El conglomerado opositor reconoce dos organizaciones que lo sustentan articuladamente: el bloque primario-financiero en el plano económico y el bloque mediático-judicial en el plano discursivo e institucional. Ambos bloques se expresan en el devenir cotidiano de la democracia a través de la alianza Juntos por el Cambio, confluencia de las formaciones partidarias Coalición Cívica, PRO y Unión Cívica Radical, que cumple puntillosamente las acciones ordenadas por el conglomerado de poderes fácticos de la Argentina.
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Desde el año 2008, el capitalismo global ha ingresado en una fase, acelerada por la llegada del coronavirus, en que nada tiene para ofrecer al bienestar de los pueblos. Como ocurrió en períodos históricos anteriores, el ingreso en esta fase provoca dos efectos: se agudizan los conflictos entre las grandes potencias en la lucha por esferas de influencia y se vulnera la democracia para asegurar el control social en un marco de alta conflictividad de clases.
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Argentina no es la excepción. Desde esta columna señalamos en más de una oportunidad cómo a la elite oligárquica le urge apropiarse del manejo del Estado para ordenar la economía y la sociedad en función de la etapa posterior al virus y preservar sus privilegios.
La eyección de Macri de la Casa Rosada en la primera vuelta electoral de 2019, por la decisión soberana de 13 millones de ciudadanos y ciudadanas, ha instalado rencor hacia el pueblo en las clases dominantes, las que disimulan cada vez menos su histórica pulsión antidemocrática.
Juntos por el Cambio actúa como expresión de superficie de ese rencor y también del anhelo de hacerse cargo del Estado lo antes posible, lo que conlleva a cierta abominación por el resultado de las urnas.
Durante los gobiernos de Néstor y Cristina se edificó un nuevo tipo de Estado de Bienestar protegiendo con un ingreso a los extremos vulnerables de la pirámide etaria de la población: los adultos mayores y los niños y adolescentes. La ampliación de la cobertura previsional y del salario familiar a quienes habían sido expulsados de la economía formal por las políticas de libre-mercado y desindustrialización, constituyó uno de los actos de justicia social más relevantes desde el primer peronismo.
En el presente, después de cuatro años de macrismo y uno de pandemia, la cobertura alimentaria debió expandirse en forma indeseada para evitar el hambre en millones de compatriotas. La suba de la canasta básica alimentaria un 45% el año pasado, inconsistente con una contracción de la economía del -9,9%, disparó esta urgente asistencia.
Los monopolios de producción y comercialización de alimentos destrozan los ingresos populares con sus precios y extorsionan al Estado para que cubra la diferencia si quiere impedir la hambruna. La oposición política al servicio de esos monopolios estigmatiza a los argentinos y argentinas asistidos e indefensos.
La presión inflacionaria, la exportación de alimentos sin abastecer el mercado interno y la agresión a los humildes son pinzas contra un Gobierno que combate para asegurar la protección sanitaria y alimentaria del pueblo en una pandemia inédita, contando como herramienta a un Estado endeudado y con su inversión social arruinada por el macrismo.
Algunas frases oídas:
- “Soy del interior bonaerense productivo”
- “Me piden trabajar en negro para no perder los planes”
- “Quienes cobran un plan social no debieran votar”
Las tres frases involucran el desprecio por las zonas industriales de las áreas metropolitanas, trabajar a cambio de cualquier salario y el voto calificado. Estos simples dichos involucran un cuerpo de ideas que moldea un proyecto de país hacia donde el bloque dominante pretende llevarnos.
La desaparición del país industrial convierte al desempleo elevado en estructural y el salario se desploma por la oferta masiva. Por último, se consolida esta clase trabajadora subordinada quitándole derechos políticos a cambio de una magra protección social.
La reivindicación del policía Luis Chocobar, que asesinó por la espalda de un ladrón desarmado, exterioriza la necesidad de galvanizar una fuerza represiva que asegure el orden que se pretende implantar. El modelo Colombia.
El Presidente es un hombre de la democracia que utiliza el diálogo como medio de arribar a decisiones consensuadas, que contienen la moderación surgida de la racionalidad propia de un profesor universitario que ama su ejercicio académico y docente. Argentina no había tenido en la más alta magistratura a una figura de estas características, experiencia muy positiva para nuestra democracia.
A nuestro Presidente le toca enfrentar una oposición violenta y antidemocrática que expresa una elite ansiosa por dominar el país. Y lo hace desde sus convicciones y sus formas.
En diciembre del 2019, en La Matanza, al asumir la Intendencia Fernando Espinoza, ante la multitud que desbordaba la plaza de San Justo, Cristina le solicitó al Presidente que apelara a ese pueblo entusiasta y comprometido cuando debiera adoptar decisiones que enfrentaran a las clases dominantes. Ese pueblo siempre iba a estar dando el presente.
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