Lejos de terminar, la interna radical bonaerense sigue caliente a una semana de haber disputado las elecciones que consagraron como ganador al oficialismo partidario en la provincia. Los apoderados de Gustavo Posse, por parte del bando retador, presentaron un pedido para que la Justicia intervenga la Junta Electoral de la UCR para el recuento definitivo de los votos. El resultado del domingo 21 de marzo fue muy ajustado y la distancia entre unos y otros mutó con el correr de las horas, de más holgada a más tirante, y la “renovación” del espacio centenario confía en acortarla aún más con los números finales en mano. Los oficialistas, con Maximiliano Abad como cabeza de lista, no se mostraron sorprendidos por esa diferencia ya que desde el minuto uno confiaron en comicios reñidos, con una victoria más sólida en el interior y una más compleja en el conurbano bonaerense.
Desde el oficialismo que tiene el apoyo del diputado Mario Negri, el gobernador Gerardo Morales, el presidente del partido bonaerense, Daniel Salvador, y el aparato de Cambiemos, aseguraron que el escrutinio provisorio está firme por una resolución de la Junta Electoral de la UCR provincial y los da como ganadores. Pero los retadores, con figuras como Martín Lousteau, Emiliano Yacobitti y Enrique Coti Nosiglia, presentaron una demanda contra los titulares de ese organismo por “la comisión de actos que podrían constituir delitos de acción pública” y solicitaron su intervención. Días después, por la supuesta parcialidad y arbitrariedad del ente, los apoderados pidieron celeridad para resolver la solicitud inicial.
Según el escrutinio provisorio publicado con el membrete de la Junta Electoral, la lista Adelante Buenos Aires, de Abad, cosechó 60.097 votos frente a los 56.431 de Protagonismo Radical, de Posse. Una diferencia de 3.666 voluntades. Un resultado muy ajustado que los retadores aspiran a achicar y los oficialistas quieren estirar. Posse se desentendió, al menos en sus canales de comunicación, de la disputa por los números y se concentró en la gestión del municipio de San Isidro. En la última publicación que hizo sólo pidió cuidar los votos y ser cautelosos hasta tener la información final.
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Por el lado de Abad la cuestión está más tranquila. Confían en que ganaron la elección y que sucedió lo esperable: un comicio fuerte en el interior y más jugado en el conurbano. El último mensaje del marplatense sobre este tema fue el 22 de marzo, el día en que se comunicó su victoria. Dijo que “empieza una nueva etapa. Sólo queda agradecer infinitamente a los más de 100 mil afiliados que participaron, a los fiscales y a toda la militancia. Ahora nos toca construir una alternativa política que ponga a la provincia y a la Argentina en el camino correcto”
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Los pedidos de intervención
El primer escrito del bando retador llegó a manos del Poder Judicial el 26 de marzo, cinco días después de los comicios, y el segundo lo hizo este lunes. En la presentación inicial argumentaron la falta y el ocultamiento de la información a los miembros de la minoría de la Junta y los apoderados de la lista de Posse y se solicitó la intervención ante “la manifiesta arbitrariedad”. Sostuvieron que luego del pedido, el organismo imprimió celeridad a sus actos para lograr el escrutinio definitivo antes de que la Justicia actúe.
Los apoderados de Protagonismo Radical, el espacio retador, sostuvieron que los miembros de la mayoría actuaron con “torpeza e impunidad absoluta”, olvidando su deber de imparcialidad “violentando garantías constitucionales básicas” del espacio y de los 115 mil afiliados que el 21 de marzo concurrieron a las urnas para participar de la elección. Esa actitud, sostuvieron, se vio reflejada en un comunicado publicado en la web de la UCR provincial donde se aseguró tener información del 100% de las mesas, con números de votantes y porcentajes de resultados, un comunicado que “contiene datos falsos” porque no fue la Junta Electoral la que los emitió dado que “no existió una reunión” del organismo, “mucho menos cuando miembros de la minoría no fueron informados a la fecha cuáles fueron los datos provisorios”.
Para los retadores, los datos “oficiales” comunicados no surgieron del organismo provincial sino de un Google Drive donde las Juntas Locales cargaron los datos el 21 y 22 de marzo. “Ese supuesto Drive no fue aprobado por Resolución de la Junta. Ni siquiera utilizaron la mayoría automática para imponerlo”, dijeron en el primer escrito presentado ante la Justicia y denunciaron que los distritos cargaron datos de forma parcial, “sin control, sin saber quién los cargó” a favor del espacio de Abad.
En un pormenorizado análisis, aseguraron que la Junta convocó a tratar el procesamiento y la actualización de los resultados provisorios el 26 de marzo, por lo que, entendieron, “mal pudo haber realizado el comunicado del 22 de marzo” en el que se dio por ganadora a la lista de Abad. Sin esos resultados, las fuerzas participantes del acto eleccionario no podrían haber hecho ningún tipo de observación ante incongruencias. Y denunciaron que los integrantes de la minoría de la Junta fueron violentados y los obligaron a retirarse de la reunión.
“No existía hasta ese momento, ni existe a la fecha escrutinio provisorio que se notificara a las partes y por ende no pudo haber observaciones a un escrutinio provisorio inexistente”, sostuvieron los demandantes en el escrito que ayer llegó a la Justicia. A pesar de ello, dijeron, se realizó una nueva reunión de forma virtual en la que se analizaron 30 observaciones , se redactó la resolución y se notificó, algo que calificaron como un “disparate” porque no existían datos sobre los cuales realizar dichas observaciones.
El 28 de marzo la lista retadora apeló esa resolución e impugnó “el supuesto escrutinio provisorio” publicado en la página del partido y pidió que la Junta se abstenga de continuar con el proceso dado que ya había un pedido de intervención judicial. De todos modos, aseguraron que si el resultado definitivo fuera similar al provisorio “publicado a hurtadillas” y sin notificación a las partes, el sector de Posse sólo mostrará disconformidad respecto a 32 distritos en los que se requerirá el cotejo de los datos oficiales plasmados en las actas.
Según explicaron, la Junta se manejó hacia tres sentidos distintos para favorecer al oficialismo. Por un lado, “imponer por mayorías situaciones que han merecido remedio judicial”, luego dilatar decisiones para impedir que los apoderados retadores remedien las “arbitrariedades” y finalmente, “de manera sistemática y permanente, oculta información”. Por eso, solicitaron la intervención judicial, para hacer “cesar la maniobra, intervenir la Junta Electoral provincial de la UCR e investigar a los funcionarios” que la presiden y pidieron la apertura de ciertas urnas para cotejar los resultados.
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