Las elecciones en el Colegio Público de Abogados porteño entran en su recta final y el macrismo busca quedarse con su conducción en una lista que encabeza Ricardo Gil Lavedra. No es casual: la entidad se presentó en varias causas en las que se investiga el espionaje ilegal desplegado durante el gobierno de Mauricio Macri. Gil Lavedra integró ese gobierno supuestamente ad honorem pero en 4 años su patrimonio pasó de 31 a 325 millones de pesos, lo multiplicó por 10. En el interín fue parte del armado del lawfare, cobró más de 4 millones de pesos a dedo para intervenir directamente en la causa contra el grupo Indalo, asesoró para la persecución de Milagro Sala y tenía buena parte de su patrimonio en Suiza, una guarida fiscal.
Gil Lavedra no se presenta solo, esto le interesa a la Mesa Judicial cambiemita. La boleta incluye, entre otros, a:
- el ex Secretario Legal y Técnico Pablo Clusellas, gerente de confianza de los Macri y miembro de la Mesa Judicial cambiemita.
- Martín Casares, ex jefe de Gabinete del Ministerio de Justicia en la era del lawfare
- José Console, integrante de la Comisión Directiva de Boca que cambió la acusación del Estado en la causa por el encubrimiento del atentado a la AMIA para proteger a los fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia
- Ricardo Mihura Estrada, uno de los principales aportantes de campaña de Macri
- los ex fiscales generales porteños Luis Cevasco y Martín Ocampo
Para completar, Gil Lavedra cuenta con el apoyo (con todo lo que eso significa) de Juan Sebastián “Enano” De Stéfano, el ex director de Asuntos Jurídicos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Macri, procesado por espionaje ilegal.
El armado de Gil Lavedra es claro: representa al macrismo, a parte del radicalismo porteño y al Colegio de Abogados de la calle Montevideo que, vale aclarar, nada tiene que ver con el Colegio Público.
El Colegio Público de Abogados, con sede en avenida Corrientes 1441, cuenta con más de 130.000 inscriptos. El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, el conocido como Colegio de la calle Montevideo, tiene unos 1.500 socios y funciona como entidad de lobby de los estudios más poderosos de la city porteña y fue el armador del andamiaje pseudolegal de las dictaduras. Revistan ahí también los abogados de genocidas. Gil Lavedra es socio del Colegio de Abogados de la calle Montevideo: ahora quiere presidir el Colegio Público.
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El contendiente de Gil Lavedra es Jorge Rizzo, que va por un nuevo mandato al frente del Colegio Público de Abogados en alianza con distintos sectores que se unieron para enfrentar la entente macrista, entre ellos el Frente de Abogados Populares que nuclea a un buen número de laboralistas.
En los últimos días Rizzo declaró que “atrás de la lista de Gil Lavedra están Daniel Angelici y Juan Sebastián De Stéfano. Es la lista de la impunidad”. En su cuenta de Twitter Rizzo subió una foto de De Stéfano y puso: “En vez de estar trabajando en Subte o declarando en Tribunales, De Stéfano con total impunidad toma lista a los empleados de la Ciudad obligados a votar por Gil Lavedra. Si, el imperio del terror....”
Los vínculos aparecen por todos lados. Por ejemplo, Console, que buscó la absolución de los fiscales Mullen y Barbaccia, trabajaba en el despacho de consejera de la Magistratura porteña Silvia Bianco, la esposa de De Stéfano.
El Colegio que ahora quiere presidir Gil Lavedra se metió en las causas por espionaje ilegal, en especial en la que comenzó en los tribunales de Lomas de Zamora pero luego fue absorbida por Comodoro Py.
El presidente del Colegio Eduardo Awad pidió ser querellante en la causa donde se investiga, entre otras cosas, las escuchas ilegales que se realizaron contra presos K en el penal de Ezeiza durante el macrismo. Luego el Colegio pidió el apartamiento del juez Mariano Borinsky y la nulidad de las decisiones que tomó la Cámara Federal de Casación en la causa de espionaje ilegal, entre ellas el pase del caso a los tribunales de Comodoro Py.
El Colegio Público de Abogados también adhirió al pedido de que se allane el domicilio de Elisa Carrió por la utilización de escuchas ilegales a presos políticos.
Es evidente que todo esto se frenará si Gil Lavedra gana los comicios. La votación culmina mañana jueves.
PRO Lavedra
Gil Lavedra vive hasta hoy con la pátina que le otorgó su participación en el Juicio a las Juntas. Pero lo cierto es que durante el gobierno de Macri fue uno de los armadores de la persecución judicial y fue bien recompensado. Según sus declaraciones juradas entró al gobierno de Macri con un patrimonio de 31 millones de pesos y lo dejó con 325 millones de pesos.
Su cargo formal y “ad honorem” era presidente del Consejo Consultivo del Programa Justicia 2020, el proyecto que Garavano trajo de su paso por el Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (FORES), institución de lobby creada en plena dictadura para su soporte cívico-legal. Se desconoce qué hizo el Programa Justicia 2020: se sabe que se dedicaron a la persecución judicial.
Mientras de desempeña como asesor “ad honorem” Gil Lavedra fue contratado a dedo por la AFIP por más de 4 millones de pesos para representarla en la causa contra Cristóbal López y Fabián De Sousa. Se ve que tan ad honorem no era.
El derrotero de esta designación, revelado por El Destape en mayo de 2018, fue el siguiente: La AFIP le pidió a la Procuración del Tesoro, que es la cabeza de los abogados del Estado, que opinara sobre la contratación de Gil Lavedra. En la Procuración del Tesoro aún estaba Carlos Balbín, que salió luego eyectado por el combo Correo Argentino y Odebrecht. Pero, en este caso, siguió la línea de Macri.
Según la documentación a la que accedió El Destape, la AFIP planteó que “no cuenta con profesionales que se encuentren en condiciones de asumir una querella, en un tema de la relevancia y complejidad como el que se debate en la causa”. Se refería al caso Indalo, que luego terminó en la nada.
La AFIP, según consta en el expediente interno, primero solicitó 3 currículums. Luego, sin aclarar porqué, decidieron que “tal prestación sea brindada por el Dr. R G L (así consta en la documentación, con sus siglas), cuya trayectoria es de público conocimiento, siendo el perfil del nombrado profesional el más adecuado para llevar a cabo la labor necesaria para la mejor defensa de los intereses del organismo en la causa en cuestión”.
Luego procedieron a la Apertura de la Contratación Directa en la cuál, según los documentos, “se registra como única oferta ingresada (…) un monto total de $2.178.000”. O sea, eligieron a Gil Lavedra a dedo y luego aceptaron su oferta única.
El Destape hizo un pedido de acceso a la información pública para conocer más detalles de esta u otra contratación a Gil Lavedra por parte del Estado. La respuesta fue que la contratación de AFIP fue prorrogada por el mismo importe, 2.178.000 pesos, por lo que Gil Lavedra recibió al menos 4.356.000 pesos por perseguir a López y De Sousa.
No fue el único servicio. Mientras era “ad honorem” también defendió a la entonces vicepresidenta Gabriela Michetti en la causa por el dinero sin declarar que tenía su casa, fruto del reboleo de billetes entre las fundaciones PRO que cerró sin investigar el juez Ariel Lijo. Y patrocinó al diputado PRO Eduardo Costa en una causa por lavado de dinero a través de maniobras de triangulación vía Uruguay.
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