En las últimas horas se conoció que la justicia de Uruguay resolvió suspender el proceso de extradición del diputado argentino Fabián “Pepín” Rodríguez Simón. Es hasta que haya una resolución con respecto al pedido de refugio. No obstante, también dispuso que se le cierren las fronteras y le retengan todos los pasaportes con el fin de que no salga del país.
Uno de los participantes de la Mesa Judicial de Mauricio Macri se tendrá que quedar en ese país. La decisión fue adoptada por la jueza letrada Penal Especializada en Crimen Organizado de 1º Turno, Adriana Chamsarian, tras la audiencia de debate desarrollada esta tarde en Montevideo. El pedido de extradición de Rodríguez Simón fue formulado por la jueza federal María Romilda Servini en el marco de la causa en la que se investigan supuestas presiones y asfixia financiera del gobierno de Mauricio Macri a los accionistas del Grupo Indalo.
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La Justicia de Uruguay tomó la decisión por el artículo 41 de la Ley de Derecho al Refugio de Uruguay habilita a que "cuando los pedidos de extradición recaigan sobre solicitantes de refugio, será el Juez de la causa quien, en forma excepcional, previo informe de la Comisión de Refugiados, adoptará resolución sobre la solicitud de refugio, antes de resolver sobre la extradición".
Con respecto a esta situación -y al pedido de Rodríguez Simón- la jueza deberá contar con el informe de la Comisión de Refugiados que está integrada por un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores uruguayo, uno de la Dirección Nacional de Migración, uno de una universidad, un legislador, dos de organizaciones no gubernamentales y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados o su representante, con derecho a voz, pero sin voto.
Bajo esta situación, tal cual informa Télam, se dispuso “suspender el presente proceso de extradición del señor Fabián Rodríguez Simón hasta resolución firme sobre la cuestión previa invocada de su calidad de refugiado”. En el mismo fallo le impuso a Pepín las obligaciones de “constituir domicilio en el país y entregar los pasaportes que pueda tener en su poder” dentro de las 24 horas posteriores a la resolución, al tiempo que ordenó “disponer el cierre de fronteras, oficiándose en carácter de urgente”.