Actas de la AFI: Sobreseen a la interventora Cristina Caamaño en una causa armada por el macrismo

Cristina Caamaño, interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), fue finalmente sobreseída en una causa iniciada por supuestos ex espías en la que denunciaban la filtración de sus identidades. Los nombres de los espías aparecían en un libro de actas de la AFI del período 2016-2018 que Caamaño envió a los tribunales de Lomas de Zamora en el marco de una de las causas por espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri. Al enviar la información Caamaño especificó que no debía permitirse su divulgación, pero varios portales publicaron las planillas sin testar. Los autores de esta nota fueron denunciados (y también sobreseídos) en la misma causa junto con director de El Destape, Roberto Navarro, por publicar información basada en esas planillas pero sin comprometer la identidad de ningún agente y preservando información sensible.

El sobreseimiento de Caamaño lo decretó la jueza Maria Romilda Servini. El fiscal del caso es Eduardo Taiano, que desde el inicio impulsó la investigación tanto contra Caamaño como contra los periodistas de El Destape. Servini también sobreseyó a los fiscales federales de Lomas Zamora que estaban a cargo de la investigación en la que se utilizó el material divulgado, Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide. Y al juez que tuvo el caso, Juan Pablo Augé. Es decir, consieró que ninguno de ellos cometió algún delito.

El caso fue así: los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide tenían a su cargo la investigación en torno a Alan Ruiz y su banda de espías nucleados en el grupo de WhatsApp denominado “Super Mario Bross”. Los fiscales buscaron reconstruir la estructura de mando y toma de decisiones de la AFI y para eso le pidieron a Caamaño el libro de actas de la agencia. Allí se registraban las decisiones administrativas que tomaban los jefes de la AFI macrista, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. Como se trataba de un requerimiento judicial, la interventora Caamaño lo envió, pero con la aclaración de que “se arbitren las medidas necesarias para que la compulsa que, llegado el caso, se realice sea personal y en la sede judicial donde aquella se encuentra debiéndose utilizar solo a los fines jurisdiccionales que demande el proceso penal”. Incluso señaló que “deberá dejarse constancia en un acta labrada al efecto, en la que también se asentará que se ha hecho saber a la parte que pretenda acceder al conocimiento de la información y documentación que a partir de ese momento quedará sujeta a las previsiones contenidas en los artículos 17 de la Ley N° 25.520 y 222 y/o 223 del Código Penal de la Nación, según corresponda”.

Caamaño fue citada a indagatoria por la jueza Servini. Presentó un escrito donde reiteró que había dado “precisas indicaciones” respecto al contenido de las actas, y que “si los funcionarios de Lomas de Zamora se hubiesen apegado estrictamente a ellas, nadie hubiese tenido disponible una copia digitalizada del libro de actas que fue el formato en el que apareció publicado. De ello se deduce que fue esta omisión y no otra la que posibilitó la filtración y el hecho de haber sido totalmente ajena a ella, obstaculiza cualquier intención de imputarme objetivamente el resultado aquí investigado”. No obstante, este lunes Servini consideró que los fiscales tampoco cometieron ningún acto irregular.

La causa contra Caamaño tuvo amplia cobertura mediática. La razón es sencilla: su intervención en la AFI no solo aportó a expedientes información solicitada por los jueces que llevaron adelante investigaciones sobre el plan sistemático de espionaje ilegal durante la era Macri, sino que también inició varias causas en base a documentos hallados en esos sótanos de la democracia. La gestión Caamaño cortó la cadena de la felicidad que unía a la sede de la vieja SIDE con Comodoro Py y otros juzgados, cuyos anillos superpuestos incluían lobby y dinero. Y transparentó por primera vez en la historia el presupuesto de la casa de los espías (durante el gobierno de CFK se había ordenado el fin de la utilización de los fondos reservados en la exSIDE pero el intento terminó truncado con ascenso de Macri que volvió de cubrir de oscurantismo el manejo de dinero para inteligencia). Esta causa, en la que fue sobreseída, fue uno de los vueltos contra Caamaño. También contra los fiscales que investigaban el espionaje macrista.

La información en cuestión era el libro de actas 2016-2018 de la AFI, donde quedaron registradas las resoluciones con todas las decisiones que se iban tomando día a día bajo la gestión de Arribas y Majdalani. De allí se podría reconstruir la reestructuración del organismo y los nombres que hoy, a raíz de las pesquisas judiciales, aparecen en las maniobras de espionaje ilegal. Pero no sólo eso.

Las actas de la AFI, que se sumaron como elemento de prueba en la causa de espionaje que tramita en Lomas de Zamora, detallaban:

• El crecimiento exponencial de áreas que fueron clave para desatar el Lawfare en la era Macri, como la Dirección de Asuntos Jurídicos.
• Cómo se creó una oficina de escuchas paralela.
• Las altas de nuevos agentes, muchos de los cuales luego se harían conocidos por su membresía en el grupo de los Super Mario Bros. Hasta aparecía el hijo del fiscal Carlos Stornelli como espía.
• Las bajas de los que dejaron la exSIDE por renuncia o jubilación.
• La llegada de becarios que cumplieron funciones por 4 meses y hasta contrataciones ad honorem.
• Los continuos viajes al exterior de Dario Biorci, cuñado de Majdalani, y de otros jerárquicos de la casa de espías vinculados a Horacio Rodríguez Larreta como Carlos Alberto Tonelli Banfi.
• La creación de delegaciones en distintos puntos del país.
• El relevamiento del secreto para que espías como Horacio Stiuso puedan declarar en diversas causas.
• Los manejos de empresas fantasmas.

En síntesis: las actas condensan la vida interna de la AFI macrista. Y dicen mucho.

Contra los periodistas

Los autores de esta nota fueron denunciados en el mismo expediente junto con el director de El Destape, Roberto Navarro, por publicar información de esas actas de la AFI. En ese caso, la denuncia fue realizada por los diputados macristas Waldo Wolff (que por entonces presidía la Comisión de Libertad de Expresión), Fernando Iglesias, Álvaro de Lamadrid y Jorge Enríquez.

La noticia de esta denuncia la dio Clarín, que ofició de vocero de un ataque a El Destape con el objetivo de voltear la causa por espionaje ilegal donde se acumulaban pruebas que apuntaban directo a Mauricio Macri.

Como ya explicó este medio, accedió a un libro de actas de la AFI, lo analizó y publicó una serie de notas en base a la información que contienen esos documentos. La fuente de esos documentos se preserva, como corresponde. En ninguna nota se publicaron datos que revelaran la identidad de ningún agente ni convenios con organismos de inteligencia extranjeros. Las pocas imágenes que se seleccionaron y publicaron fueron intervenidas con tachaduras para preservar información sensible. 

Wolff luego dijo que nunca denunció a los periodistas de este medio. “En ningún lugar de la denuncia habla de denunciar a nadie más”, dijo Wolff, y agregó: “No hay periodistas denunciados”. Era mentira. La denuncia dice textual: “Corresponde analizar la responsabilidad de los periodistas y las autoridades de dicho medio de comunicación, por otorgar difusión pública a datos a los que accedieron en función de su profesión y cuyo secreto tenían obligación de guardar”.

El pedido de que se analice “la responsabilidad de los periodistas y autoridades de dicho medio de comunicación” aparece a párrafo siguiente de que Wolff y sus secuaces enumeren las notas de El Destape y las cataloguen como delitos. Piden las sanciones de los artículos 222 y/o 223 del Código Penal, que están en el capítulo de Delitos contra la Seguridad de la Nación, y que prevén de 1 a 6 años de prisión.

No es la única parte donde denuncia a este medio y sus periodistas.

Como en cualquier denuncia, el escrito presentado por Wolff en Comodoro Py propone las calificaciones jurídicas de los delitos que incrimina. Y allí vuelve a incluir a los periodistas y al dueño de El Destape. Dedica varios párrafos a señalar supuestos delitos de la interventora Caamaño y luego remata: “También actuaron con plena voluntad los periodistas Mizrahi, Lijalad y Navarro que, habiendo accedido a documentación e información cuyo carácter secreto resultaba evidente, la publicaron y pusieron a libre disposición del público en Internet”.

Además de engañar cuando afirmó que no denunció a periodistas, Wolff mintió dentro de la denuncia.

Nunca se puso el libro de Actas de la AFI a “libre disposición del público en Internet”. De eso se ocuparon Clarín y otros medios -tal como da cuenta la propia denuncia- que no fueron denunciados por el macrismo, una muestra evidente de la persecución ideológica contra El Destape y sus periodistas.

Pero Wolff incluso inventó pruebas.

En la página 35 de la denuncia Wolff afirma que El Destape primero publicó actas de la AFI “sin testar” en un link que luego fue retirado y cambiado por otro donde sí aparecían esos documentos con tachaduras. Y denunció también que esto lo habían remarcado los fiscales Incardona y Eyherabide cuando solicitaron que se retire esa documentación del sistema de acceso de todos los abogados en la causa por espionaje ilegal. Las dos afirmaciones son falsas.

Wolff inventó el link donde supuestamente El Destape publicó las actas de la AFI sin testar. Dice que es el link https://www.eldestapeweb.com/politica/exclusivo-las-actas-secretas-de-la-afi-que-revelan-como-se-armo-el-espionaje-ilegal-en-la-era-macri- 20209191859. Pero además dijo que “el link consta en la presentación que los Fiscales realizaron ante el Juez para que retire la documentación del sistema informático del Poder Judicial”. La presentación de los fiscales lo desmiente. En ese documento figura el link real de la nota sobre las Actas de la AFI: https://www.eldestapeweb.com/politica/exclusivo-las-actas-secretas-de-la-afi-que-revelan-como-se-armo-el-espionaje-ilegal-en-la-era-macri-202091918590. La diferencia es un cero al final. Pero es grande: en la nota de El Destape nunca se mostró información sensible.