involucrado en la desaparición de Santiago Maldonado".
"Baizan, además, según información pública de internet, trabajó para la SIDE durante el período de Miguel Ángel Toma", subrayó Baratta. El ex funcionario amplió su denuncia contra Cohen sobre la base de un estudio personal que realizó sobre decenas de miles de llamados telefónicos cuando estuvo detenido, tras identificar varios de los números que utilizaba el perito acusado.
Baratta asegura haber sido espiado, tanto él cuando sus padres y una de sus hermanas –ya fallecida- antes, durante y después de ser encarcelado en el marco de la Causa GNL. Como prueba de ello, señaló que muchas de esas llamadas provinieron del conmutador de los tribunales de Comodoro Py 2002, que mediante esa centralización oculta desde qué despacho partieron las comunicaciones.
Así, el juez Ramos dispuso un peritaje sobre teléfonos del Colegio de Ingenieros y los ministerios de Seguridad de Nación y Provincia durante el gobierno del ex presidente Mauricio Macri. Baratta denunció, además, que Cohen mantenía comunicaciones con las empresas Marcodina, Mayday Group, ATX Sociedad Anónima, "que fueron vinculadas en la causa de persecución al grupo Indalo".
Cohen está está acusado por el delito de "falso testimonio agravado" contra Baratta, que contempla penas de hasta diez años de cárcel. En el estudio presentado por el perito, el gobierno de Cristina Fernández Kirchner pagó precios superiores a los del mercado y que por eso el Estado tuvo una pérdida de casi U$S 7 millones entre 2008 y 2015. Sin embargo, quedó establecido que, en su análisis, insertó “declaraciones, datos falsos” y hasta citas sacadas de la página web “Rincón del Vago”.
Con información de NA.
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