Un peritaje certificó que fiscales de JxC en las elecciones de 2019 recibieron un bono que entregaba la Secretaría de Empleo

Un peritaje oficial dio como resultado que en la provincia de Formosa casi la mita de los fiscales de Juntos por el Cambio en las elecciones presidenciales de 2019 fueron beneficiarias de un bono de 5 mil pesos que entregaba la secretaría de Empleo, entonces bajo la órbita de Dante Sica a cargo del Ministerio de Producción y Trabajo.

Los avances en la investigación los dio a conocer el periodista de Ámbito Financiero, Mariano Martín, a raíz de una investigación que el diario había iniciado en 2019. 

El expediente abierto investiga la utilización por parte del gobierno de Mauricio Macri de la resolución 1177/2019 de la Secretaría de Empleo, que implementó el despliegue en todo el país de 130 mil bonos de $ 5000 que, según la letra del decreto, estaban orientados a desempleados con un presupuesto total de 650 millones de pesos.

Según relató el periodista, la administración de Macri nunca dio a conocer el beneficio, ni lo publicó en el Boletín Oficial. La investigación, que fue iniciada en septiembre de 2019, tuvo un avance en los últimos días cuando la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal realizó un peritaje y -según relata Martín- "corroboró y amplió la tesis del denunciante de Formosa: casi la mitad de los fiscales de JXC que participaron en la elección general (243 sobre 503) figuraba como beneficiario del bono de $ 5000. La proporción se eleva a 63% si se toma el número de autoridades de mesa partidarias que participaron tanto en las primarias (PASO) del 11 de agosto de ese año como en las definitorias del 27 de octubre".

Actualmente, la causa tiene como imputados a los exministros de Cambiemos Sica y Ricardo Buryaile (en este caso por su rol como candidato en Formosa y beneficiario político de la distribución de los bonos en ese distrito); al exsecretario de Empleo Fernando Prémoli (firmante de la resolución 1117 que dio origen al programa de asistencia); al intendente de San Antonio de Areco, Francisco Ratto y a Juan María Cravero, excandidato a jefe comunal de Roque Pérez. Mientras que por la denuncia de Formosa fueron acusados, junto a Buryaile, el delegado de la Agencia Territorial de la Secretaría de Trabajo de la Nación, Germán Villalba, la delegada del Ministerio de Desarrollo Social Irina Zárate, el delegado de Anses Diego Herrera y el concejal Miguel Montoya.