Denuncian a jueces por boicotear investigaciones sobre empresas de Macri y Aranda

Ricardo Nissen, titular de la Inspección General de Justicia (IGJ) cuya tarea es el control de la legalidad del funcionamiento de las empresas, denunció a los jueces que integran la Cámara Comercial por obstaculizar las investigaciones respecto de firmas vinculadas a Maurico Macri y el Grupo Clarín, entre otros.

La denuncia alcanza a 9 magistrados que integran la Cámara Comercial: Héctor Chomer, Maria Elsa Uzal (que intervino en el caso Correo a favor de los Macri), Alfredo Kolliker Frers, Julia Villanueva, Eduardo Machin, Pablo Heredia, Miguel Bargalló, Angel Sala y Hernán Moncla. Para el titular de la IGJ estos jueces hicieron “abuso de su poder” y dictaron “resoluciones judiciales que prima facie resultan contrarias a la ley y que revelan un sistemático plan criminal de actuación velando por intereses totalmente ajenos a los estatales”.

Con todas las cámaras y miradas puestas en Comodoro Py, el fuero Comercial goza de gran impunidad para la discrecionalidad. Y no es un fuero menor, sino todo lo contrario: allí, y no en Comodor Py, es donde tramitan los casos de grandes empresas, en esos despachos se discuten cifras siderales de dinero.

¿Qué denuncia Nissen? Que mientras su trabajo en la IGJ busca fiscalizar el funcionamiento de las sociedades, en especial de las off shore, las sociedades extranjeras falsas y las SAS (que se crean en 24 horas sin controles) y que son “usina de todo tipo de delitos”, desde la Cámara Comercial, el lugar donde se tramitan las causas judiciales que se inician con los controles de la IGJ, boicotean investigaciones sobre determinados grupos económicos.

Nissen asegura que estos jueces de la Cámara Comercial violan la ley, contradicen su propia jurisprudencia y todo para “defender los intereses de empresarios y funcionarios macristas que se encuentran seriamente comprometidos en las investigaciones llevadas a cabo por la Inspección General de Justicia por denuncia de terceros o mediante actuaciones de oficio impulsadas por dicho Organismo”.

Los casos y empresas involucradas en los cuales Nissen denuncia que la Cámara Comercial frenó las investigaciones son:

1. Luaran SAU, expediente donde José Aranda, uno de los dueños de Clarín, intentó registrar una empresa en Argentina donde invirtió casi 2.500 millones de pesos. No dijo de donde vino la plata. La IGJ identificó que se trataba en realidad de una sociedad unipersonal que Aranda tiene en Panamá, una guarida fiscal, y no solo le rechazó el pedido sino que encontró muchas irregularidades en sus balances e inició una serie de investigaciones ante indicios de lavado de dinero, fuga y evasión. Pero Aranda logró un fallo judicial a medida que impide que se lo investigue, tal como informó El Destape. En ese caso Aranda recusó al juez Machín y Nissen dice que designaron en su lugar al juez Heredia de forma clandestina. Heredia tiene un historial de fallos a favor de Clarin.
2. Los expedientes de las empresas donde Macri tiene acciones (Molino Arrocero Rio Guayquiraro, 4 Leguas, Maria Amina, Agro G) y de la que controlaba su falso fideicomiso ciego (Seguridad Fiduciaria), todos manejados según la denuncia por la Sala C de la Cámara Comercial.
3. Salta Cotton SA, caso finculado al falso fideocomiso ciego de Macri. A partir de las investigaciones de la IGJ sobre esa maniobra del ex presidente, publicadas en El Destape, el organismo que conduce Nissen hizo otras similares. En este caso, sobre Salta Cotton SA, donde aparecen Pablo Clusellas (secretario Legal y Técnico de Macri) y Alejandro Braun Peña, familiar de Marcos Peña (jefe de gabinete de Macri). En este caso intervino la Sala A, con los jueces Chomer, Uzal y Kolliker Frers. La denuncia destaca que tanto Uzal como Kolliker Frers visitaron justamente a Clusellas en la Casa Rosada.
4. Remas Argentina SRL, un caso que no inició la IGJ sino una denuncia del Colegio de Corredores Inmobiliarios de CABA porque esa firma hacía muchas operaciones sin corredores ni martilleros habilitados. Lo que apareció es que usaban esa firma como franquicia de Remax Internacional Inc, que no está inscripta en Argentina. La denuncia de Nissen detalla que en este caso intervino la Sala E, con los jueces Bargalló Sala y Monclá, y que éste último vitiò la Casa Rosada durante el gobierno de Macri.
5. Mercados Energéticos Consultores SA, una sociedad extranjera que participó de una asamblea de otra sociedad en Argentina como titular de 97% de sus acciones. Cuando se quiso registrar en la IGJ saltó que ya estaba anotada en provincia de Buenos Aires con un domicilio ficticio.
6. Villrey SA, otra sociedad constituida en el extranjero cuyo fin exclusivo era ser titular de 2 inmuebles en CABA utilizados por sus socios.
7. Veritran Holding, sociedad constituida en Islas Vírgenes Británicas que pidió inscribirse en Argentina para comprar acciones de una sociedad que estaban a nombre de los mismos que figuraban en esa firman radicada en la guarida fiscal.
8. BoswillSA, una sociedad radicada en Uruguay que solo tiene un inmueble en el Barrio River y que luego se la quiso transferir a uno de los socios de la misma, lo que para la IGJ es un acto simulado y revela que la sociedad nunca tuvo un fin comercial sino de ocultar patrimonio.
9. Linea Expreso Liniers, que objetó una resolución de la IGJ que buscaba la incorporación de mujeres en la dirección de sociedades

La denuncia contra los 9 jueces de la Cámara Comercial detalla que “actuaron y avalaron todo tipo de actuaciones fraudulentas”, entre ellas direccionar todos los casos que denuncia la IGJ a la Sala C, una de las 6 que conforman esos tribunales. También que los sorteos para que le toque a la Sala C son clandestinos, que fraccionaban las denuncias que involucraban a grupos de sociedades para que alguna caiga en la Sala C y así darle intervención, que se rechazaron sistemáticamente las recusaciones contra los integrantes de la Sala C, e incluso que en varios casos cambiaron los integrantes de la Sala C sin notificar a la IGJ.

¿Quiénes integran la Sala C, apuntada por la IGJ como el lugar de protección de Macri, sus allegados y miembros del Grupo Clarín? Los jueces Eduardo Machin y Julia Villanueva. “La elección de la Sala C de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial para dirimir los recurso de apelaciones interpuestas por terceros contra las resoluciones de la IGJ no fue casual ni producto del azar”, denuncia Nissen.

“De todo lo precedente puede concluirse, resumidamente, que los jueces de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial involucrados en la denuncia detallada actuaron, de un lado, en forma sistemática y organizadamente en contra de un Organismo de Control, dependiente del Poder Ejecutivo Nacional, como es la Inspección General de Justicia, obstaculizando ilegítimamente la labor que le resulta inherente por expresas disposiciones legales; y, de otro lado, efectuaron lo anterior para “defender” –y hasta para “asesorar”– a ciertos integrantes de grupos de poder y/o económicos, en cuyo elenco se encuentran, entre otros, personajes tales como José Antonio Aranda (GRUPO CLARÍN), Alejandro Jaime Braun Peña (pariente del ex Jefe de Gabinete de Macri, Marcos Peña Braun), Juliana Awada (esposa del ex Presidente Macri), Pablo Clusellas (ex Secretario Legal y Técnico de Macri), Joseph Charles Lewis (dueño de la Estancia “Hidden Lake” que esconde al Lago Escondido), el propio Mauricio Macri y varias otras personas vinculadas al mismo, que sólo tienen por finalidad hacer negocios espurios, a como dé lugar, por encima de los márgenes legales, neutralizando las Políticas de Estado del Poder Ejecutivo a través del actuar de magistrados complacientes y conspirando, con tal modo de accionar, contra el interés general de la sociedad argentina en su conjunto”, informaron desde la IGJ.