El Tribunal Oral Federal 8 hizo lugar a la celebración de una audiencia oral y pública solicitada por la vicepresidenta Cristina Kirchner, en el marco de la causa del memorándum de entendimiento con Irán. Aunque la fecha aún no está definida, se trata de un pedido formulado por la defensa de la expresidenta para poder exponer los planteos de nulidad contra la causa que instruyó el fallecido juez Claudio Bonadio y en la que está acusada de encubrir a los imputados iraníes por el atentado a la AMIA.
El TOF 8 acompañó el planteo de Cristina para exponer en una audiencia oral, pública y televisada. La solicitud de la defensa de vicepresidenta -como sucedió en la causa dólar futuro- surgió luego de que se conocieran las visitas que dos jueces de la Cámara Federal de Casación Penal, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, habían hecho al entonces presidente Mauricio Macri, dos de los magistrados que votaron la reapertura de la causa que nació con la denuncia del fiscal Alberto Nisman.
"La celebración de la audiencia oral y pública solicitada por las Defensas y el representante del Ministerio Público Fiscal, es el mejor –sino el único mecanismo para garantizar de manera amplia los principios de oralidad, publicidad, contradicción e inmediación", fundamentó el tribunal. En ese sentido, agregó: "La oralidad y la publicidad, constituyen una exigencia constitucional, muchas veces desoída, que se deriva de nuestra forma republicana de gobierno (art. 1 y 33 de la CN) y que, en palabras de Julio Maier, sino se quiere vaciar de contenido en el ámbito de la administración de justicia habrá que coincidir en que ella exige la posibilidad de control popular sobre la tarea de los jueces, sobre los actos que van a fundar la decisión final y sobre la decisión misma".
En otro pasaje, el tribunal remarcó que "publicitar y transparentar el trámite incidental y la solución a la que en definitiva se arribe, responde también a una exigencia proveniente de una sociedad que en su conjunto nos interpela como operadores y operadoras de una justicia permanentemente cuestionada".
En un dictamen firmado el 20 de mayo, el fiscal federal Marcelo Colombo había afirmado que para las defensas, las “reiteradas visitas al expresidente, recientemente conocidas, ponen en evidencia la pérdida de imparcialidad” de los magistrados o, “cuanto menos, constituyen una sospecha tan intensa de esa pérdida que impiden sostener la validez de las decisiones judiciales atacadas”.
Y por ello indicó que “resulta necesario, tal y como propone una de las presentaciones, incorporar a esta incidencia información adicional y relevante que me permita tener un cuadro de situación más completo para estar en condiciones de emitir una opinión fundada sobre los planteos realizados”.
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