Este lunes se cerró la inscripción para concursar por dos cargos estratégicos de Comodoro Py. Se trata de los dos sillones que hoy ocupan los jueces Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia en la sala I de la Cámara Federal porteña, adonde llegaron a dedo por decisión del entonces presidente Mauricio Macri. La novedad es que hubo 138 inscriptos y Bruglia no se presentó, es decir, no buscará seguir en el cargo de forma legal, tras el revés que recibió en la Corte Suprema de Justicia su intento de seguir donde está sin cumplir con los requisitos que establece la Constitución. La lista de candidatos tiene nombres de peso en tribunales. Entre los anotados figuran, además de Bertuzzi, Sebastián Casanello, Marcelo Martínez de Giorgi, Julián Ercolini, Federico Villena y Juan Rodríguez Ponte.
El pasado 3 de noviembre, la Corte Suprema resolvió el per saltum que habían presentado Bruglia y Bertuzzi para intentar quedarse de forma efectiva en la sala I de la Cámara Federal porteña, donde el único juez que llegó por concurso es Mariano Llorens (también designado durante el macrismo). Los supremos resolvieron que todo traslado es transitorio y que los jueces movidos deben permanecer donde están hasta que el cargo sea cubierto como lo establece la Constitución, es decir, por un concurso en el Consejo de la Magistratura, propuesta del Ejecutivo y acuerdo del Senado. Si bien ya había un proceso en trámite para la sala II de la misma cámara, el Alto Tribunal ordenó que se hiciera un nuevo concurso para que puedan competir tanto Bruglia como Bertuzzi.
Tras el fallo cortesano, el Consejo de la Magistratura puso en marcha el concurso 461 para cubrir los sillones que hoy ocupan Bruglia y Bertuzzi. La inscripción para concursar se abrió el 2 de febrero pasado y cerró este lunes. Hubo 138 anotados, entre jueces, fiscales, secretarios y abogados. Pero sobre todo, se destaca una ausencia. La de Bruglia, quien decidió no competir para continuar en la cámara. En cambio, Bertuzzi sí se presentó.
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Entre los inscriptos figuran jueces de primera instancia de Comodoro Py como Sebastián Casanello, Marcelo Martínez de Giorgi, Sebastián Ramos y Julián Ercolini, uno de los jueces del Lawfare.
También se anotó la fiscal de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona, quien hoy investiga la causa de espionaje ilegal que involucra a la AFI macrista. No es la única funcionaria judicial de esa jurisdicción que se registró en el concurso. Hizo lo propio el juez Federico Villena, quien llegó a Lomas de Zamora mediante un traslado. Desde allí le dio impulso a una de las dos causas por espionaje ilegal que complican a funcionarios macristas.
Otro de los inscriptos es Juan Rodríguez Ponte, director de la DAJuDeCO, la dependencia que se creó en la Corte durante el gobierno de Macri para administrar la Oficina de Escuchas y que quedó envuelta en la polémica luego de una serie de filtraciones. La DAJuDeCO creció tanto que se transformó en una especie de mini SIDE.
A ellos se suman Diego Amarante, Pablo Yadarola y Javier López Biscayart, jueces del fuero Penal Económico. Los dos primeros habían concursado para integrar la sala II de la Cámara porteña donde finalmente fue elegido Roberto Boico.
Ernesto Kreplak, juez federal de La Plata, y Gabriela López Iñiguez, integrante del Tribunal Oral Federal N° 8, son otros de los inscriptos.
El próximo paso en el concurso es el examen escrito que se realizará el 26 de febrero. La intención de los consejeros es que sea presencial, lo que implicará una logística delicada por la pandemia.
En el Consejo de la Magistratura son optimistas y creen que el concurso para los dos cargos de la sala I de la Cámara Federal porteña puede terminarse este año. Lo cierto es que después se necesitarán los votos de dos tercios de los integrantes del plenario (9 sobre 13 consejeros si están todos) para poder elevar la terna al Poder Ejecutivo. Si no hay consenso, el proceso de designación queda trabado. Lo que habilitaría a Bruglia y a Bertuzzi a permanecer en el cargo por tiempo indefinido. De allí, que la negociación política será clave para allanar los nuevos nombramientos.
Este concurso es parte de la reestructuración del estratégico tribunal de Retiro, que el oficialismo comenzó rearmar con el regreso de Eduardo Farah y el envío del pliego de Boico al Senado.
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