El Consejo de la Magistratura, presidido por el ministro cortesano Horacio Rosatti, busca mostrarse activo luego de la escalada política que provocó el desembarco supremo en el órgano de selección y sanción de jueces. Este miércoles, el Consejo comenzó el concurso para cubrir una vacante en el tribunal penal más importante del país: la Cámara Federal de Casación Penal. Se trata de la última instancia revisora en esa materia en el fuero federal, por donde tramitan los expedientes políticos más sensibles y tiene asiento en el primer piso de Comodoro Py. Es un puesto muy codiciado. Hubo 44 postulantes entre los que se destacan jueces del Lawfare como Pablo Bertuzzi o de los tribunales del edificio de Retiro que juzgaron a dirigentes kirchneristas.
El concurso que se inició este miércoles es para cubrir la única vacante que hay en la actualidad en la Cámara Federal de Casación Penal. Se trata la vocalía de la sala III que ocupaba Liliana Catucci, quien dejó el cargo en septiembre pasado y fue despedida por agentes de la Policía Federal en un acto insólito que quedó registrado por las cámaras. Catucci, histórica de Comodoro Py, de perfil extremadamente conservador, dejó el cargo tras cumplir 75 años y no lograr un fallo judicial que le permitiera seguir en el cargo fuera de los plazos que estipula la Constitución.
Tras la partida de Catucci, el Consejo de la Magistratura convocó a un concurso para cubrir la vacante que dejó en la sala III.
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En total hubo 95 inscriptos, entre jueces, fiscales y abogados. Pero uno de ellos era el juez federal de Mendoza Walter Bento, que está procesado con prisión preventiva en una causa por delitos dolosos –no está detenido porque tiene fueros-. En lo que fue el primer acto del “nuevo” Consejo de 20 integrantes que resucitó la Corte Suprema de Justicia, el 27 de abril pasado los consejeros por unanimidad excluyeron a Bento de este concurso. Hubo 18 firmas porque aún no asumieron el senador del FdT Martín Doñate ni la diputada radical Roxana Reyes.
De los 94 inscriptos –por la exlclusión de Bento-, 70 confirmaron que se iban a presentar al examen. Este miércoles se realizó la prueba de oposición. La prueba se realizó en el salón de Subastas Judiciales del Poder Judicial de la Nación. Concurrieron 44 concursantes, finalmente (12 mujeres).
Entre los candidatos que se presentaron, se destaca Pablo Bertuzzi, el juez que Mauricio Macri nombró a dedo en la Cámara Federal porteña. Como su designación en la instancia revisora de Comodoro Py fue irregular, la Corte determinó que siguiera en el cargo hasta que se designe a un juez natural para ese cargo. El concurso en el Consejo está concluido pero se necesitan dos tercios de los votos del plenario para aprobarlo y el oficialismo no tiene esa cantidad de voluntades. Requiere del consenso de la oposición, que se cerró y bloquea la aprobación de ese concurso. En ese contexto, Bertuzzi prueba suerte para llegar a la Casación.
También concurrieron jueces que conocen muy bien los pasillos de Comodoro Py porque trabajan o trabajaron allí. Uno de ellos es el juez federal Sebastián Ramos, quien está al frente del juzgado federal Nº 2 del edificio de Retiro. Otro es el juez Jorge Gorini, integrante del tribunal oral que actualmente juzga a la vicepresidenta Cristina Kirchner en el caso de la Obra Pública Vial en Santa Cruz. Es el juez que le preguntó a CFK, en el alegato que dio en el marco de esa causa en diciembre de 2019, si iba a responder preguntas. “Preguntas tienen que contestar ustedes, no yo”, le espetó quien entonces era senadora. El tribunal había negado la posibilidad de que se televisara la audiencia. En aquel alegato, la actual vicepresidenta dejó en claro que estaba siendo perseguida judicialmente: “Un mes antes del cierre de listas me sentaron en el juicio oral por corrupción en la Obra Pública. Lawfare puro”, dijo, por ejemplo.
Otros magistrados de tribunales orales de Comodoro Py que se presentaron al examen escrito fueron Gabriela López Iñiguez, José Michilini y Fernando Machado Pelloni. Los primeros dos firmaron el sobreseimiento de Cristina Kirchner en la causa del Memorándum con Irán. Pero López Iñíguez también firmó la condena contra Amado Boudou en el caso Ciccone por negociaciones incompatibles con la función pública. Votó en aquel entonces con Bertuzzi en el TOF 4 (la jueza, no obstante, no estuvo de acuerdo en condenar a Boudou también por “cohecho pasivo” pero quedó en minoría). Michilini, por su parte, condenó al ex secretario de Obras Públicas José López por el caso de los bolsos repletos de dólares hallados en un convento y rechazó sobreseer a CFK y Axel Kicillof en el caso Dólar Futuro. Fue luego la sala I de la Casación la que resolvió cerrar esa causa emblemática de persecución judicial y no hacer el juicio.
El fiscal Leonel Gómez Barbera, titular de la Fiscalía porteña Nº 32, también se postuló. Es el fiscal del caso de Lucas González, asesinado por agentes de la policía de la Ciudad.
Otras candidatas fueron la defensora oficial ante los tribunales orales Pamela Bisserier y la jueza de Ejecución Penal Jimena Monsalve, que fue secretaria de la vocalía de Alejandro Slokar en la Cámara de Casación.
Con la salida de Catucci se estima que su reemplazo debiera ser otra mujer. Para evitar que quede aún más desbalanceada la paridad de género en la Casación. En la actualidad, de los 12 integrantes del tribunal solo dos son mujeres: Ana Figueroa y Ángela Ledesma.
¿Cómo sigue el concurso? Tras el examen, vendrán las impugnaciones, la entrevista personal de los candidatos y la confección del orden de mérito que deberá votarse en la comisión de Selección del Consejo (aún no está conformada). Allí la votación es por mayoría simple. Del orden de mérito se desprende la terna (los tres mejor ubicados en la escala de méritos). Una vez aprobada, la terna se gira al plenario del Consejo donde se requieren los dos tercios de los votos de los presentes. Si están los 20 integrantes del órgano de selección se requerirán 14 voluntades. Ni el oficialismo ni la oposición hoy tienen esa mayoría. Si hubiera consenso y se votase una terna, esta se gira al Poder Ejecutivo. El Presidente elige a uno de los tres integrantes de esa terna y pasa el pliego del candidato al Senado, donde el pliego se aprueba con mayoría simple. Allí concluye el proceso de designación.
Con la actual conformación del consejo –tras la toma por asalto que hizo la Corte- pareciera difícil pensar en que surja una designación por consenso en un tribunal tan codiciado.
Los antecedentes en esta materia muestran que el macrismo cuando era posición durante el gobierno de CFK bloqueó los concursos y esperó el momento justo para copar este tribunal clave. Es decir, esperó a ser Gobierno.
Macri seleccionó muy bien los cargos donde nombrar jueces. No avanzó sobre la primera instancia de Comodoro Py (solo nombró allí a María Eugenia Capuchetti. La designó en el juzgado que supo ocupar Norberto Oyarbide). El referente del PRO fue por las instancias revisoras: la Cámara Federal porteña y la estratégica Casación.
El máximo tribunal penal del país se convirtió en la retaguardia de Macri. De los actuales 12 miembros de Casación, el expresidente nombró a 5: Daniel Petrone, Diego Barroetaveña, Guillermo Yacobucci, Javier Carbajo y Carlos Mahiques, éste último directamente a dedo y sin concurso. De los 7 restantes hay 4 que igualmente le responden: Juan Carlos Gemignani (sobre quien pesan múltiples denuncias por violencia de género), Eduardo Riggi y los habitués de Macri en la Quinta de Olivos: Mariano Borinsky y Gustavo Hornos. Por este contexto es que el concurso adquiere tanta relevancia.
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