El comienzo de la semana hábil llega acompañado del reinicio de las negociaciones por la ley ómnibus, el acuerdo fiscal y la construcción de un camino de diálogo para intentar arribar al pacto de mayo. A la reunión del gobierno con mandatarios provinciales, el jueves, se le sumará la actividad parlamentaria que, según informó Oscar Zago, referente libertario en Diputados, no pasará de esta semana con el ingreso del achurado proyecto Bases.
Se espera que antes del viernes ingrese oficialmente el nuevo texto fundacional de la gestión de Javier Milei, cuyos borradores ya se entregaron a gobernadores y jefes de bloque para negociarlo en la previa y evitar una nueva derrota. Los jefes provinciales aparecieron como un actor fundamental para esta tarea, ya que la ley Bases está íntimamente ligada al financiamiento de sus distritos, conversado en el pacto fiscal.
En Diputados, los bloques dialoguistas se encontraron con el gobierno en las últimas semanas para encarar ese debate, pero no será sencillo. Una fuente amigable con el gobierno describió la complejidad que presentan los ex socios de Juntos por el Cambio, puntualmente los agrupados en la UCR y el espacio comandado por Miguel Ángel Pichetto: pura dispersión.
Hacemos Coalición Federal está integrado por varios bloques diferentes en uno solo, impidiendo el asegurar los 23 votos favorables ante cualquier iniciativa. Y el radicalismo consolidó su división interna con cerca de veinte diputados por un lado y otros doce, del sector de Martín Lousteau/Emiliano Yacobitti y del espectro de Facundo Manes, por otro. Estos últimos son los que podrían no acompañar ni la ley ni el DNU.
El macrismo, por el contrario, tiene la intención de mostrar un comportamiento uniforme, una vez más. Los tres espacios dialogan entre sí para, como cuando se negoció la ley ómnibus, aportar al proyecto en conjunto y aportar cierto número voluminoso que sirva al gobierno. Las diferencias internas de la UCR y HCF complican un poco la garantía de voluntades.
Una fuente radical muy activa durante el tratamiento de la ley ómnibus volvió a mirar con cierta desconfianza todo el procedimiento. Según analizó, el Ejecutivo quiere, una vez más, avanzar a libro cerrado “y eso no va a pasar”. Privatizaciones y reforma del Estado, dos puntos controversiales para el partido centenario.
La intención del oficialismo pareciera ser la de acordar con los gobernadores, extorsionando con la entrega de fondos para financiar sus distritos, con el objetivo de que los mandatarios provinciales les aporten las voluntades en el Congreso. "El objetivo es llegar al recinto con un 90% de acuerdos", anticipó Oscar Zago.
El problema, analizó la misma fuente, es que el gobierno no pareciera haber mejorado el diálogo con las provincias. Por eso, los jefes del interior quieren esperar al encuentro con Guillermo Francos después de que Javier Milei los haya agredido nuevamente y después de que pusieran en duda la entrega de fondos para las cajas jubilatorias. De no haber acuerdo, todo el proceso legislativo podría complicarse.
Más allá de eso, a diferencia de lo ocurrido durante el verano, se reconoció un cambio más ligado al diálogo. Una fuente del macrismo también vio una transformación en su actitud. El PRO mantuvo un par de reuniones en Casa Rosada y, lejos de lo que sucedió con la ley ómnibus, se encontró con interlocutores válidos. El enviado y jefe del espacio en la Cámara Baja, Cristian Ritondo, se reunió con Guillermo Francos, ministro del Interior, dos veces en las últimas tres semanas con el objetivo de pulir la negociación.
Ante el fracaso de febrero, Ritondo y otros diputados amarillos tuvieron enfrente a los personajes que tenían que estar. Las dos máximas autoridades de jefatura de Gabinete, de Interior y de Economía. Las personas que realmente opinan y pueden accionar ante los puntos de choque con los dialoguistas.
Esto no sólo les transmitió la idea de mayor seriedad sino, además, la sensación de que el Ejecutivo realmente necesita la ley y quiere que, esta vez, salga. El PRO, con muchas intenciones de colaborar y en diálogo permanente con sus ex socios de Juntos por el Cambio, estableció algunos pedidos para intentar garantizar votos.
Básicamente, le pidieron dos cosas al gobierno. Por un lado, si el plan es restituir el impuesto a las Ganancias, que se suba el mínimo no imponible por la suba de la inflación. A diferencia de lo que transmitió Guillermo Francos, el corte debería estar, para una persona soltera, en 1.500.000 o 1.800.000, con los servidores públicos exceptuados, esto es fuerzas de seguridad, fuerzas armadas, docentes, médicos, etcétera.
El Ejecutivo planteó una base un poco más baja. Según adelantó Francos en Continental, se enviará un proyecto al Congreso que “no sólo va a tener Ganancias, también tiene el blanqueo y la moratoria. Incluye también el impuesto a los ingresos personales con escalas que antes no existían. El monto mínimo va a depender de en qué momento se envíe el proyecto, seguramente esté entre el 1.200.000 y 1.500.000”.
El segundo punto pedido por el PRO, que ya se hizo público, es la incorporación de la reforma laboral. Según explicó una fuente del macrismo, la “modernización” incluida en el DNU y frenada por la Justicia fue presentada como un proyecto del bloque y planteada como una prioridad ante el Gobierno. Ya sea dentro de la ley ómnibus recortada o como proyecto aparte pero debatible en el corto plazo.
Las conversaciones deberán acelerarse si el Ejecutivo quiere tener el texto aprobado antes del pacto de mayo. Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados, lanzó un cronograma bastante aprobado. Para él, el texto debería llegar al recinto en la semana del 14 o del 21 de abril, dejando menos de dos o tres semanas para el debate en comisión.
Ese calendario contempla el tiempo que podría llevarle, al Senado, el tratamiento de lo que esperan sea la media sanción, dándole un mes para llegar al 25 de mayo con el proyecto aprobado.
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