La jueza federal María Servini resolvió prohibir la salida del país de Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, exasesor de Mauricio Macri. La decisión la tomó en la causa en que se investiga el intento de desguace del Grupo Indalo, que incluyó la detención de sus dueños, Cristóbal López y Fabián De Sousa, durante el gobierno de Cambiemos y en la que Pepín fue citado a indagatoria.
La magistrada considera que Pepín tuvo un rol central en esa operación. No fue la única que lo tuvo por protagonista. El fiscal de la Seguridad Social, Gabriel De Vedia, relató la extorsión que Rodríguez Simón le espetó cuando fue a pedir que se parara el embate contra la entonces Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó. Un operador todoterreno.
Prohibición de salida del país
El jueves pasado, los abogados de De Sousa, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, solicitaron a Servini que dispusiera la prohibición de salida del país de Pepín y la inhibición general de sus bienes. Atentos a diversos elementos que surgen del expediente así como a la posibilidad de que Rodríguez Simón no se encuentre en el país, dijeron que se reservaban “el derecho de peticionar una medida más ‘intensa’, en caso que la evolución de la investigación lo ameritara”.
Servini hizo lugar parcialmente al pedido de los letrados y solo autorizó la prohibición de salida del país de quien integró la Mesa Judicial Pro. Consideró que existe “un riesgo concreto de parte del imputado, no sólo de poder sustraerse del accionar de la justicia, basado en los contactos que tiene en los distintos estamentos de poder, y el arraigo en el exterior del país, sino también su intento de entorpecer en su momento el trámite de este expediente”.
En el escrito que firmó este lunes, la magistrada recordó que investiga “diferentes actos llevados a cabo por funcionarios públicos desde las altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional – encabezado por el entonces Presidente de la Nación, Ing. Mauricio Macri – o a instancias de aquellos, que mediante hostigamiento y ahogo financiero para con las empresas del Grupo Indalo, habrían importado casos de corrupción a través de los cuales, con abuso funcional y desvío de intereses, tendrían como consecuencia perjuicios económicos al mencionado grupo y al patrimonio nacional”.
En ese marco, para la jueza, “se comprobó que Rodríguez Simón participó de diversas reuniones con el querellante Cristóbal Manuel López, y sus socios (Federico de Achával y Ricardo Benedicto), en las que les manifestó las pretensiones económicas y operativas que tenía el Gobierno, y que en caso de que no fueran acatadas les traería consecuencias negativas tanto para sus empresas como para ellos”.
Una de las reuniones que reconstruyó la Justicia y fue para presionar a los dueños del Grupo Indalo, por ejemplo, se desarrolló en la Casa Rosada, y contó con la “presencia del entonces Vice Jefe de Gabinete de Ministros, Mario Quintana (quien tuvo que interceder para bajarle el tono a las manifestaciones realizadas por Rodríguez Simón)”, indicó Servini. “Luego, en otra reunión, le habría expresado a uno de los empresarios mencionados que ‘no quería verlo preso’”, señaló la jueza, que se basó en el testimonio del empresario Federico de Achával, ex socio de Cristóbal López.
Las reuniones en la Casa Rosada no debieran sorprender. Más allá de que no tenía un cargo formal allí (era diputado del Parlasur y director de YPF), Rodríguez Simón solía atender en Casa de Gobierno. De hecho, registra –al menos- 75 ingresos durante el gobierno de Cambiemos. Una treintena fueron a la secretaría privada del Presidente.
En otro pasaje de la resolución, Servini hace alusión al pedido de Pepín de “bajar” un programa de Roberto Navarro en C5N: “En otra oportunidad, el imputado se enteró que en el canal de televisión “C5N” – propiedad de los querellantes – iba a emitirse un programa conducido por Roberto Navarro, donde supuestamente se iba a hablar sobre su persona, para evitar ello se comunicó nuevamente con Federico de Achával, a quien le manifestó que debía bajarse el programa, y cuando éste le indicó que no tenía nada que ver con el canal de televisión mencionado, Rodríguez Simón le habría manifestado: ‘Jodete por ser socio de Cristóbal López, bájalo porque si no te hacemos mierda’”. Nuevamente, la jueza se basó en la declaración de De Achaval.
Eso no es todo.
En su racconto de hechos, la jueza hace alusión a un apriete de Pepín para intentar que se frene la causa en que se investiga el intento de desguace del Grupo Indalo. El relato lo hizo el empresario Ricardo Benedicto, también ex socio de Cristóbal López, y provocó la apertura de un expediente conexo al principal.
En su declaración, Benedicto relató que Pepín lo llamó por teléfono para reunirse y “charlar unos temas en la casa”. “Hemos tenido muchas reuniones anteriormente, en distintos momentos por la negociación en los aspectos que discutíamos en los contratos de operación de juego que tenemos en Capital Federal”, explicó. El punto es que combinó y fue una tarde a la casa: “Me recibió, lo primero que me manifiesta era que no solo me hablaba en nombre de él, sino que lo hacía en nombre de Mauricio Macri, Mario Quintana, Nicolás Caputo y de (José) Torello”. ¿Qué le dijo? “Que se había enterado de esta denuncia, que no entendía el por qué siendo que no estábamos midiendo las consecuencias, siendo que nosotros seguimos operando negocios de juego en la ciudad (…) me dijo que dependía de cómo la profundicen sería el resultado de la investigación, y ahí me empezó con esto de hacerme entender que nuestra posición era re incómoda, ustedes siguen operando los barcos casinos, hipódromo, tienen un flujo de plata muy importante…”, señaló Servini en el escrito en el que ordenó la prohibición de salida del país.
La magistrada también recordó que durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio que se decretó en su momento por la extensión de la pandemia del coronavirus, Pepín viajó a Uruguay “aún con las restricciones que en ese momento estaban vigentes en ambos países, por motivos de trabajo, lo cual demostraría que podría trabajar y tendría arraigo fuera del territorio nacional”.
Por todas estas razones, Servini entendió que estaban dadas las condiciones para decretar la prohibición de salida del país. No le retuvo el pasaporte sino que comunicó “la restricción a la Dirección Nacional de Migraciones” porque “resulta suficiente”.
En el mismo escrito, la jueza solicitó a Migraciones que le “remita los movimientos migratorios de Rodríguez Simón desde el 6 de agosto de 2020 a la actualidad”.
Los investigadores no tienen claro si Pepín se encuentra en el país. El 6 de agosto de 2020, Rodríguez Simón comunicó que saldría del país. El interés de la jueza es observar si viajó en más oportunidades y no dio aviso al juzgado, lo que complicaría su situación.
A estos elementos que constan en la causa se suma el entrecruzamiento de llamados del teléfono de Pepín, que coincide con el relato de las víctimas sobre las extorsiones que sufrieron.
La presión a Gils Carbó
A la par a esta decisión de Servini, se conocen más datos sobre las operaciones en las que participó Rodríguez Simón.
Pepin registra al menos 75 ingresos a la Casa Rosada entre diciembre de 2015 y julio de 2019. Casi una treintena fueron a la secretaría privada del entonces presidente Mauricio Macri. Un número elevado de visitas a Casa de Gobierno para quien era formalmente diputado del Parlasur –lo sigue siendo- y director de YPF.
Es más, según funcionarios que lo trataron, atendía en la Casa Rosada. Allí, en Casa de Gobierno, Rodríguez Simón mantuvo un encuentro con el fiscal de la seguridad social, Gabriel De Vedia. De Vedia está vinculado a la expareja de Pepín y le pidió una reunión para intentar frenar la embestida contra Alejandra Gils Carbó.
Tal como contó Alejandra Dandan en el Cohete a La Luna, Pepín atendió a De Vedia en la Casa Rosada. El fiscal se fue más preocupado de lo que llegó. Rodríguez Simón le dijo que la única forma de que se terminara la persecución era si le llevaba la renuncia de la procuradora. “Ella no va a renunciar”, le dijo el fiscal de la Seguridad Social. “Y bueno, meteremos presas a las hijas y a ella”, le respondió, según contó De Vedia. La reunión ocurrió el 26 de octubre de 2017. Alejandra Gils Carbó renunció cuatro días después.
Por si quedase alguna duda sobre su poder: Pepín también echó por teléfono a quien era el Procurador del Tesoro, Carlos Balbín. No fue azaroso que este asesor presidencial le dijese a sus interlocutores, como contó Cristóbal López: “Yo soy Macri”.
Según pudo reconstruir este medio, Rodríguez Simón tenía intervención en distintos casos que Macri quería seguir de cerca como el del Grupo Indalo pero también el escándalo del Correo o el tema tarifario. El tema tarifas era crucial para Macri, su obsesión, según le decía Pepin a sus interlocutores.
Además de estar citado a prestar declaración indagatoria en la causa del Grupo Indalo, Pepín está imputado en la Mesa de la Judicial Pro.
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