El juez Marcelo Martínez de Giorgi habilitó la feria judicial para avanzar en la investigación en torno al hotel boutique el macrismo le pagó a Alejandro Vandenbroele, testigo clave contra Amado Boudou. La investigación quedó en manos de la fiscala Paloma Ochoa.
La causa se inició a partir de la publicación de El Destape que reveló que el gobierno de Mauricio Macri otorgó fondos millonarios a Vandenbroele para el emprendimiento (que aún tiene) llamado La Masía Hotel Boutique en Chacras de Coria, Mendoza. Lo hizo a través del programa de Protección de Testigos, que dependía del ministro de Justicia Germán Garavano.
Los documentos que publicó este medio revelaron que Carlos Linsalata, un policía porteño cuya tarea consistía en mantener la relación con los testigos protegidos en las causas donde se perseguía a opositores políticos, envío una nota a sus superiores el 24 de agosto de 2018 donde pedía 1.500.000 pesos para un proyecto de Vandenbroele. Da en la nota una información clave: “Cabe destacar que el día 07 de Agosto pasado fueron condenados a prisión con cumplimiento efectivo por más de 5 años el Ex Vicepresidente de la República Argentina el Sr. Amado Boudou”. Parece que era hora del pago por objetivo cumplido, ya que el testimonio de Vandenbroele fue clave para condenar a Boudou. Y ese no fue el único pago, según los documentos a los que accedió y publicó El Destape.
En la misma resolución, el juez Martínez de Giorgi aceptó al propio Boudou, a José María Nuñez Carmon y a Rafael Resnick Brener como querellantes y delegó la investigación en manos de la fiscala Ochoa.
El ex vicepresidente pidió ser querellante a principios de febrero, tal como informó El Destape. Los abogados de Boudou, Graciana Peñafort y Alejandro Rúa, recordaron entonces que la información que publicó este medio fue requerida por ellos durante el juicio oral que terminó con la condena a Boudou y se la negaron. También solicitaron “que se investigue también la conducta de los magistrados y funcionarios judiciales que negaron a esta defensa el acceso a la documentación específicamente requerida”. Nuñez Carmona y Resnick Brener también fueron condenados por el caso Ciccone y ahora quieren ser parte de esta investigación sobre una de tantas irregularidades en ese juicio. Vandebroele, por su parte, informó que tendrá una defensora oficial, que será Florencia Plazas.
El movimiento en la causa se da mientras se define quien será el juez que se quede definitivamente el caso. La cuestión la tiene que definir el juez Martín Irurzun, presidente de la Cámara Federal y autor de la doctrina con su apellido que habilitó el encarcelamiento preventivo de Boudou. El motivo es el siguiente: Quien inició esta causa fue el juez Ariel Lijo, quien tuvo a su cargo la investigación por el caso Ciccone y que al conocer la publicación de El Destape hizo la denuncia para que se investigue el pago del hotel a Vandenbroele. La magia de los sorteos de Comodoro Py hizo que recayera en el juzgado N 11 de Comodoro Py, donde reinó hasta su fallecimiento Claudio Bonadio. Se ve que no habían actualizado aún el software. Ese juzgado lo subroga el juez Martínez de Giorgi. La fiscala Ochoa, impulsó la investigación y sostuvo que la causa debía investigarla el juez Lijo por una cuestión de conexidad. Fue Lijo quien intervino en el caso Ciccone. Pero Lijo la rechazó, por lo que los papeles volvieron al despacho de Martínez de Giorgi y éste los envió a su superior, el camarista Doctrina Irurzún, para que resuelva quien se la quedará.
Que fuera el propio juez Lijo quien, ante la publicación de El Destape, radicara la denuncia no es un dato menor. Durante el macrismo el mecanismo para iniciar una causa judicial implicaba servicios de inteligencia, periodistas que participaban de extorsiones y denunciadores seriales que ponían su sello de goma para poner en marcha la maquinaria de Comodoro Py. En este caso, el mismo juez que investigó el caso y que incluyó a Vandenbroele en el programa de Protección de Testigos pidió que se investigue el pago del hotel.
Tal como informó El Destape, Vandenbroele ingresó al programa de Protección de Testigos el 13 de noviembre de 2017. Su legajo, al que accedió El Destape, parece mostrar una coordinación entre el juez Lijo y el gobierno de Macri. Ese día, el juez Lijo pidió la incorporación provisoria de Vandenbroele al programa en “carácter de muy urgente”. La nota ingresó a las oficinas del programa de Protección de Testigos al día siguiente, el 14, según consta en el matasellos de ingreso al Ministerio de Justicia. Sin embargo, el acta de ingreso de Vandenbroele al programa tiene fecha del 13, o sea, antes de que llegue la nota del juez Lijo. La firma Guillermo Gresia, asesor legal del programa. Varios documentos posteriores también tienen fecha del 13. Burocracia de anticipación o expedientes postdatados.
La estrategia de la persecución judicial en el caso Ciccone tuvo dos ejes, el ataque a Boudou y la protección de los personajes a los que conducía la pista del dinero: los banqueros Raúl Moneta y Jorge Brito. Para lograr esto, el juez Lijo dividió el expediente. La parte que podía involucrar a Boudou la elevó rápidamente a juicio, resuelto por los jueces Néstor Costabel, Pablo Bertuzzi y María Gabriela López Iníguez; la que salpicaba a Moneta y Brito la guardó en un cajón. Moneta falleció impune y a Brito el juez le dictó una falta te mérito.
Vandenbroele no fue el único que recibió una compensación por sus servicios. El juez Bertuzzi condenó a Boudou mientras negociaba su ascenso a camarista federal con el macrismo. Y le cumplieron. Macri lo designó por decreto en la Sala I de la Cámara Federal, cargo que aún ocupa a tiro de otro decreto presidencial.
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