Como era de esperarse, la Justicia federal dejó sin efecto la medida cautelar que había garantizado las clases presenciales en la Ciudad pese al Decreto de Necesidad y Urgencia firmado por el presidente Alberto Fernández para contener los contagios de la segunda ola de coronavirus. De todos modos, Horacio Rodríguez Larreta decidió no acatar. Ahora la Corte Suprema deberá jugar y pronunciarse a favor del Gobierno nacional o del porteño. Si bien el miércoles abrirán las escuelas, en la calle Uspallata miran al máximo tribunal de Justicia y aseguran que aceptarán el DNU si se lo ordenan.
En un comunicado difundido a las diez de la noche, el Gobierno de la Ciudad buscó argumentar que "hasta que la Corte se expida, las escuelas en la Ciudad de Buenos Aires continúan con el dictado de clases presenciales". En un breve texto, ratificaron su postura contraria a un Decreto de Necesidad y Urgencia con estatus de ley.
"Con relación al fallo recientemente dictado por un Juez de Primera Instancia de la Justicia Federal, y ante la opinión jurídica de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que corresponde seguir acatando el fallo dictado por la Cámara de Apelaciones de la Ciudad hasta tanto el conflicto sea resuelto de forma definitiva por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Gobierno de la Ciudad ratifica que las clases continuarán siendo dictadas de forma presencial como hasta el día de hoy", manifestó la administración de Rodríguez Larreta.
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Desde el Gobierno porteño sostuvieron que "la opinión jurídica de los abogados de la Ciudad es que tiene que haber clases" presenciales. Uno de los argumentos u opiniones que circularon en Uspallata fue el del abogado constitucionalista Daniel Sabsay. Para él, el "conflicto positivo de competencia" entre la Justicia federal y local autoriza a magistrados federales a declarar la incompetencia de la Justicia federal como excepción en cualquier estado del proceso pero el juez Esteban Furnari, del Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 2, declaró la incompetencia de la Justicia local y no de la federal.
Por eso, entendió que la cautelar "continúa vigente" dado que ningún juez federal "tiene facultades constitucionales ni procesales para revisarlo, o, peor aún, revocarlo, toda vez que no es un juez de "superior" jerarquía en el marco del sistema federal que nos rige". De este modo, quedarán en desobediencia.
Desde el Gobierno porteño se mostraron enojados con la decisión del Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 2 y aseguraron que se trató del mismo "avasallamiento de la autonomía" que el DNU. Para ellos, el Gobierno nacional quiere legislar sobre facultades delegadas a las provincias y la Ciudad, como la educación, cuando en realidad se trata de un paquete de medidas sanitarias. Sostuvieron que "la Justicia local es quien falla los temas locales, la Legislatura local es quien legisla los temas locales" y pusieron como ejemplo que el Gobierno nacional o un fallo federal no pueden subir el ABL o decidir si se abren o no los colegios, porque "son temas de las provincias".
Apenas conocido el DNU, la administración porteña decidió llevar su intransigencia al máximo tribunal de Justicia para, de este modo, plantarse con el mismo estatus que una provincia pese a no serlo. Cuando el órgano se declaró competente, el jefe de Gobierno logró ese reconocimiento. Más allá de cuál sea la respuesta, consiguió esa comparación que, algunos interpretan, podrían aprovechar para otras circunstancias. La Ciudad debería haber ido al Contencioso Administrativo Federal.
Cerca del mandatario analizan que la Corte no decidirá contra la autonomía de la Ciudad. Un abogado consultado por este medio, en tanto, asegura que esto no tiene que ser así necesariamente pero que sí puede ocurrir que los supremos dilaten los tiempos para evitar pronunciarse sobre el tema durante la vigencia del DNU.
Hay un fallo que contradice a la Ciudad. Desde el Gobierno porteño aseguran que la Corte jamás se expidió contra la autonomía de una provincia, sin embargo el fallo conocido como Carlos Lee dice lo contrario. Se trata de un amparo colectivo contra las medidas adoptadas por el Gobierno de Formosa y data de fines del año pasado. Con medidas provinciales muy restrictivas, el máximo tribunal intervino y pidió garantizar derechos como la circulación para el ingreso y egreso provincial, equiparándolo al de la vida.
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El problema es que en esta decisión se sostuvo que "aun cuando es cierto que no hay derechos absolutos, no menos cierto es que el poder del gobierno para recortarlos de acuerdo con sus necesidades, sean o no de emergencia, es mucho menos que absoluto". Con este precedente, analiza un letrado, podrían llegar a interpretar que combatir el coronavirus no debería interferir con otros derechos como el de ir al colegio o salir a tomar algo, pese a que la mejor arma para evitar contagios es la reducción de la circulación mientras avanza la campaña de vacunación.
Más allá de la novela judicial, los gremios docentes porteños mantienen el paro para cuidar la salud de los trabajadores y alumnos en sintonía con el decreto nacional que aún no fue refrendado por el Congreso de la Nación. El acatamiento de estas dos jornadas fue total, al igual que con la restricción a la nocturnidad en la zona del AMBA.
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