El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, le envió una carta a la Corte Suprema para pedirle que suspenda el fallo "Levinas", con el que el máximo tribunal había ubicado al Tribunal Superior de Justicia porteño (TSJ) como alzada de las cámaras nacionales de la Ciudad de Buenos Aires. Ese fallo modificaba la estructura del Poder Judicial y, además de favorecer al expresidente Mauricio Macri en la causa Correo, era un gesto que beneficiaba a las grandes empresas del país radicadas en territorio porteño y a la fuerza política que gobierna la Ciudad.
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En el escrito, Casal remarcó que esa decisión deja al Ministerio Público Fiscal impedido de cumplir con sus funciones legales y constitucionales en los procesos que tramitan ante el fuero nacional, en detrimento de los intereses por los que tiene que velar, al tener ahora en el medio el TSJ porteño. Esto es porque tuerce el recorrido que las Cámaras nacionales hacían hasta este momento, siempre en el fuero federal, para tener que actuar ante el TSJ, que tiene distintos procedimientos y en donde las fiscalías nacionales estarán impedidas de accionar.
En ese sentido, remarca en su presentación las "consecuencias perjudiciales" que la resolución de la Corte Suprema tiene.
En las cuatro páginas puntuó seis puntos en los que pone distintos ejemplos sobre la interferencia que el fallo genera al tratarse de dos fueros diferentes y, es más, de un tribunal local por sobre causas que se llevan en el orden nacional que tienen distintos procedimientos. Para el caso, si el Ministerio Público quisiera impugnar sentencias de las cámaras nacionales con competencia ordinaria en la Ciudad, deberá introducir un recurso de amparo, pero, señaló Casal: "Las normas que rigen las competencias del Ministerio Público Fiscal no le otorgan legitimidad procesal para intervenir sino ante tribunales nacionales".
De esa forma, "las fiscalías nacionales no estarían habilitadas legalmente para actuar porque no tienen competencia en ese foro". Eso, dijo Casal, "sería un un perjuicio para los intereses sociales que deben defender".
Por eso, pide a la Corte suspender la aplicación de lo decidido "hasta que se resuelva de manera normativamente adecuada la restricción que impide" al Ministerio Público llevar a cabo "legal y eficazmente" la nueva actividad procesal ante el fuero porteño.
Los problemas en la política criminal
En otro de los puntos, el procurador también mencionó que en caso de una "hipotética actuación mixta" entre la justicia federal y la local implicaría "un obstáculo para el diseño de una política criminal coherente, pues la actuación de fiscales nacionales conforme los criterios de actuación establecidos", dijo.
"Al tratarse de órganos distintos con regímenes de superintendencia diferentes y facultades disciplinarias diversas, su intervención simultánea o sucesiva en un mismo proceso dificulta notablemente tanto establecer criterios de actuación conforme una política criminal coherente como el control jerárquico de su aplicación", explicó.
En esa línea, señala a la Corte que no parece haber delinado un criterio "hermenéutico para la adecuada solución de los problemas expuestos", también que en la resolución judicial no fiugura una habiltiación constritucional y legal de los fiscales nacionales para intervenir ante un tribunal local que, especifica una vez más, "quedaría trunca, sin capacidad de impugnación plena" y, aún más: "Con un perjuicio para los intereses sociales que deben defender, ni mucho menos podría hacerlo la Fiscalía General de la ciudad respecto de magistrados ajenos a la estructura que por otro lado, tampoco debería ceñirse a directivas" de la Procuraduría.
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