Un nuevo entredicho -¿el último? ¿el anteúltimo?- ocurrió entre los gobernadores dialoguistas y el Ejecutivo en torno a la ley Omnibus, luego de que se diera como cerrado un acuerdo por la coparticipación del impuesto País que ayudaría a equilibrar los números provinciales y que, luego, desde la cuenta oficial de la Casa Rosada, salieron a desmentir. Fue como resultado de la participación del ministro del Interior, Guillermo Francos, en el encuentro que realizaron ayer por la tarde los gobernadores de Juntos por el Cambio y el peronista cordobés Martín Llaryora. Francos escuchó la propuesta de coparticipar el 30% del tributo que se cobra a la compra de dólares -que se calcula recaudará unos 6 mil millones de dólares este año- y lo dio como probable si avalaban la lista de privatizaciones. Los mandatarios y representantes de bloques de diputados dialoguistas lo interpretaron como un hecho y salieron a celebrar por anticipado. Un nuevo blooper en la discusión de esta ley.
Si la situación no se resuelve favorablemente, quedará registrado como un otro traspié de parte del ministro Francos, quien pasó por la reunión en la sede de la CFI para apurar un acuerdo que ya acumula varias postergaciones. De hecho, la intención de Javier Milei era que se aprobara el martes pasado, antes del paro y movilización de la CGT. Apenas si consiguieron sacar un accidentado dictamen de mayoría y la sesión se postergó para jueves o viernes. De nuevo sin acuerdo, pasó para este martes. En el interín, ante la continuidad de las diferencias, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció la eliminación del muy discutido capítulo fiscal de la ley Omnibus, que entre otras cosas incluía la suba de retenciones y la eliminación de la fórmula de movilidad de las jubilaciones.
La cuestión fue que, a partir del anuncio, el Ejecutivo no dejó de amenazar con que quienes más padecerían la eliminación de ese capítulo serían las provincias, porque no recibirían ni un peso del Ejecutivo. Hubo gobernadores, como Llaryora, que incluso lamentaron la decisión del Ejecutivo porque consideró que había acuerdo para al menos aprobar parte del paquete fiscal y, de paso, que no le quieran cobrar la factura de la supresión a las provincias. Con ese ánimo llegaron al encuentro por la tarde en la sede del CFI, donde debían limar las diferencias que existían en torno a la propuesta oficial -o lo que queda de ella- en cuestiones como amplitud de las facultades delegadas, pesca, biodiesel y privatizaciones. Con el otro ojo puesto, por supuesto, en las cuentas provinciales.
La eliminación del impuesto a las Ganancias a los trabajadores les generó un problema fiscal a los gobernadores. La Casa Rosada lo quiere solucionar reponiendo Ganancias, pero los mandatarios no están dispuestos a pagar el costo político, por lo que plantean otras soluciones como coparticipar el impuesto al Cheque o el País. Este tributo que se cobra a las operaciones en dólares viene creciendo mes a mes en la recaudación. En la actualidad, al impuesto lo administra el Ejecutivo: el 70% se distribuye entre el Anses y el Pami y el 30% restante se asigna a obras de vivienda e infraestructura. La propuesta es cambiar la administración de ese 30%, para que esté en manos de las provincias. A Francos le pareció una propuesta adecuada siempre y cuando aprobaran el listado de privatizaciones incluido en la ley Omnibus.
El acuerdo se dio como un hecho pero terminó dando lugar a un nuevo malentendido. "Tuvimos una reunión muy positiva con los gobernadores. Nos expresaron voluntad de acuerdo. El gobierno ya dijo que todo lo fiscal lo conversaremos más adelante con todas las provincias y el Congreso. No vamos a discutir temas fiscales en esta ley", sostuvo Francos luego de la desmentida de la cuenta de Presidencia. En la habitual "diplomacia" que mantiene con los bloques dialoguistas, Milei compartió un tuit del dirigente macrista Joaquín de la Torre que opinaba que lo que buscan los diputados del "bloque extorsión" era seguir viviendo del negocio de la política.
Supuestamente, también acordaron con Francos el rato que estuvo -menos de media hora- que del listado de empresas a privatizar se quitaran, además de YPF, el Banco Nación, Arsat y Nucleoelétrica Argentina. La oposición dialoguista pretende que cada privatización se trata de manera individual, pero por ahora no es algo que Milei quiera negociar. De hecho, todo lo conversado con el ministro del Interior se convirtió luego en papel mojado. También persistían diferencias en cuanto a la delegación de facultades -ya se redujo de 11 a siete emergencias- y respecto al destino del FGS del Anses.
En el encuentro estuvieron los gobernadores de Juntos por el Cambio: Leandro Zdero (Chaco), Ignacio Torres (Chubut), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Marcelo Orrego (San Juan), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri. Compartieron mesa con el peronista cordobés Llaryora y, pese a que se había anunciado su posible participación, finalmente no estuvieron Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca), quienes mandaron a sus vicegobernadores. Jaldo ya manifestó su apoyo a la ley y separó a sus tres diputados del bloque de Unión por la Patria.
Tampoco estuvieron los mandatarios de partidos provinciales de Salta, Misiones y Río Negro, a los que también se había mencionado como posibles participantes. Hubo representación legislativa de los bloques del PRO -Diego Santilli-, de la UCR -Rodrigo de Loredo, Soledad Carrizo y Pamela Verasay- y de Hacemos Coalición Federal -Miguel Angel Pichetto, Emilio Monzó y Nicolás Massot-. Este martes, habrá reunión de Labor Parlamentaria en Diputados para terminar de consensuar cómo será la sesión que arrancará el miércoles a las 10, siempre y cuando no haya una nueva suspensión. "Hoy hay un gobierno paralizado que necesita herramientas. De esta reunión se pudieron destrabar un montón de cosas para poder avanzar en los consensos necesarios", aseguró Torres, el gobernador chubutense, Veremos si se verifica.
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