La Sala II de la Cámara Criminal y Correccional Federal decidió por unanimidad ratificar la medida dispuesta por Sebastián Casanello que encomendó al Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, a elaborar el plan para la entrega de las cinco mil toneladas de alimentos y su entrega de forma "inmediata". La comida, se supo a través de un pedido de informes realizados por El Destape, se encuentra en dos galpones ubicados en Villa Martelli, en el norte del conurbano bonaerense; y en Tafí Viejo, en Tucumán.
A partir de la investigación, el dirigente social, Juan Grabois, se presentó ante la Justicia y denunció la situación, lo que permitió saber que en los galpones hay: yerba mate, leche en polvo, puré de tomate, garbanzos, harinas de trigo y maíz, locro y arroz con carne, entre otros, muchos a punto de vencer con fecha de julio. Pese a ello, el Ministerio de Capital Humano decidió apelar la resolución de Casanello, con Gianni a la cabeza. Entre los distintos puntos, la secretaria legal y técnica de la cartera nacional había planteado que la decisión de entregar los alimentos “es una decisión política del Gobierno, por lo tanto no es judiciable”, cuestionó al juez y sostuvo que “la mayoría” de los paquetes son de yerba mate, por lo que no se está afectando la disputa jurídica que hay en esta causa”, es decir, la cuestión humanitaria.
Ante estos hechos, los jueces Irurzun, Farah y Boico, al momento de tomar su decisión hicieron una larga descripción de los hechos en orden cronológico, en los que incluyeron la cita que mantuvieron Grabois y Gianni este martes en la Cámara Federal: en ese punto, los camaristas dispusieron, por mayoría, que se libren oficios "con copia del presente pronunciamiento al Colegio Público de Abogados de esta ciudad y al Ministerio de Capital Humano de la Nación" para que "en el marco de sus respectivas competencias disciplinarias, evalúen las conductas desplegadas por Grabois y Gianni en la audiencia celebrada ante esta Sala".
En tanto, en su cronología de los antecedentes mencionaron: la nota periodística que reveló la retención de alimentos, la denuncia de Grabois, la apelación de Gianni en defensa del Ministerio, la presentación de la Fiscalía ante Casanello, la decisión del juez federal, la orden de allanamiento a los galpones y el acuerdo que informó Capital Humano con la Fundación CONIN para coordinar la distribución y la “utilización de los alimentos”.
Irurzun: sobre los derechos humanos de las personas
Sobre estos antecedentes expusieron sus argumentos. Irurzun, para el caso, criticó el accionar de Gianni y los planteos que realizó ante la Cámara: “No es ésta la oportunidad para discutir la existencia o no del hecho ilícito, sino si lo decidido por el juez es proporcional y razonable”, sostuvo. También, a diferencia de lo planteado por la abogada, que “no puede sostenerse que estamos en presencia de una intromisión indebida de la Justicia”, ya que -explicó- "no están en discusión las políticas de Estado en materia de seguridad alimentaria, sino la lisa y llanamente, si existió una ilícita actuación de funcionarios públicos que agravó aún más la situación catastrófica en la que se encuentra un importante grupo de personas que no tienen sus derechos humanos básicos cubiertos”.
En tanto, apoyó la decision de Casanello, en vistas de que se sabe que aún existen alimentos “cuya caducidad se encuentra próxima”.
No dejó de mencionar, además, la audiencia entre Grabois y Gianni a la que calatgó de una “inmadura discusión” entre dos personas que “utilizaron la ocasión” para “exponer sus diferencias personales”.
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Farah, una decisión para la población
En el comienzo de su argumentación Farah hizo énfasis en la necesidad de utilizar un “lenguaje llano, claro y entendible para la población, legítima destinataria del fallo”, por lo que decidió dejar de lado las expresiones técnicas.Tras retomar el órden cronológico de los hechos, también, se ocupó de defenestrar los planteos hechos por Gianni respecto a la supuesta intromisión de la Justicia como al hecho de que supuestamente sólo fueran paquetes de yerba mate lo que no se estaba entregando.
Farah, además, marcó que amerita la intervención de la Justicia ante las acusaciones cruzadas entre el Ministerio sobre dirigentes sociales -a quienes desde el Gobierno llaman “gerentes de la pobreza”- y desde los dirigentes sociales sobre la retención de alimentos por parte del Gobierno; y apoyó a Casanello en su decisión que está basada de tratados internacionales con jerarquía constitucional en nuestro país ante una situación de “pobreza de alcances significativos y por haberse demostrado la existencia de numerosos alimentos adquiridos y almacenados para ser destinados a paliar aquella situación”.
“Mi respuesta es, enfáticamente, negativa”, escribió Fara sobre la protesta realizada por el Ministerio de Capital Humano, que consideró que se está ante una “cuestión política no judiciable”.
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Boico, sobre la decisión de Casanello: “No pone en jaque las facultades propias y exclusivas del órgano del Estado”
“Esto es una causa penal, y como tal un escenario de indagación acerca de una/s conducta/s de presunta significación criminal. Que lo investigado constituya un delito, luego se verá, pero no debemos perder de vista el encuadre que circunscribe nuestra competencia constitucional y el tiempo (el ahora) en el que fuimos convocados a resolver un asunto/contingencia referido a esta investigación”, dijo Boico en su posicionamiento, en el que también criticó a Capital Humano por sus respuestas “tardías” y la no comprensión de que la decisión de Casanello se trata de una disposición a cumplir más allá de la apelación realizada.
En reiteradas ocasiones y con diferentes palabras, Boico explicó que el Ministerio “no logró plantear con solvencia” su apelación a la que consideró “desmedidamente adjetivada”. “La medida dispuesta por el Sr. Juez no pone en jaque las facultades propias y exclusivas del órgano del Estado, no avanza -en absoluto- sobre las acciones entabladas ante el fuero contencioso administrativo, cuya matriz de discusión no se yuxtapone a la aquí entablada, ni conmueve cuanto sería el objeto del expediente CFP 4489/2024, como ha pretendido instalar la recurrente”, dijo sobre la decisión de Casanello, que apoyó al igual que los otros dos magistrados.
Además, recordó de qué se trata la situación judicial: “Se intenta determinar si funcionarios del Ministerio de Capital Humano encargados de la entrega de alimentos a comedores comunitarios, incurrieron en los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes del cargo y/o administración fraudulenta, al haber suspendido el abastecimiento pese a contar con fondos disponibles para ello”. Y, en ese punto, defendió la actuación de la fiscal Paloma Ochoa: “Es con ese norte que la fiscal del caso fue ordenando diversas diligencias que se orientan a corroborar -o descartar- la hipótesis apuntada”.
Tras mencionar al Papa Francisco, que dijo “hay comida para todos, pero no todos pueden comer, mientras que el derroche, el descarte, el consumo excesivo y el uso de alimentos para otros fines, están ante nuestros ojos. Por desgracia, esta «paradoja» sigue siendo actual”. Farah sostuvo que la discusión iniciada a partir de la apelación -que se replicó en la audiencia de este martes– “transitó un carril que - lamentablemente- nada tiene que ver con la asistencia, la seguridad o la política alimentaria, sino con una cerrada defensa por parte del organismo donde lo único que ha dejado expresamente claro es que no cumplirán la manda judicial”.
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