Tres fallos que la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos dio a conocer en algo más de 24 horas, estableciendo serias limitaciones al derecho al aborto, legalizando la portación de armas en la vía pública en todo el país y limitando la posibilidad de accionar judicialmente contra agentes policiales que no cumplen con garantías de los detenidos constituyen la principal restauración conservadora en décadas para ese país.
El máximo tribunal, cooptado por la derecha a través de maniobras que bordean lo antirrepublicano, avanza en contra del sentido de su propia jurisprudencia y de consensos sociales amplios, en interés de una minoría altamente ideologizada y que se resiste a los cambios dispuestos a través de herramientas democráticas. Si el cuadro de situación resulta familiar es porque existen paralelismos fuertes con lo que pasa en Argentina.
A Donald Trump y a Mauricio Macri les alcanzó un solo mandato presidencial para moldear el Poder Judicial de una forma que puede perdurar por muchos años, incluso décadas. Los dos promovieron mayorías alineadas en la defensa del status quo, vinculadas a corporaciones poderosas y con poco apego por la jurisprudencia y los consensos alcanzados trabajosamente por la sociedad.
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Pero ambos comenzaron a forjar esa restauración incluso antes de acceder al poder. El juez supremo Antonin Scalia falleció en febrero del 16, once meses antes de que terminara el mandato de Barack Obama. La oposición republicana en el Senado bloqueó el nombramiento de su sucesor especulando con un triunfo presidencial que les permitiría llenar la vacante, lo que sucedió luego de que Trump se impusiera a Hillary Clinton.
En Argentina, Eugenio Zaffaroni renunció, por haber cumplido la edad que establece la ley como límite, en octubre de 2014, catorce meses antes de que terminara el mandato de Cristina Fernández de Kirchner. La oposición antiperonista en el Senado bloqueó el nombramiento de su sucesor especulando con un triunfo presidencial que les permitiera llenar la vacante, lo que sucedió luego de que Macri se impusiera a Daniel Scioli.
Además, el juez Carlos Fayt, que había superado la edad límite dos décadas antes pero se había eximido de cumplir la norma, esperó a confirmar el triunfo del candidato del PRO en 2015 para presentar su renuncia, garantizando al nuevo gobierno los dos lugares necesarios para moldear una mayoría en la Corte de cinco miembros. A Trump el azar, la biología y el paso del tiempo le dieron dos plazas extra; un total de tres sobre nueve.
Con mayor velocidad que su contraparte yanqui, la Corte Suprema argentina tuvo su primer intento de restauración conservadora en sus primeros meses de funcionamiento: fue el fallo que ampliaba el beneficio de 2x1 a los genocidas juzgados por delitos de lesa humanidad. Esa sentencia guarda muchas similitudes con las decisiones que tomó por estos días el tribunal norteamericano estableciendo retrocesos severos para la sociedad.
En ambos casos se trata de fallos con un profundo contenido ideológico pero también innegable mensaje político: una declaración de intenciones que va mucho más allá de los reclamos realistas que tenían al momento los sectores conservadores que impulsaban medidas en ese sentido. En ambos casos se intenta echar por tierra con un consenso amplio consolidado gracias a un enorme trabajo intergeneracional.
En la Argentina la sociedad pudo hacer que se dé marcha atrás con esa decisión a través de un repudio masivo, aunque es válido preguntarse si seis años más tarde la reacción popular sería la misma y si el tribunal, más fortalecido, volvería a retroceder en un caso similar. Es probable que la respuesta, especulativa, a esa duda, nos deje desolados. Algo está roto y es en esa herida que avanza la descomposición social y política.
En Estados Unidos ya se están convocando movilizaciones multitudinarias para protestar en contra de las últimas decisiones de la Corte Suprema aunque sus organizadores no son optimistas con que puedan torcer los fallos. Por el contrario, temen que haya nuevas sentencias en las que se cuestionen otros derechos, como la anticoncepción gratuita y el matrimonio entre personas del mismo sexo.
Por último, tanto Trump como Macri, además, tomaron la precaución de nombrar jueces que, por su edad, se presume van a ocupar el cargo durante muchísimos años, condicionando la voluntad popular en el largo plazo. El promedio de edad de los cortesanos norteamericanos es de solamente 52 años; en la Argentina todos están por encima de los 60 pero tienen por lo menos una década de actividad por delante.
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